Diapositive 1

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Mecanismos de recaudación de las cotizaciones de
la seguridad social por la Oficina Nacional de la
Seguridad Social de Bélgica
Benoît VAN BRAEKEL Consejero jurista Oficina
Nacional de la Seguridad Social Place Victor
Horta, 11 1060 BRUSELAS Correo electrónico
benoit.vanbraekel_at_onssrszlss.fgov.be Sitios web
www.onss.fgov.be y www.socialsecurity.be
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Afiliación a la ONSS y pago de las cotizaciones

• - La afiliación a la Oficina Nacional de la
  Seguridad Social (ONSS) de Bélgica es voluntaria
  y se realiza al contratar a un trabajador o, como
  muy tarde, cuando el empresario efectúa la
  correspondiente declaración a las instancias
  públicas (denominada Dimona en Bélgica).
• - La legislación obliga a los empresarios a
  presentar una declaración trimestral de las
  prestaciones y remuneraciones de cada uno de sus
  trabajadores al final del mes posterior al
  trimestre en cuestión. Además, el empresario debe
  pagar las cotizaciones debidas (que calcula él
  mismo o mediante su secretaría social tomando
  como base la declaración trimestral Dmfa).
• - En caso de no satisfacer los pagos dentro de
  los plazos establecidos (y con toda la
  documentación en posesión de la Oficina), ésta
  envía un primer recordatorio inmediatamente
  después de que se haya cumplido el plazo.
• - Si al cabo de 45 días no se ha obtenido
  respuesta, se imprime el documento destinado a
  interponer una denuncia contra el empresario en
  cuestión. Los servicios de recaudación de la
  Oficina trabajan en colaboración con abogados
  encargados de representarles ante los tribunales
  y cortes de justicia. En el marco de la ejecución
  de las decisiones, los agentes judiciales
  (funcionarios ministeriales) intervienen para
  ejecutarlas, lo que puede suponer incluso la
  incautación y venta de los bienes del deudor.

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Primera vía" recaudación "clásica" por vía
judicial

• La "primera vía" era la más utilizada por la
  Oficina con respecto a la recaudación se trata
  de la vía judicial. Se procede a la citación de
  las partes sobre la base de un acta de
  comparecencia voluntaria.
• La Oficina presenta ante el tribunal un extracto
  de cuenta que prueba la deuda y cabe la
  posibilidad de que el deudor solicite condiciones
  y plazos que el tribunal puede libremente
  conceder, matizar o denegar.
• Hasta hace poco, la Oficina hacía lo posible para
  asegurarse la obtención de una resolución de
  carácter ejecutivo por parte de las cortes o
  tribunales (sentencia o decisión judicial). A
  continuación, el deudor que no hubiera obtenido
  las condiciones y los plazos solicitados acudía a
  negociarlos de forma amistosa con la
  administración, que aceptaba suspender la
  ejecución de la decisión.

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Segunda vía" la providencia de apremio

• La segunda vía" se basa en el artículo 40 de la
  Ley del 27 de junio de 1969 que revisa el
  Decreto-ley del 28 de diciembre de 1944 relativo
  a la seguridad social de los trabajadores se
  trata de la providencia de apremio.
• A modo de recordatorio, la providencia de
  apremio es una facultad que la administración se
  concede a sí misma y que se compone de un acta de
  liquidación trimestral o especial que recoge las
  cotizaciones, el recargo en las cotizaciones, los
  intereses de demora, las indemnizaciones a tanto
  alzado (incluidos los recargos y los montantes
  contemplados en los artículos 30bis y 30ter
  (disposiciones concretas destinadas a luchar
  contra el fraude en ciertos sectores sensibles)
  de la ley del 27 de junio de 1969.
• La providencia de apremio viene extendida por el
  administrador general, el administrador general
  adjunto o un miembro del personal designado a tal
  efecto por el comité de gestión y se comunica al
  deudor mediante notificación de un agente
  judicial.
• Ordena el pago en un plazo de 24 horas, so pena
  de ejecución forzosa, e incluye una justificación
  contable de las sumas exigidas, así como una
  copia de la orden de ejecución.

