DEFENSA DEL SEOR MARCOS BAEZ Ex Vicepresidente del Banco Intercontinental, S' A' BANINTER

1
DEFENSA DEL SEÑOR MARCOS BAEZ Ex Vicepresidente
del Banco Intercontinental, S. A.(BANINTER)

• Juan Antonio Delgado
• Joan Manuel Alcántara,
• Defensores Técnicos

2
Una mentira colosal lleva en si una fuerza que
aleja la duda una propaganda hábil y
perseverante acaba por llevar a los pueblos a
creer que el cielo no es en el fondo más que un
infierno, y que, por el contrario, la más
miserable de las exigencias es un paraíso, pues
la mentira impúdica deja siempre huellas, aún
cuando se le haya reducido a nada

• Adolfo Hitler,
• Mi lucha.

3
INTRODUCCION

• Un buen alegato final debiera comportarse como
  un borrador de sentencia para los jueces
• Andrés Baytelman A. y Mauricio Duce J.,
• Litigación penal, juicio oral y prueba,
• Fondo de Cultura Económica, México, 2005 pág. 427

4
ESQUEMA DE EXPOSICION

• Autos y documentos vistos.
• Antecedentes del proceso.
• Consideraciones procesales. Pruebas documentales
  a cargo exhibidas.
• Solución de incidente diferido. Solicitud de
  exclusión probatoria y de supresión de evidencia.
  Falta valor probatorio de las fotocopias.
• Consideraciones sobre valoración probatoria.
  Hechos probados.
• Calificación jurídica.
• Juicio sobre la pena. Pretensiones de naturaleza
  penal de los actores civiles.

5
CONSIDERACIONES PROCESALES SOBRE LOS INCIDENTES
DIFERIDOS EN TORNO AL CARÁCTER ILICITO DE LAS
PRUEBAS DOCUMENTALES OCUPADAS POR LA AUTORIDAD
MONETARIA Y FINANCIERA EN EL BANCO
INTERCONTINENTAL Y SOBRE EL USO DE FOTOCOPIAS.
6
  

•  En el proceso penal la investigación o
  averiguación de la verdad no puede realizarse a
  cualquier precio

Tribunal Supremo Federal Alemán, 14 de junio de
1960.     Cita en el pórtico de la
obra   CLAUDIO PRAMBS JULIAN, "El control del
establecimiento de los hechos en las sentencias
penales", Ediciones Metropolitanas, Santiago de
Chile, Chile, 2005. www.editorialmetropolitana.cl
 
 
 
7
Toda la prueba incorporada por el Ministerio
Público y el actor civil es de procedencia ilícita

• Fundamento legal Ley Monetaria y Financiera,
  No. 183-02, del 21 de noviembre de 2002.
• Artículo 1. Objeto de la Ley y Régimen Jurídico
  del Sistema Monetario y Financiero
• c) Régimen Jurídico La regulación del sistema
  monetario y financiero se regirá exclusivamente
  por la Constitución de la República y esta Ley.
  Los Reglamentos que para su desarrollo dicte la
  Junta Monetaria , y los Instructivos, que
  subordinados jerárquicamente a los Reglamentos
  que dicte la Junta Monetaria, dicten el Banco
  Central y la Superintendencia de Bancos en el
  área de sus respectivas competencias. Serán de
  aplicación supletoria en los asuntos no previstos
  específicamente en las anteriores normas, las
  disposiciones generales del Derecho
  Administrativo y en su defecto, las del Derecho
  Común.

8
Principios de derecho administrativo que rigen
la prueba

• Fundamento legal Ley Monetaria y Financiera,
  No.183.02, Artículo 4, letra a)
• Artículo 4. Régimen Jurídico de los Actos
  Regulatorios y de los Recursos.
• a) Presunción de Legalidad Los actos dictados
  por la Administración Monetaria y Financiera en
  el ejercicio de sus competencias y de conformidad
  con los procedimientos reglamentariamente
  establecidos, gozan de presunción de legalidad,
  salvo prueba en contrario y serán inmediatamente
  ejecutorios. Su incumplimiento conlleva la
  correspondiente sanción en los términos
  establecidos por esta Ley. Para la ejecución
  forzosa de los actos administrativos, la
  Administración Monetaria y Financiera contará, si
  fuere necesario, con el auxilio de la fuerza
  pública del Ministerio Público, la cual no podrá
  ser denegada bajo ninguna circunstancia. La
  ocupación a que hace referencia el Artículo 63,
  literal b) de esta Ley no requerirá ningún
  auxilio jurisdiccional del Ministerio Público,
  siempre que se practique en dependencias de la
  entidad de intermediación financiera en presencia
  de un funcionario debidamente acreditado por la
  Junta Monetaria que levantará acta de lo actuado,

