El Poder Judicial en Espaa

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El Poder Judicial en España
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El Poder Judicial

• España se constituye en un Estado social y
  democrático de Derecho, que propugna como valores
  superiores de su ordenamiento jurídico la
  libertad, la justicia, la igualdad y el
  pluralismo político.
• (CE, art. 1)
• Desarrollado por el Titulo VI del Poder
  Judicial, del art. 117 al 127, y por la Ley
  orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial,
  modificada por las LO 19/93, LO 20/03 de 23
  diciembre y LO 2/04 de 28 diciembre.
• La justicia emana del pueblo y se administra en
  nombre del Rey por Jueces y Magistrados,
  integrantes del Poder Judicial, independientes,
  inamovibles, responsables y sometidos únicamente
  al imperio de la ley.
• (CE, art. 117)

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Organización del Poder Judicial

• El Poder Judicial es independiente de los demás
  Poderes del Estado.
• Territorialmente España se organiza en
  municipios, partidos judiciales, provincias y
  Comunidades Autónomas (LO 6/85, art. 30).
• En España rige el principio de jurisdicción
  universal, en virtud del cual los juzgados y
  tribunales españoles son competentes para conocer
  y decidir las causas por delitos de suma
  gravedad, aunque hayan sido cometidos por
  extranjeros fuera del territorio nacional de
  España.

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Organización del Poder Judicial

• LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en
  su Título IV (De la composición y atribución de
  los órganos jurisdiccionales)
• Tribunal Supremo (art. 53-61).
• Audiencia Nacional (art. 62-69).
• Tribunales Superiores de Justicia (art. 70-79).
• Audiencias Provinciales (art. 80-83).
• Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
  (art. 84-98).
• Juzgados de Paz (art. 99-103).

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Juzgados de Instrucción

• Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el
  orden penal
• 1. De la instrucción de las causas por delito
  cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias
  Provinciales y a los Juzgados de lo Penal,
  excepto de aquellas causas que sean competencia
  de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
• 2. Les corresponde asimismo dictar sentencia
  de conformidad con la acusación en los casos
  establecidos por la Ley.
• 3. Del conocimiento y fallo de los juicios de
  faltas, salvo los que sean competencia de los
  Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia
  sobre la Mujer.
• 4. De los procedimientos de habeas corpus.

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Juzgados de Instrucción

• 5. De los recursos que establezca la ley
  contra las resoluciones dictadas por los Juzgados
  de Paz del partido y de las cuestiones de
  competencia entre éstos.
• 6. De la adopción de la orden de protección a
  las víctimas de violencia sobre la mujer cuando
  esté desarrollando funciones de guardia, siempre
  que no pueda ser adoptada por el Juzgado de
  Violencia sobre la Mujer.
• 7. De la ejecución de las medidas de embargo
  y aseguramiento de pruebas transmitidas por un
  órgano judicial de un Estado miembro de la Unión
  Europea que las haya acordado en un proceso
  penal, cuando los bienes o los elementos de
  prueba se encuentren en territorio español.
• (LO 6/85, art. 87)

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Salas

• Los Tribunales pueden tener distintas
  atribuciones
• de lo Civil, de lo Penal, de lo Mercantil, de lo
  Contencioso-Administrativo, de lo Social, de
  Violencia sobre la Mujer, de Menores y de
  Vigilancia Penitenciaria (LO 6/85, art. 26).
• En las salas de los Tribunales en las que
  existan dos o más secciones, se designarán por
  numeración ordinal.
• En las poblaciones en que existan dos o más
  Juzgados del mismo orden jurisdiccional y de la
  misma clase, se designarán por numeración
  cardinal. (art. 27).

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Derecho civil

• Conjunto de principios y normas jurídicas que
  regulan las relaciones más generales y cotidianas
  de la vida de las personas, sin consideración de
  sus actividades peculiares.
• Instrumentos
• Código Civil (1889).
• Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, del 7
  de enero).

