NORMATIVA

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Seguimiento al Cumplimiento del Estado
Peruano de la Convención Interamericana contra la
Corrupción Washington, julio de 2004
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Normativa de Transparencia Pública, Lucha
Anticorrupción y Participación Ciudadana

• Ley N 27815 - Ley de Código de Ética de la
  Función Pública.
• Ley N 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a
  la Información Pública y su Reglamento, Decreto
  Supremo 072-2003-PCM.-
• Ley de Gestión de Intereses en la Administración
  Pública - Ley Nº 28024.- Ley N 28056
• - Ley Marco del Presupuesto Participativo.- Ley
  Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público, del 19
  de febrero de 2004.-

3
Proetica_PCG-GRT240G

• Ley Nº 28094 - Ley de Partidos Políticos.
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
  Ley Nº 27783
• Ley de Bases de la Descentralización.- Ley Nº
  27658
• Ley Marco de la Modernización de la Gestión del
  Estado.- Ley Nº 28267.- Normas Técnicas 700-01
  (Integridad y Valores Éticos) y 700-02
  (Responsabilidad) . Ley Nº 26300 Ley de
  Derechos de Control y Participación Ciudadanos.-

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Medidas Estatales Balance y Comentarios

• Acuerdo Nacional Suscrito en marzo de 2002 por
  las fuerzas políticas presentes en el Congreso,
  la sociedad civil, las instituciones religiosas y
  el Gobierno, este instrumento tiene como
  propósito fundamental servir de base para la
  formulación de políticas de Estado duraderas que
  permitan la consolidación de la gobernabilidad
  democrática, el estado de Derecho, la afirmación
  de la identidad nacional y el diseño de una
  visión compartida del país a futuro. Hoy en día
  son cada vez menos los participantes del acuerdo
  que creen en su utilidad.
• Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y
  Promoción de la Ética y Transparencia en la
  Gestión Pública Instituida en noviembre de 2001
  y re-nombrada en el 2003 como Comisión Nacional
  de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la
  Ética y Transparencia en la Gestión Pública y la
  Sociedad. Nació con la pretensión de fiscalizar
  a todo el aparato público, pero muy pronto quedó
  acéfala (condición que mantiene hasta hoy) y
  quedó sumida en un estado de intrascendencia
  total. En la actualidad, su tenue actuación está
  relacionada con la promoción de la ética y los
  valores, en diversas escuelas y colegios del
  país.

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• Comisión Especial para la Reforma Integral de la
  Administración de Justicia CERIAJUS Creada en
  octubre de 2003 por el Poder Ejecutivo e
  integrada por representantes del Poder Judicial y
  de la sociedad civil. Esta comisión elaboró un
  plan nacional de reforma integral de la
  administración de justicia, el mismo que contiene
  una propuesta que plantea la adopción de 180
  medidas globales de reforma de carácter
  sistémico, las mismas que abordan los temas
  siguientes
• Acceso a la justicia
• Políticas anticorrupción en materia judicial
• Ética y transparencia jurídica
• Modernización de los despachos de jueces y
  fiscales
• Recursos humanos, administración y presupuesto
• Reforma del sistema penal
• Modernización de la normativa en materia de
  tratamiento penitenciario
• A tres meses de haberse entregado este plan, el
  Gobierno ha dado pocas señales efectivas de
  querer implementar las propuestas presentadas.

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• Acuerdo Nacional por la Justicia ANJ Espacio
  de debate nacional creado por el Poder Judicial y
  en el que se convoca a los sectores
  representativos de la sociedad civil para
  discutir propuestas de reforma judiacial. La
  finalidad de este foro es formular las bases para
  el establecimiento de políticas de Estado que se
  orienten a estructurar un sistema de justicia
  independiente, accesible, eficaz, predecible y
  moderno en beneficio del ciudadano. Con este
  propósito han sido realizadas múltiples
  audiencias y reuniones en diversas zonas del país
  para recoger la problemática judicial de cada
  región.
• En abril de este año, se publicó el informe
  final de este grupo, el cual recomienda reformas
  relacionadas con el acceso a la justicia, el
  presupuesto judicial, la descentralización del
  Poder Judicial, la lucha contra la corrupción, la
  modernización de diversas áreas del sector
  justicia y el fortalecimiento de la autonomía e
  independencia del Poder Judicial y la formación
  de los jueces y fiscales.
• Al igual que con el CERIAJUS, las propuestas
  formuladas por el ANJ no tienen un impulso real
  de parte del gobierno.

