Comunicado de la defensa del coronel retirado del Ejército Nacional LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA

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COMUNICADO DE PRENSA La defensa del coronel
retirado del Ejército Nacional LUIS ALFONSO
PLAZAS VEGA, hace saber a la opinión pública lo
siguiente En las noticias virtuales del diario
El Espectador en la tarde de ayer y en la mañana
de hoy aparece una información en la sección
judicial que establece que Agentes del CTI de
la Fiscalía General de la Nación adelantaron en
el cementerio Jardines de Paz, en el norte de
Bogotá, la exhumación de tres cuerpos en el marco
de la investigación que se adelanta por los
desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia
registrada el 6 y 7 de noviembre de 1985 Hasta
ahí la información es perfectamente normal. Pero
dos párrafos adelante, afirma El abogado
Germán Romero, quien defiende los intereses de la
parte civil, aseguró que el comandante de la
Brigada XIII, general Jesús Armando Arias
Cabrales y el comandante de la Escuela de
Caballería, coronel Luis Alfonso Plazas Vega
ordenaron en su momento sepultar estos cuerpos en
una fosa común del cementerio del sur de Bogotá,
impidiendo el procesos científico y
forense Este párrafo contiene graves mentiras,
del abogado Germán Romero, según lo establece
con precisión el diario. Pues en ningún momento
el general Arias Cabrales ni el coronel Plazas
Vega, dispusieron tarea alguna con relación a los
cadáveres de los caídos en el acto terrorista de
tan luctuosa fecha. Ni tenían las facultados, ni
lo hicieron. Por otra parte, el abogado Romero
comente el delito de calumnia, al afirmar que los
oficiales ordenaron la inhumación de los cuerpos
con el propósito de impedir el proceso científico
y forense. El abogado Romero debe rectificar su
afirmación, a través del diario El
Espectador. Está plenamente documentado en el
proceso penal, que los cuerpos que fueron
sepultados en fosa común del cementerio del sur,
fueron trasladados por disposición del Juez 78 de
Instrucción Penal Militar, adscrito a la Policía
Nacional, doctor Carlos Darío Morales Álvarez,
quien la comunicó al Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, cuyo Director era para la
fecha el
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doctor Egon Lichtenberger, persona que así lo
declaró en el proceso, bajo la gravedad del
juramento. Existía el temor a que los terroristas
del M-19 intentaran, como amenazaron hacerlo a
través de llamadas telefónicas, asaltar el
instituto para robarse los cadáveres de sus
compinches. Dicen así algunos apartes de la
declaración del mencionado facultativo, en su
declaración del 13 de marzo de 1987, ante el Juez
Treinta de Instrucción Criminal ambulante, doctor
Alfonso Triana Rincón, actualmente en el proceso
4119 del Juzgado Segundo Penal Especializado,
cuaderno 95 folios 38 y siguientes Se
hicieron cuatro envíos de cadáveres del Palacio
de Justicia a fosa común así Primer envío en
noviembre 9 de 1985Segundo envío noviembre 20
del 85Tercer envío noviembre 23 del 85Cuarto
envío noviembre 30 del 85 (Nota del juzgado los
anteriores datos fueron tomados por el declarante
de copia al carbón del memorando fechado en esta
ciudad el trece de marzo de 1987, suscrito por el
doctor EGON LICHTENBERGER en donde se relacionan
todos estos cadáveres según datos suministrados
por la Sección de Identificación del Instituto de
medicina Legal, el cual se anexa a las
diligencias) Más adelante aclara el doctor
Lichtenberger me consta que existía el rumor
de posibles actos violentos por los cuales había
un notable refuerzo de agentes de Policía El
Instituto simplemente se limitó a cumplir una
orden judicial En el desplazamiento de los
cuerpos hasta el cementerio del sur, tampoco
están involucrados miembros del Ejército
Nacional. Correspondió a la Policía Nacional,
cuyo Director de Criminalística era el Mayor
Gustavo Socha Salamanca, según lo establece con
claridad el Tribunal Especial de Instrucción
Criminal en su informe del 31 de mayo de 1986 a
la Corte Suprema de Justicia. Específicamente
los cadáveres fueron trasladados bajo el control
del sargento Segundo de la Policía Nacional Aarón
Alarcón Sepúlveda, como está establecido en los
documentos del proceso. Dice así el oficio 1342
JUPEM-78 del 9 de noviembre de 1985
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Sírvase señor Receptor de Cadáveres entregar al
Sr. SS AARON ALARCON SEPULVEDA, portador del
presente, los certificados de defunción que a
continuación se relacionan(luego de la relación
viene la firma) Carlos Darío Morales Álvarez,
Juez 78 de IPM Todo lo anterior demuestra una
grave irresponsabilidad del abogado Romero y su
interés de ocasionar daño a los oficiales
mencionados en la nota de El Espectador.   Atent
amente   JAIME GRANADOS PEÑA