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Segunda vía" la providencia de apremio (2)

• De acuerdo con el artículo 43bis del Decreto de
  aplicación de nuestra Ley Básica, el Comité de
  gestión de la Oficina ha determinado los casos en
  los que se impone su uso
• recaudación de las cotizaciones por cuenta de las
  instituciones de seguridad social extranjeras a
  las que la Oficina debe prestar asistencia en el
  marco de acuerdos bilaterales (en este caso, la
  Oficina recauda las cotizaciones para Francia,
  los Países Bajos, Alemania y Luxemburgo)
• En los casos flagrantes de fraude por parte de un
  empleador o de un deudor cuya responsabilidad
  solidaria de las recaudaciones en cuestión es
  asumida por la Dirección. El uso de la
  providencia de apremio se deja a juicio del
  jurista y sólo en tres casos este servicio no
  recurre a la providencia de apremio, a saber
• - montante del extracto de cuenta inferior a
  5.000 euros
• - cotizaciones reclamadas sobre la base de un
  aviso de rectificación (que siempre puede dar
  lugar a una impugnación)
• - extracto de cuenta que sólo se refiere a
  recargos e intereses de demora,...
• fracaso de la tercera vía (véase más adelante).

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Tercera vía condiciones y plazos amistosos

• La "tercera vía" se recoge en el artículo 40bis
  de la citada ley del 27 de junio de 1969,
  insertado mediante el artículo 43 de la ley del 3
  de julio de 2005 que incluye disposiciones
  diversas en relación con la concertación social.
  Dicho artículo 40bis permite a la ONSS conceder
  de forma amistosa condiciones y plazos a sus
  deudores de acuerdo con lo establecido en el real
  decreto.
• Previamente a la inserción de este artículo, la
  ONSS estaba obligada, antes de poder proponer un
  plan de liquidación a los empresarios que
  experimentaban dificultades pasajeras para
  satisfacer sus pagos, a citarles ante los
  tribunales para obtener un título de pago.
• Dicho procedimiento era pesado y oneroso, tanto
  para el empresario que debía hacer frente a las
  costas procesales como para la ONSS que debía,
  por un lado, adelantar los gastos judiciales y,
  por el otro, recurrir a numerosos abogados para
  representarla.
• Un informe del Tribunal de Cuentas, enviado a la
  Cámara de Representantes en junio de 2004, ha
  puesto de relieve este problema el 80 de las
  sentencias de los tribunales del trabajo son
  resoluciones dictadas en rebeldía, y, cuando se
  ha producido un debate (en la mayoría de los
  casos sobre cotizaciones declaradas por el
  empresario), dicho debate trataba del
  establecimiento de condiciones y plazos.
• Desde entonces, el Gobierno, de acuerdo con los
  interlocutores sociales, ha propuesto al
  legislador la inserción de una nueva disposición
  en la ley del 27 de junio de 1969 (artículo
  40bis) para permitir que la ONSS pueda conceder a
  los deudores condiciones y plazos de forma
  amistosa, es decir antes de citarles ante los
  tribunales o proceder por la vía de la
  providencia de apremio.

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Tercera vía condiciones y plazos amistosos (2)

• Esta disposición constituye el fundamento de la
  tercera vía de recaudación (la recaudación de
  forma amistosa) frente a la recaudación por la
  vía judicial o por la vía de la providencia de
  apremio. Sus objetivos son los siguientes
• intenta lograr el cobro de las deudas contraídas
  con la ONSS en un plazo máximo de dos años
• contribuye a aliviar de trabajo a los tribunales
  mediante la celebración de negociaciones directas
  entre la ONSS y los empresarios dispuestos a
  pagar
• ofrece la posibilidad a los empresarios de
  resolver sus dificultades de pago pasajeras sin
  tener que pasar por los tribunales, ahorrándose
  de este modo las costas procesales
• permite que esos empresarios puedan seguir
  participando en la vida económica y obtener,
  entre otras cosas, los certificados necesarios
  para participar en licitaciones públicas o (por
  lo que respecta al sector de la construcción) a
  obtener la exención de las retenciones prevista
  en el artículo 30bis de la ley del 27 de junio de
  1969.