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Derecho penal

• Conjunto de normas jurídicas que regulan la
  potestad punitiva del Estado, asociando a hechos,
  estrictamente determinados por la ley, como
  presupuesto, una pena, medida de seguridad o
  corrección como consecuencia, con el objetivo de
  asegurar los valores elementales sobre los cuales
  descansa la convivencia humana pacífica.
• Instrumentos
• Código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre).

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Derecho administrativo

• Conjunto de normas jurídicas que regula la
  organización, funcionamiento y atribuciones de la
  Administración pública en sus relaciones con los
  particulares y con otras Administraciones
  Públicas
• Instrumentos (entre otros)
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
  y del Procedimiento Administrativo Común.
• Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
  Funcionamiento de la Administración General del
  Estado.
• Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la
  Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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Derecho laboral

• Los órganos jurisdiccionales del orden social
  conocerán de las pretensiones que se promuevan
  dentro de la rama social del Derecho en
  conflictos tanto individuales como colectivos.
• Los órganos jurisdiccionales del orden social
  conocerán de las cuestiones litigiosas que se
  promuevan
• a. Entre empresarios y trabajadores como
  consecuencia del contrato de trabajo, salvo lo
  dispuesto en la Ley Concursal.
• b. En materia de Seguridad Social, incluida la
  protección por desempleo.
• c. En la aplicación de los sistemas de mejoras
  de la acción protectora de la Seguridad Social
  incluidos los planes de pensiones y contratos de
  seguro siempre que su causa derive de un contrato
  de trabajo o convenio colectivo.

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Derecho laboral

• d. Entre los asociados y las Mutualidades,
  excepto las establecidas por los Colegios
  Profesionales, así como entre las fundaciones
  laborales o entre éstas y sus beneficiarios,
  sobre cumplimiento, existencia o declaración de
  sus obligaciones específicas y derechos de
  carácter patrimonial, relacionados con los fines
  y obligaciones propios de esas entidades.
• e. Contra el Estado cuando le atribuya
  responsabilidad la legislación laboral.
• f. Contra el Fondo de Garantía Salarial, en los
  casos en que le atribuya responsabilidad la
  legislación laboral.
• g. Sobre Constitución y reconocimiento de la
  personalidad jurídica de los sindicatos,
  impugnación de sus estatutos y su modificación.
• h. En materia de régimen jurídico específico de
  los sindicatos, tanto legal como estatutario, en
  lo relativo a su funcionamiento interno y a las
  relaciones con sus afiliados.

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Derecho laboral

• i. Sobre Constitución y reconocimiento de la
  personalidad jurídica de las asociaciones
  empresariales.
• j. Sobre la responsabilidad de los sindicatos y
  de las asociaciones empresariales por infracción
  de normas de la rama social del Derecho.
• k. Sobre tutela de los derechos de libertad
  sindical.
• l. En procesos de conflictos colectivos.
• m. Sobre impugnación de convenios colectivos.
• n. En procesos sobre materias electorales,
  incluida la denegación de registro de actas
  electorales, también cuando se refieran a
  elecciones a órganos de representación del
  personal al servicio de las Administraciones
  públicas.

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Derecho laboral

• ñ. Entre las sociedades cooperativas de trabajo
  asociado o anónimas laborales y sus socios
  trabajadores, por su condición de tales.
• o. Entre los empresarios y trabajadores como
  consecuencia del contrato de puesta a
  disposición.
• p. En relación con el régimen profesional, tanto
  en su vertiente individual como colectiva, de los
  trabajadores autónomos económicamente
  dependientes a los que se refiere la Ley del
  Estatuto del Trabajo Autónomo.
• q. Respecto de cualesquiera otras cuestiones que
  les sean atribuidas por normas con rango de Ley.
• (R.D. Leg. 2/1995, de 7 de abril, art. 1-2).

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Tribunales de Menores

• Conocen de los hechos cometidos por las personas
  mayores de catorce años y menores de dieciocho
  por la comisión de hechos tipificados como
  delitos o faltas en el Código Penal o en las
  leyes penales especiales.
• Los delitos o faltas son los previstos en el
  Código Penal, pero cuando quien lo comete es
  menor de dieciocho años se establecen medidas de
  reeducación en lugar de penas propiamente dichas.