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Qué pasa con la lucha anticorrupción en el Poder
Judicial de nuestro país?

• Si bien el CERIAJUS y El Acuerdo Nacional por la
  Justicia (ANJ) son iniciativas interesantes,
  constituyen esfuerzos desvinculados y hasta
  cierto punto enfrentados mutuamente, pues el
  primero ha sido impulsado por el Presidente de la
  República (Jefe del Poder Ejecutivo) y el segundo
  por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia
  (Jefe del Poder Judicial), quienes no sólo
  coordinan escasamente las políticas en materia de
  lucha contra la corrupción, si no que mantienen
  públicas discrepancias.
• Como resultado de esta desafortunada situación,
  dudamos mucho que las recomendaciones vertidas
  por el ANJ reciban el impulso necesario de parte
  del Gobierno y, por otro lado, consideramos que
  las medidas sugeridas por el CERIAJUS no tendrán
  en la coyuntura por la que actualmente atraviesa
  el Poder Ejecutivo, un plan efectivo de
  implementación.

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• La Comisión de Ética Parlamentaria Creada en
  julio de 2002, esta comisión se encuentra
  encargada de aplicar el Código de Ética
  Parlamentaria, el mismo que establece las normas
  de conducta que deben observar los parlamentarios
  y determina el procedimiento de trámite de
  denuncias así como la aplicación de sanciones que
  debe seguir el Parlamento a los congresistas que
  infrinjan lo dispuesto por dicho código. La
  comisión pretende convertirse en el órgano
  congresal que vigila los temas vinculados a la
  buena práctica parlamentaria, la corrupción, la
  transparencia funcional y los conflictos de
  intereses que pudieran darse en la labor de los
  congresistas.
• Sin embargo, preocupa que
• En dos años, sólo se han tramitado 30 casos.
• Ninguno ha terminado con la imposición de una
  sanción
• La opinión pública duda de la idoneidad de sus
  miembros.

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• El Comité de Ética Judicial
• Tiene como objetivo la observación de la conducta
  de los jueces y la aplicación del Código de Ética
  Judicial.
• Puede actua de oficio o por denuncia de cualquier
  litigante.
• Dada su reciente conformación,la expectativa por
  su desempeño es bastante alta.

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• Transparencia Fiscal de las entidades públicas
• A dos años de promulgada, algunos resultados
• Los Ministerios (Secretarías de Estado) tienen un
  nivel de cumplimiento bastante aceptable (más de
  85)
• Las Municipalidades y los Gobiernos Regionales
  mantienen un nivel de incumplimiento superior al
  90. Esto resulta grave si consideramos que
  existen 1850 Municipios y 25 Gobiernos
  regionales, los que manejan el 25 de todo el
  presupuesto público del Estado.

11

• El Ejercicio del Derecho de Acceso a la
  Información
• Ha posibilitado la obtención de información
  producida y conservada por las entidades
  estatales
• Pero, se han establecido excepciones que son
  preocupantes, basadas en presuntas razones de
  seguridad nacional, seguridad interna.
• Se espera que el gobierno rectifica mediante
  norma expresa estas ambigüedades.

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• Transparencia financiera en partidos y
  organizaciones políticas
• Si bien ha habido un avance las disposiciones
  legales de esta norma contenidas son
  insuficientes.
• La ley establece US54,000 como límite para la
  recepción de fondos para campaña por cada partido
  u organización política cifra realmente
  insuficiente si a decir de muchos expertos, una
  campaña presidencial que pretenda ser exitosa,
  necesita poco más de US8 Millones. Este límite
  bajo e irreal, lejos de transparentar las
  contribuciones que reciben los partidos
  políticos, incentivaría a que éstos reciban
  fondos bajo la mesa.