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Tercera vía condiciones y plazos amistosos (3)

• Si el empresario no cumple con las facilidades
  así obtenidas, en principio se procederá a
  recuperar la deuda objeto del plan de pago
  amistoso por la vía de una providencia de
  apremio, que se transmitirá a un agente judicial
  mediante el Consejo de la ONSS. El Decreto de
  aplicación prevé expresamente el recurso a la
  providencia de apremio.
• La nueva deuda (a saber, la deuda correspondiente
  creada tras la notificación de la providencia de
  apremio) se intentará recuperar por vía judicial
  mediante una citación ante el tribunal del
  trabajo.
• Para el empresario que no recurre a la tercera
  vía", nada cambia se intentará recuperar la
  deuda por vía judicial mediante una citación ante
  el tribunal del trabajo. El empresario que reciba
  dicha citación ya no podrá utilizar la vía
  amistosa, a menos que la demanda judicial se
  refiera exclusivamente a una deuda relacionada
  con una impugnación de principio reconocida como
  tal.

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Cuarta vía

• Se recoge en el artículo 41quater de la citada
  ley del 27 de junio de 1969, insertado mediante
  el artículo 4 de la ley del 3 de julio de 2005
  que incluye disposiciones diversas en relación
  con la concertación social. Se ha introducido de
  forma concomitante con otras medidas que son
• - la adaptación del privilegio del que dispone la
  ONSS
• - la hipoteca legal
• - las medidas en caso de cesión de fondos.

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Hipoteca legal

• La ONSS, al igual que el tesoro público, ha
  querido beneficiarse de la hipoteca legal para
  garantizar los importes que le deben los
  empresarios deudores. Por ese motivo, el artículo
  47 de la Ley del 3 de julio de 2005 (publicado en
  el Moniteur belge del 19 de julio de 2005) ha
  insertado un artículo 41ter en la ley del 27 de
  junio de 1969. Las disposiciones del artículo
  41ter de la ley del 27 de junio de 1969 son una
  copia adaptada de las disposiciones fiscales
  existentes en la materia (artículos 425 a 432 CIR
  92).
• No obstante, el régimen jurídico de la hipoteca
  legal de la ONSS no puede calcarse pura y
  simplemente del de la hipoteca legal de Hacienda.
• Previamente a la hipoteca legal, la ONSS figuraba
  dentro del orden de los acreedores incluidos en
  el mandato judicial sobre los bienes inmuebles,
  eventualmente renovado o seguido de una
  incautación de los bienes. La necesidad de
  disponer de una resolución con carácter
  ejecutivo, el límite de validez temporal del
  mandato (6 meses) o de la incautación (3 años),
  así como las incertidumbres que rodean los
  efectos jurídicos de renovación con respecto a
  terceros incluidos en el mandato perturbaban la
  labor de cobro de los créditos de la ONSS. El
  procedimiento de ejecución sobre los bienes
  inmuebles se desviaba de su objetivo la
  realización de los bienes del deudor y la
  distribución del monto obtenido entre los
  acreedores de acuerdo con el orden legal de
  privilegios e hipotecas.
• En la actualidad, la inscripción de la hipoteca
  produce efectos que no tienen una limitación
  temporal. En principio, su renovación no es
  necesaria. La hipoteca legal sólo desaparece al
  cabo de 30 años si no se renueva, o debido a su
  cancelación o desembargo por parte de la ONSS.
  Además, en la actualidad, la ONSS sólo procede a
  la notificación y trascripción de un mandato
  judicial sobre los bienes inmuebles y del embargo
  de los mismos en el marco de una ejecución
  forzosa, sin desviarse de su objetivo.

