Universidad Iberoamericana UNIBE

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• Universidad Iberoamericana (UNIBE)
• La Configuración del Derecho a la Protección de
  Datos Personales en la República Dominicana
• Galina Tapia
• Sub-Directora Escuela de Derecho

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La Configuración del Derecho a la Protección de
Datos Personales en la República Dominicana

• La configuración de la protección de datos
  personales en RD se sitúa en
• La discusión tradicional de la confección del
  derecho a la PDP sobre la base del derecho
  fundamental a la intimidad y
• Si de la estructura apertus clausus de la
  Constitución respecto a los derechos
  constitucionales, se deriva la inclusión y
  aceptación de la PDP como un derecho con rango
  constitucional.

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1. La discusión tradicional de la confección del
derecho a la PDP sobre la base del derecho
fundamental a la intimidad

• El derecho a la intimidad se puede conceptuar
  como la prerrogativa que tiene toda persona a
  proteger y no ser perturbado en su vida privada.
• La Constitución dominicana contempla en su
  artículo 8 una serie de derechos individuales y
  sociales, pero en dicho texto no se encuentra
  recogido de forma expresa el derecho a la
  intimidad.

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• La Constitución dominicana tiene una estructura
  apertus clausus respecto a los derechos
  fundamentales.
• Artículo 10 la enumeración contenida en los
  artículos 8 y 9 no es limitativa, y por
  consiguiente, no excluye otros derechos y deberes
  de igual naturaleza.
• Artículo 3 la República Dominicana reconoce y
  aplica las normas del Derecho Internacional
  general y Americano en la medida que sus poderes
  públicos lo hayan adoptado.

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• RD es signataria de varias disposiciones
  internacionales que consignan el derecho a la
  intimidad
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos
  de 1948
• Convención Americana sobre Derechos Humanos de
  1969
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y
  Políticos de 1966 y
• La Convención sobre los Derechos del Niño de
  1991.

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• El derecho a la intimidad ha superado la
  tradicional concepción de considerarse como el
  derecho a ser dejado en paz, para acoger en su
  ámbito una esfera de protección positiva, que se
  manifiesta en el reconocimiento de determinadas
  facultades para exigir y facilitar un ámbito de
  libertad y el pleno ejercicio de los derechos de
  las personas (Ana Herrán, 2003).
• la doctrina relativa al derecho a la intimidad
  va evolucionando y partiendo de un derecho pasivo
  de primera generación que proclamaba la no
  injerencia en la vida privada del individuo,
  llega a reivindicar un derecho de libertad
  informática o control de los datos personales
  incluidos en un fichero (Concepción Conde, 2005).

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• Los tradicionales derechos fundamentales tienen
  en su origen una configuración preinformática,
  que los pudiera hacer ineficaces para la defensa
  de los ciudadanos en la sociedad de la
  información. En efecto, desde una concepción
  tradicional de los derechos individuales, no es
  posible articular satisfactoriamente el sistema
  de protección de datos personales, ya que
  quedaría reducido a un derecho compensatorio y de
  naturaleza represiva. Y así, la consideración de
  derecho fundamental autónomo asegura un
  fortalecimiento de las garantías
  constitucionales, en tanto que permite la
  aplicación de cuantas medidas se reconocen
  constitucionalmente para la defensa de los
  derechos fundamentales (Ana Herrán, 2003).
• Configuración inequívoca del derecho a la
  protección de datos como una derecho fundamental
  independiente del derecho a la intimidad.

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2. Si de la estructura apertus clausus de la
Constitución respecto a los derechos
constitucionales, se deriva la inclusión y
aceptación de la PDP como un derecho con rango
constitucional.

• Artículo 10 la enumeración contenida en los
  artículos 8 y 9 no es limitativa, y por
  consiguiente, no excluye otros derechos y deberes
  de igual naturaleza.
• Si una disposición legal de la RD recoge el
  derecho PDP, el mismo quedará asimilado, en
  virtud del artículo 10 de la Constitución, como
  un derecho de rango constitucional.