9
Principios de derecho administrativo que rigen
la prueba

• Fundamento legal Ley Monetaria y Financiera,
  No.183.02, Artículo 4, letra E
• Artículo 4. Régimen Jurídico de los Actos
  Regulatorios y de los Recursos.
• e) Principios Procedimentales. La Junta
  Monetaria reglamentará las normas generales
  aplicables a los procedimientos administrativos
  de la Administración Monetaria y Financiera de
  conformidad con lo dispuesto en este Artículo y
  de acuerdo con los principios generales del
  Derecho Administrativo y en especial con los de
  legalidad, seguridad jurídica, esfera jurídica de
  los interesados, jerarquía normativa, eficacia,
  razonabilidad, economía, transparencia,
  celeridad, preclusión de plazos y debido proceso.

10
Principios de derecho administrativo que rigen
la prueba

• Ley Monetaria y Financiera, No. 183-02, del 21 de
  noviembre de 2002.
• Artículo 63. Procedimiento de Disolución
• b) Ocupación y Suspensión de Actividades. La
  Superintendencia de Bancos procederá de inmediato
  a la ocupación de todos los locales, libros,
  documentos y registros de la entidad, bajo acto
  auténtico ante notario. A partir del momento en
  que se dicte la disposición de disolución quedan
  interrumpidos los plazos de prescripciones,
  caducidad y otros, así como los términos
  procesales en los juicios interpuestos para la
  recuperación de la cartera de créditos y los
  procesos ordinarios que hubieran podido emerger
  de los mismos. Estos plazos automáticamente
  volverán a correr a partir del día hábil en que
  se concluya el procedimiento de disolución, el
  cual se deberá realizar en un breve plazo
  determinado reglamentariamente. Además, quedarán
  suspendidos automáticamente los derechos de los
  accionistas y demás acreedores de la misma con
  relación a la entidad en disolución y cesarán en
  sus funciones los directores, órganos internos de
  control, administradores, gerentes y apoderados
  generales de la entidad, quedando también sin
  efecto, los poderes y facultades de
  administración otorgados, con la consiguiente
  prohibición de realizar actos de disposición o
  administración de bienes o valores de la entidad.
  Si tales actos de administración o disposición
  se realizaren, serán nulos de pleno derecho. A
  partir de la fecha de la resolución de
  disolución, la anotación o inscripción en
  registros públicos de actos realizados por los
  directores, órganos internos de control,
  administradores, gerentes y apoderados generales
  de la entidad en disolución, requerirán, bajo
  pena de nulidad, autorización previa de la
  Superintendencia de Bancos.

11
Principio de legalidad administrativa

• no hay en Derecho ningún espacio franco o libre
  de Ley en que la Administración pueda actuar con
  un poder ajurídico y libre. Los actos y las
  disposiciones de la Administración, todos han de
  someterse a Derecho, han de ser conformes a
  Derecho.
• el Derecho condiciona y determina, de manera
  positiva, la acción administrativa, la cual no es
  válida si no responde a una previsión normativa
• Toda acción administrativa se nos presenta así
  como ejercicio de un poder atribuido previamente
  por la Ley y por ella delimitado y construido.
  Sin una atribución legal previa de potestades la
  Administración no puede actuar, simplemente.
• Eduardo García de Enterría y
• Tomás Ramón Fernández
• Curso de Derecho Administrativo I,
• Décimo Tercera edición,
• Thomson Civitas, Madrid, 2006, págs. 446-447.

12
Principio de legalidad administrativa

• Al analizar las relaciones que existen entre la
  Administración y el Derecho, el reputado jurista
  francés Jean Rivero plantea que, por el
  denominado principio de legalidad, la
  Administración se encuentra sometida al Derecho.
  En este sentido, el profesor Rivero señala que en
  todos los Estados modernos se admite que la
  Administración se encuentra limitada por la regla
  de derecho, y sostiene que una vez promulgada una
  ley, la única tarea que incumbe a las autoridades
  públicas es la de asegurar su traducción en la
  realidad siendo este el rol del ejecutivo. La
  Administración, añade, es una función
  esencialmente ejecutiva, que encuentra en la ley
  el fundamento y el límite de su acción

Jean Rivero, Droit Administratif, Dalloz, 10ª
Edición, 1983, pág. 15
13
GROSERA ILEGALIDAD COMETIDA POR LA ADMINISTRACION
MONETARIA Y FINANCIERA AL DESIGNAR UNA COMISION
ADMINISTRADORA DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DEL
BANINTER