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Cesión de fondos

• Las disposiciones del artículo 41quinquies de la
  Ley del 27 de junio de 1969 son una copia
  adaptada de las disposiciones del artículo 442bis
  del C.I.R. 92.
• El artículo 442bis del C.I.R. 92 otorga varios
  poderes a Hacienda desde 1996. Su origen procede
  de los artículos 6 y 8 a 12 del Real Decreto del
  12 de diciembre de 1996 relativo a las medidas de
  lucha contra el fraude fiscal y destinadas a una
  mejor percepción del impuesto, que tenía por
  objetivo el establecimiento de un sistema
  integral destinado a erradicar ciertas prácticas
  que lindaban con la organización ilícita de
  procedimientos de insolvencia. Por un lado, se
  trataba de impedir que una persona física o moral
  transfiriera sus fondos sin satisfacer antes sus
  deudas fiscales y, por otro lado, dificultar el
  fraude organizado por algunos deudores de
  impuestos que, con el agua al cuello, se
  apresuraban a liquidar sus fondos tan pronto como
  descubrían que se estaba procediendo a un control
  de su situación fiscal.
• Este sistema se articulaba alrededor de dos ejes.
  
• En primer lugar, se estableció la obligación de
  la inscripción de las cesiones del patrimonio
  total de bienes y de ramas de actividad, a fin de
  permitir que Hacienda fuera informada. En segundo
  lugar, se insertó un artículo 442bis en el C.I.R.
  92, que establecía un mecanismo que permitía a
  Hacienda asegurar el cobro de los impuestos
  adeudados por el cesionista.

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Cesión de fondos (2)

• Las grandes líneas de esta disposición eran las
  siguientes
• 1) la transferencia sólo era oponible frente a
  Hacienda cuando vencía el segundo mes sucesivo al
  mes en el que se había registrado el convenio
• 2) el cesionario podía tener una responsabilidad
  solidaria del pago de los impuestos debidos por
  el cesionista al vencimiento del plazo
  mencionado
• 3)la oponibilidad diferida de la cesión y la
  solidaridad del cesionario no se aplicaban cuando
  el cesionista obtenía de Hacienda un certificado
  destinado a someterse a la formalidad del
  registro simultáneo al convenio de cesión
• 4) Hacienda se negaba a entregar el certificado
  cuando el cesionista tenía deudas fiscales o
  cuando la solicitud se introducía tras el anuncio
  del control fiscal. Tras dos años de
  funcionamiento y gracias a los primeros exámenes
  de esta medida, se han podido descubrir las
  lagunas del sistema.
• Así, nada excluía, en la reglamentación, las
  cesiones realizadas en el marco de los
  procedimientos de quiebra y convenio de
  acreedores o en los de fusiones, escisiones y
  absorciones de empresas cuando, manifiestamente,
  los objetivos del legislador no se referían a
  esas situaciones.

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Cesión de fondos (3)

• Además, se ha visto que la obligación de registro
  de las cesiones engendraba más dificultades de
  las que resolvía. El artículo 50 de la Ley del 22
  de diciembre de 1998 relativa a las disposiciones
  fiscales y de otro tipo ( publicado en el
  Moniteur belge el 15 de enero de 1999) tuvo por
  objeto remediar esas imperfecciones revisando el
  artículo 442bis del C.I.R. 92.
• Los principales cambios introducidos en el
  sistema pueden resumirse como sigue
• 1) el ámbito de aplicación del art. 442bis del
  C.I.R. 92 se ha redefinido con referencia a la
  noción de "un conjunto de bienes compuestos entre
  otros elementos que permiten retener la
  clientela, en relación con el ejercicio de una
  profesión liberal, cargo u oficio, o de una
  explotación industrial, comercial o agrícola"
• 2) la ampliación de la medida para abarcar la
  cesión de usufructo y la constitución de
  usufructo sobre los bienes contemplados sub 1
• 3) la obligación de registro ha sido reemplazada
  con la notificación a Hacienda
• 4) el mecanismo establecido no se aplica a las
  cesiones realizadas por un fideicomisario o un
  interventor, o en el marco de una operación de
  fusión, escisión, aportación de la totalidad del
  patrimonio o de una rama de actividad realizada
  de conformidad con las disposiciones de las leyes
  coordinadas sobre las sociedades comerciales.
• La ONSS ha querido beneficiarse de este sistema
  con respecto a las sumas debidas por los
  empleadores deudores. Por ello, el artículo 49 de
  la Ley del 3 de julio de 2005 que incluye
  disposiciones varias relativas a la concertación
  social (publicado en el Moniteur belge del 19
  de julio de 2005) ha insertado un artículo
  41quinquies en la Ley del 27 de junio de 1969.

