LA FUNCIN FISCALIZADORA DE LA CMARA DE DIPUTADOS

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LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
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• En un sistema democrático, de división de
• poderes y de tipo presidencialista como aspira a
• ser el nuestro, es indispensable el papel del
• Parlamento como contrapeso y control al
• Gobierno.
• En nuestro caso, esa función se entrega
• fundamentalmente a la Cámara de Diputados pero
• nuestra Constitución lo hace con desconfianza,
• como todo lo relativo al Poder Legislativo.

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La función fiscalizadora de la Cámara se
establece en el art. 48 de la Constitución y
establece 3 mecanismos

• Por mayoría de los presentes, adoptar acuerdos y
  sugerir observaciones que se transmiten por
  escrito al Presidente y deben responderse, a
  través de un Ministro, en el plazo de 30 días.
• Por cualquier diputado solicitar antecedentes al
  Gobierno con el voto favorable de un tercio de
  los presentes.
• Declarar si han o no lugar las acusaciones que no
  menos de diez ni más de veinte miembros formulen
  en contra de el Presidente, los Ministros de
  Estado, los magistrados de los tribunales
  superiores de justicia y el Contralor, los
  generales y almirantes, los intendentes y
  gobernadores.
• La acusación se aprueba por mayoría de los
  presentes salvo en el caso del Presidente que
  exige mayoría de los diputados en ejercicio. Se
  aprobarse, pasa al Senado que la conoce como
  jurado y declara si el acusado es o no culpable.

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• Eso sería todo
• Tal como están planteadas, estas funciones de
• fiscalización son prácticamente inútiles por las
  siguientes
• razones
• Los acuerdos y observaciones no tienen efecto
• vinculante, y el plazo para responderlos, si no
  se cumple,
• no genera ninguna sanción.
• En la práctica, cumplen sólo una función de hora
  del
• pataleo y para hacer propuestas que, a veces,
  son atendidas.
• Lamentablemente, la gente confunde estos acuerdos
  con
• Decisiones vinculantes y muchas veces eso es
  fuente de
• frustraciones posteriores.

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• La solicitud de antecedentes no tiene ni siquiera
  plazo
• para ser contestada, y además se pide el acuerdo
  de un
• tercio de los presentes cuando lo normal es que
  un
• diputado, por ser tal, tenga derecho a pedir
  información.
• En teoría, un ciudadano debiera también tenerla.
  Por
• suerte, la Contraloría ha considerado que la
  petición de un
• parlamentario, por sí sola, vale, aunque el
  incumplimiento
• no tiene sanción.
• Las acusaciones constitucionales son el mecanismo
  
• mejor regulado pero, en mi opinión, es el menos
  útil para
• generar un contrapeso verdadero y no sólo un
  mecanismo
• extremo, y de última ratio, para actuar cuando ya
  el daño
• está hecho.

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• Las Comisiones Investigadoras existen sólo en el
• reglamento y padecen de muchas insuficiencias
• Hay que tener mayoría para aprobarlas y,
  generalmente, la
• oposición es minoritaria. Su marco de acción está
  limitado a
• los actos de gobierno.
• Quienes concurren no tienen obligaciones respecto
  a la
• veracidad de sus declaraciones, ni siquiera
  declaran bajo
• juramento.
• Los informes no están bien regulados y su interés
  suele estar
• centrado en la investigación más que en las
  conclusiones, lo
• que conlleva prejuzgamiento

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• A esto se suman problemas más generales
• La debilidad de las facultades legislativas,
  unida a la crisis
• general de las instituciones parlamentarias, ha
  hecho de la
• fiscalización la vía fácil para obtener
  figuración, con la
• posterior frustración por la ineficacia de los
  mecanismos
• con que se desarrolla.
• Pese a ser débiles cualitativamente, estas
  facultades son
• ilimitadas en lo cuantitativo, por lo que suelen
  usarse con
• una extensión que les ha restado significación.
• Está subdesarrollada la función de vigilancia de
  la
• aplicación de las leyes y de los programas que de
  ellas se
• desprenden, que debiera ser el fuerte del control
  ejercido
• desde el Congreso. En países como Estados Unidos
  es así
• y se desarrolla a través de la Comisiones
  Permanentes.