• 7 de abril de 2003

14
Supuesto fundamento de la Administración
Monetaria y Financiera para designar Comisión
Administradora de los activos y pasivos de
BANINTER

• Ley Monetaria y Financiera, No. 183-02, del 21 de
  noviembre de 2002.
• Artículo 90. Disposición Derogatoria General.
  Quedan todas las disposiciones legales o
  reglamentarias en cuanto se opongan a lo
  dispuesto en la presente Ley. En tanto se
  publican los Reglamentos para el desarrollo de la
  Ley, seguirán en vigor las disposiciones
  reglamentarias existentes a la fecha de
  publicación de esta Ley, en las partes que no
  resulten expresamente derogadas por la misma. Si
  existiese conflicto en cuanto al alcance de la
  derogación, la Junta Monetaria dictaminará al
  respecto, sin ulterior recurso hasta la
  publicación del nuevo Reglamento.

15
TEXTO LEGAL REÑIDO CON LA CONDICION DE
RAZONABILIDAD QUE IMPONE LA CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

16
AUTOCRITICA DEL PROPIO LEGISLADOR EN TORNO A LA
GRAVE LESION AL ESTADO DE DERECHO
17

• DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA EN TORNO A LA
• PRUEBA ILICITA

18
Pruebas ilícitas

• De acuerdo con la doctrina del Tribunal
  Constitucional la presunción de inocencia supone
  la imposibilidad de que se dicte una sentencia
  condenatoria cuando exista un vacío probatorio,
  ya sea por ausencia material de prueba al no
  haberse practicado prueba alguna en el juicio, ya
  sea porque ésta, por ilicitud constitucional al
  haberse obtenido con vulneración de derechos
  fundamentales, no puede ser tenida en cuenta, ya
  sea por no mediar razonamiento de cargo alguno,
  ser éste irrazonado, ilógico, insuficiente o
  abiertamente absurdo

Manuel Ortells Ramos e Isabel Tapia Fernández El
proceso penal en la doctrina del tribunal
constitucional (1981-2004) Thomson Aranzadi,
Navarra, Pág. 587
19
Pruebas ilícitas

• de las garantías procesales establecidas en el
  artículo 24 CE resulta, además, una prohibición
  absoluta de valoración de las pruebas obtenidas
  mediando la lesión de un derecho fundamental, de
  tal modo que los medios de prueba no puedan
  hacerse valer, ni pueden ser admitidos, si se han
  obtenido con violación de los derechos
  fundamentales. El derecho a la presunción de
  inocencia exige, en último término, que la prueba
  se realice a través de medios que sean
  constitucionalmente legítimos, lo que supone que
  en su obtención se hayan respetado los derechos
  fundamentales, pues sólo la prueba regularmente
  obtenida y practicada con estricto respeto a la
  Constitución puede ser considerada por los
  Tribunales penales como fundamento de la
  sentencia condenatoria

SCT 86/1995, 6 junio, F.2º
20
Pruebas ilícitas

• La interdicción de la admisión de la prueba
  prohibida por vulneración de derechos
  fundamentales deriva directamente de la
  Constitución, por la colisión que ello entrañaría
  con el derecho a un proceso con todas las
  garantías y a la igualdad de las partes (arts.
  24.2 y 14 CE) y se basa, asimismo, en la
  posición preferente de los derechos fundamentales
  en el ordenamiento y de su afirmada condición de
  inviolables
• STC49/100, 26 de marzo, F 2º STC 50/2000, 28
  febrero, F 2º STC 69/2001, 17 marzo, F. 26º

• Ha de afirmarse que, al valorar pruebas
  obtenidas con vulneración de derechos
  fundamentales u otras que sean consecuencia de
  dicha vulneración, puede resultar lesionado, no
  sólo el derecho a un proceso con todas las
  garantías, sino también la presunción de
  inocencia
• STC 166/1999, 27 septiembre, F 5º

21
Pruebas ilícitas

• en la comparación de los valores en juego el
  respeto de las garantías individuales por un
  lado, y el interés de la sociedad en que los
  delitos sean investigados por otro- debe
  acordarse primacía a los primeros por tratarse de
  dictados de la Ley Suprema.