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• La Carrera Administrativa en el Sector Público
• A cinco meses de haber sido publicada surgen
  algunas críticas
• La exclusión a los miembros de las Fuerzas
  Armadas y de la Policía Nacional,
• El Poder Ejecutivo no ha cumplido con remitir al
  Congreso de la República la Ley del Sistema de
  Remuneraciones del Sector Público, la misma que
  integra el paquete de normas complementarias a la
  reforma de la carrera administrativa

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• La regulación de la ética en la función pública
• Es la primera vez que el Estado peruano eleva a
  rango ded ley los principios éticos, sin embargo
  algunos problemas
• El Poder Ejecutivo no ha publicado el reglamento
  de la ley que debía contener las sanciones a las
  inconductas.
• El código de ética termina siendo una lista de
  principios abstractos y de buenas intenciones.
• El código de Ética no es vinculante, lo que
  significa en la práctica que las autoridades
  públicas no tienen necesariamente la obligación
  de hacerlo cumplir.

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• Adquisiciones y contrataciones públicas
• En la norma recientemente publica merecen
  destacarse los siguientes temas
• No podrán presentarse a los procesos de
  contratación del Estado, empresas conformadas por
  personas o por otras empresas que hayan sido
  sancionadas por faltas administrativas o
  problemas de corrupción.
• Se ha incluido el establecimiento del
  denominado Sistema Electrónico de Adquisiciones y
  Contrataciones del Estado

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• Crítica a la legislación sobre adquisiciones y
  contrataciones públicas
• Oportunidad perdida para desarrollar
  normativamente la cultura de los Pacto de
  Integridad
• Se ha optado por mantener, la inútil exigencia
  de requerir a los postores una declaración jurada
  escrita en la que ofrecen su palabra de no
  sobornar a los funcionarios públicos a cargo del
  proceso. Esta declaración de no soborno no tiene
  ningún efecto práctico,

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• Designación de procuradores anticorrupción para
  delitos cometidos por funcionarios del actual
  régimen
• A tres semanas de haber sido nombrados, el
  gobierno se vio obligado a remover a uno de su
  cargo, tras comprobarse su filiación con el
  partido de gobierno.
• Modificaciones a la Ley Nº 26300, Ley de
  Participación y Control Ciudadano
• Se pretende flexibilizar las acciones de
  iniciativa legislativa, demanda de rendición de
  cuentas, remoción y revocatoria de autoridades
  públicas. Sin embargo, no se está considera la
  revocatoria de congresistas

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Recomendaciones

• Dotar de mayores recursos humanos y económicos a
  las entidades destinadas a investigar la
  corrupción.
• Difundir la Ley de Transparencia y
  Acceso a la Información Pública,
• Aprobación del Reglamento de la Ley del Código de
  Ética de la Función Pública y modificación de
  esta última para hacerla vinculante
• Impulso a las recomendaciones de reforma Judicial
  del Ceriajus y del Acuerdo Nacional por la
  Justicia

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• Contemplar el derecho de revocatoria de la
  ciudadanía respecto de los parlamentarios.
• El Estado debe promover alianzas con las
  organizaciones civiles del país a fin de impulsar
  conjuntamente el desarrollo de la ética pública,
  la transparencia y la rendición de cuentas en las
  entidades etatales.
• Emprender una acción sostenida de prevención de
  la corrupción, con énfasis en lo educativo y en
  la acción que les corresponde a los medios de
  comunicación.
• Mejorar la coordinación entre la prevención, el
  control y el castigo oportuno a la corrupción.
  Desterrar la impunidad..

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• Impulsar y promover la cultura de la integridad a
  través de acuerdos y pactos en el sector privado.
• Fortalecer las procuradorías anticorrupción en
  las regiones del interior del país, dotándolas de
  mayores recursos financieros y mejores cuadros
  técnicos.
• Impulsar la implementación normativa de los
  Pactos de Integridad en la normativa de las
  adquisiciones y las contrataciones públicas.
• Formular un plan integral de lucha
  anticorrupción, involucrando al sector público,
  al privado y a la sociedad civil y crear una
  entidad autónoma e independiente que conduzca la
  implementación de dicho plan, con facultades de
  investigación y denuncia.