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La cuarta vía, propiamente dicha

• Esta cuestión está regulada por el artículo
  41quater de la citada Ley del 27 de junio de
  1969, insertado mediante un artículo 48 de la Ley
  del 3 de julio de 2005. Este texto sólo tiene
  accesoriamente por objeto permitir una
  participación de la ONSS en los dividendos que
  pueden distribuirse en el marco de ciertos actos
  de enajenación de inmuebles.
• A modo de recordatorio, toda persona tiene la
  obligación personal de cumplir con sus
  compromisos en relación con todos sus bienes
  muebles e inmuebles, presentes y futuros, y los
  bienes del deudor son la garantía común de sus
  acreedores.
• No obstante, esa garantía común de los acreedores
  (los bienes muebles o inmuebles de los deudores)
  puede estar seriamente comprometida (o incluso
  desaparecer) a espaldas de dichos acreedores. En
  efecto, el deudor puede enajenar o hipotecar sus
  bienes. Por otro lado, la acción de un acreedor
  del deudor puede también debilitar la posición de
  la ONSS.
• Si un particular con pocos deudores puede velar
  fácilmente por sus intereses y estar al tanto de
  la situación de los mismos, no sucede lo mismo
  con la ONSS que se encuentra ante una multitud de
  deudores que conoce poco o nada.
• Sin las obligaciones generadas por el artículo
  41quater, a fin de evitar cualquier sorpresa, la
  ONSS debería adoptar medidas eficaces, desde el
  mismo momento en que un empleador contrae una
  deuda con ella, para garantizar sus derechos,
  esto es, tomar una inscripción hipotecaria sobre
  los bienes susceptibles y embargar los bienes
  muebles.

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La cuarta vía, propiamente dicha (2)

• Por supuesto, eso no es posible, dadas las
  consecuencias perjudiciales que tal conducta
  entrañaría, sobre todo para el plan económico.
• Por ello, el legislador ha ideado un sistema que
  consiste en informar a la ONSS de las acciones
  planeadas por los empleadores deudores y, en
  algunos casos, de las acciones de los acreedores
  de éstos que son susceptibles de afectar las
  garantías de la ONSS.
• Teniendo en cuenta que la hipoteca legal de la
  ONSS sólo es operativa a partir de su
  inscripción, se ha estimado necesario que se
  prevenga a la ONSS en tiempo útil sobre cualquier
  operación por la cual un empleador deudor enajene
  un inmueble, una nave o un barco del que es
  propietario o usufructuario o los gravámenes de
  hipotecas en favor de terceros.
• Por tanto, los legisladores han establecido un
  mecanismo de información destinado, sobre todo, a
  proteger in extremis la hipoteca legal de la
  ONSS las disposiciones del artículo 41quater de
  la Ley del 27 de junio de 1969 son una
  transposición adaptada de las disposiciones de
  los artículos 433 a 439 del C.I.R.92. La no
  observación de este mecanismo de información por
  quienes están obligados a ello conlleva la
  responsabilidad solidaria de ésta.

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• Gracias por escucharme.
• Tienen alguna pregunta?

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