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• En el marco de las Reformas Constitucionales, hoy
  se
• buscan acuerdos para fortalecer la función
  fiscalizadora de
• la Cámara.
• Para hacerlo de verdad, hay que responderse
• Nos creemos de verdad que la distribución del
• poder es positiva?
• Creemos en la política?
• Queremos una institucionalidad que permita los
  cambios
• o que los bloquee?

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• La Concertación siempre ha creído que la
  Constitución del
• 80 debilita en extremo el papeldel Congreso.
• En las Reformas Constitucionales del 89, de
  hecho,
• exigimos que se terminara con aberraciones como
  el poder
• del Presidente de disolver la Cámara.
• Los gobiernos de la Concertación han evitado
  utilizar
• posibilidades que consideramos inadecuadas como
• Regular por decreto todo aquello que no es
  materia
• exclusiva de ley.
• Usar las discusiones inmediatas
  discrecionalmente.

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• Sin embargo, la persistencia de un sistema sin
• contrapesos adecuados ha generado una cultura de
• des-institucionalización del control al gobierno
  que no
• es sano.
• Se produce automáticamente un relajo y una baja
  cultura
• de la rendición de cuentas.
• Hoy existe una prensa de oposición, pero el día
  de
• mañana podría ser distinto.
• Este sistema, administrado por un gobierno con
  menor
• vocación democrática, y con una oposición con
  menores
• recursos fácticos, es explosivo.

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• La principal aliada de estas reformas es que hay
• gran incertidumbre acerca de quién va a gobernar.
  
• Eso genera enormes incentivos a buscar
  equilibrios
• y contrapesos.
• Actualmente hay una base de acuerdo
• consistente en

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• Función fiscalizadora corresponde a la Cámara, no
  a sus miembros individualmente.
• Fiscalización debe limitarse a actos de gobierno.
• 1/3 de diputados presentes para requerir
  antecedentes.
• Regulación de comisiones investigadoras en la
• Constitución.
• 1/3 de diputados (en ejercicio?) para
  constituirlas.
• Investigación reservada e informe público.

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• 1/3 de diputados en ejercicio, podrá pedir que
  antecedentes se entreguen al Gobierno, los
  Tribunales, la Contraloría y el Consejo de
  Defensa del Estado.
• Crear interpelación a los ministros con 1/3 de
  diputados en ejercicio.
• Se formulen preguntas vinculadas a su cargo.
• Cada ministro podrá citarse máximo 3 veces al
  año, salvo acuerdo de 2/3 de los diputados en
  ejercicio.
• Es un avance valioso, pero falta

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• Establecer sanciones a la falta de respuesta a
  acuerdos y peticiones de antecedentes.
• Ampliar comisiones investigadoras a todo tema de
  relevancia pública (como sucede en democracias
  avanzadas).
• Que concurrencia a Comisiones sea bajo juramento
  y dé lugar a perjurio.
• Limitar proyectos de acuerdo.

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• Generar sistema de garantías en interpelación a
  Ministros (cuestionario previo, presencia de
  asesores).
• Establecer función de control sectorial de la
  aplicación de la Ley por parte de la Comisiones
  Permanentes.
• Asegurar por ley que actas y votaciones de sala y
  comisiones sean públicas (comenzar por casa),
  igual que ejecución presupuestaria y
  contrataciones sometidas a sistema tipo Dirección
  Pública.

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• La fiscalización tiene su mayor valor en la
  posibilidad de
• hacer circular la información, permitir debates
  fundados,
• proteger a las minorías.
• La preponderancia del control sin sanción,
  dejando el
• control sancionatorio para situaciones extremas,
  es lo más
• efectivo en la sociedad actual, en que ejecutivo
  suele tener
• tanta o más legitimidad democrática que el
  legislativo, en
• Chile y en todas partes.
• Las Comisiones Investigadoras en serio y la
  interpelación a
• los Ministros son un aporte en esa dirección.

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• Se genera así una responsabilidad política
• difusa, que no hace caer a los gobiernos
• (inestabilidad, uso instrumental de la
• fiscalización) salvo en casos extremos, pero sí
• los desgasta en sus áreas débiles y
• les hace pagar costos por sus negligencias,
• insuficiencias y errores.
• Eso genera un verdadera contrapeso, que no
• desestabiliza la democracia sino que la
• fortalece.

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• FIN