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• Disposiciones legales en RD que contemplan la
  PDP
• Ley no. 183-02, de fecha 20 de noviembre del
  2002, sobre el Sistema Monetario y Financiero de
  la República Dominicana.
• El artículo 56 de esta Ley estipula que el
  sistema de información de riesgo suministrará
  información veraz, precisa y exacta de los datos
  de los deudores. Establece un plazo para la
  conservación de los datos, de 10 años además, de
  consagrar el principio de finalidad de los datos.
• Ley General de Libre Acceso a la Información
  Pública, no. 200-04, del 13 de julio del 2004.
• De acuerdo a esta Ley, cuando una persona
  solicite información a una Institución del Estado
  y esta afecte intereses o derechos privados
  preponderantes, como es el caso de datos
  personales cuya publicidad pudiera significar una
  invasión a la privacidad personal () cuando se
  trate de datos personales, los mismos deben
  entregarse sólo cuando haya constancia expresa,
  inequívoca de que el afectado consiente en la
  entrega de dichos datos o cuando una ley obliga a
  su publicación (art. 18).

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• Ley no. 126-02, sobre Comercio Electrónico,
  Documentos y Firmas Digitales y su Norma
  Complementaria sobre Protección de Datos de
  Carácter Personal por los Sujetos Regulados.
• Esta Ley y su Reglamento de aplicación, facultan
  al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones
  (INDOTEL) a ser el órgano regulador de los
  Sujetos Regulados normados por dicha Ley 126-02 y
  sus Normas Complementarias, y en consecuencia, a
  producir las regulaciones relativas a la
  protección de los datos de carácter personal de
  los Suscriptores de Certificados a ser aplicadas
  por las Entidades de Certificación y las Unidades
  de Registros (art. 21, literal c del Reglamento
  de aplicación de la Ley 126-02).
• Mediante Resolución no. 55-06, del 23 de marzo
  del 2006, fue aprobada la Norma Complementaria
  sobre Protección de Datos de Carácter Personal de
  la Ley 126-02.
• Ley no. 288-05, sobre las Sociedades de
  Información Crediticia y de Protección al Titular
  de la Información.
• En general, esta Ley norma lo concerniente al
  tratamiento de los datos de solvencia patrimonial
  por las Sociedades que prestan el servicio de
  ceder información crediticia de las personas.

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• Proyecto de Código Penal Dominicano.
• El Capítulo VI del Proyecto de Código Penal
  Dominicano, sobre atentados a la personalidad,
  tipifica grosso modo el tratamiento ilícito de
  los datos sensibles por una persona, sea dicho
  tratamiento automatizado o no.
• República Dominicana es signataria de la XIII
  Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
  Gobierno, de fecha 14 y 15 de noviembre del 2003,
  donde se concluyó con la Declaración de Santa
  Cruz de la Sierra, en cuyo punto no. 45 los Jefes
  de Estado y de Gobierno reconocían y se
  encontraban conscientes de que la protección de
  datos personales es un derecho fundamental de las
  personas.

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es posible asimilar el derecho a la protección
de datos como un derecho fundamental en la RD?

• Por la interpretación del artículo 10 de la
  Constitución dominicana, si el derecho a la
  protección de datos es un derecho fundamental,
  pues tiene la misma naturaleza jurídica que los
  consignados en el artículo 8 de la Carta Magna y
  como el mismo artículo 10 no limita la
  asimilación de esos derechos a un tipo de norma
  en especial (v. gr. en aplicación conjunta con el
  art. 3 de la Constitución), cualquier marco legal
  válido en la RD puede servir de soporte para que
  se produzca esa asimilación de derechos no
  contemplados en la Constitución o los de nueva
  generación a los previstos en el artículo 8 de la
  Carta Magna dominicana.

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Recomendación

• La configuración de manera explicita en la
  Constitución con reserva de Ley.
• Desarrollo legislativo del derecho de PDP.

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• Muchas Gracias!!!
• Galina Tapia
• s.tapia_at_unibe.edu.do