• La garantía del debido proceso y la que consagra
  el principio de que nadie puede ser penado sin un
  juicio previo fundado en ley se verían
  naturalmente menoscabadas si se permite que se
  utilice en contra de un individuo pruebas
  obtenidas en violación a sus derechos básicos

Alejandro D. Carrio, Garantías constitucionales
en el proceso penal Editorial Hammurabi, Buenos
Aires, 1997, pág. 154
22
Pruebas ilícitas

• El derecho a la prueba no es ilimitado. La
  verdad en el proceso penal no se puede buscar
  como quien dice a cualquier precio, hay ciertos
  derechos fundamentales que deben ser respetados,
  y a los que queda supeditado el proceso
  probatorio en la vía criminal
• Manuel Cobo del Rosal, Manuel Quintanar Díez,
  Carlos Zabala López-Gómez,
• Derecho procesal penal español,
• Cesej Ediciones, Madrid, 2006, pág. 525

• La Ley Orgánica no puede ser un límite a la
  Constitución, y que ésta, al consagrar en el
  artículo 24 el proceso con todas las garantías
  como derecho fundamental, incluiría el quebranto
  de todo tipo de garantías, es decir, de derechos,
  y no sólo de los fundamentales.
• Manuel Cobo del Rosal, Manuel Quintanar Díez,
  Carlos Zabala López-Gómez,
• Derecho procesal penal español,
• Cesej Ediciones, Madrid, 2006, pág. 526

23
Pruebas ilícitas

• La imposibilidad de estimación procesal puede
  existir en algunos casos, pero no en virtud de un
  derecho fundamental que pueda considerarse
  originalmente afectado, sino como expresión de
  una garantía objetiva e implícita en el sistema
  de los derechos fundamentales, cuya vigencia y
  posición preferente en el ordenamiento puede
  requerir desestimar toda prueba obtenida con
  lesión de los mismos.

STC 114/1984, 29 de noviembre, F 2º
24
Pruebas ilícitas

• Si un Tribunal sentenciador fundamenta su
  resolución condenatoria en pruebas obtenidas con
  violaciones de derechos fundamentales, la
  presunción de inocencia no ha de destruirse, como
  derecho fundamental que es, semejante material
  probatorio
• (STC 49/1996, 26 marzo, F 3º)

• La presunción de inocencia se viola cuando la
  prueba de cargo se ha obtenido con vulneración de
  derechos fundamentales.
• (STC 239/199, 20 diciembre, F 4º)

25
Doctrina americana de los frutos del árbol
envenenado (the fruit of the poisonous tree
doctrine)

• La ineficacia de la prueba ilícitamente obtenida
  debe alcanzar, también, a aquellas otras pruebas
  que si bien son en sí lícitas se basan, derivan o
  tienen su origen en informaciones o datos
  conseguidos por aquella prueba ilegal, dando
  lugar a que tampoco esas pruebas ilícitas puedan
  ser admitidas o valoradas.
• ( Esto es lo que el autor Manuel Miranda
  Estrampes llama efectos reflejos de la prueba
  ilícita), interpretación corroborada por el STS,
  en sentencia del 29 de marzo de 1990 al declarar
  que
• La prueba obtenida con violación de un derecho
  fundamental es radicalmente nula no sólo en si
  misma. Sino también en sus efectos sobre otras
  pruebas distintas en cuanto pudiera servir para
  que éstas, pudieran ser valoradas en un
  determinado sentido
• La nulidad de determinada diligencia o prueba
  judicial por vulneración de derechos
  constitucionalmente reconocidos, arrastra en
  cadena la invalidez y consiguiente ineficacia
  jurídicas de todas las posteriores que puedan
  traer causa (STS. 17 de junio 1992.)

Manuel Miranda Estrampes, El concepto de prueba
ilícita y su tratamiento en el proceso penal, 2ª
edición revisada y ampliada, J. M. Bosch Editor,
Barcelona, 2004, págs 113-115
26
Consecuencias de las pruebas ilícitas.

• La prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya
  obtención se haya vulnerado un derecho
  fundamental como en aquellas otras que,
  habiéndose obtenido lícitamente, se basan, apoyan
  o deriven de la anterior (directa o
  indirectamente), pues sólo de este modo se
  asegura que la prueba ilícita no surta efecto
  alguno en el proceso. Prohibir el uso directo de
  estos medios probatorios y tolerar su
  aprovechamiento indirecto constituiría una
  proclamación vacía de contenido efectivo, e
  incluso una incitación a la utilización de
  procedimientos inconstitucionales que,
  indirectamente, surtirían efecto. Los frutos del
  árbol envenenado deben estar, y están
  jurídicamente contaminados.
• Manuel Miranda Estrampes, pág. 120
• STS, 4 de marzo 1997

27
Pronunciamiento de la SCJ sobre el principio de
legalidad de la prueba

• Considerando, que sin embargo, es de principio
  que los elementos de prueba sólo tiene valor
  jurídico en tanto cuanto sean obtenidos e
  incorporados al proceso conforme a los principios
  y normas establecidos en la Constitución,
  tratados y convenios internacionales y la ley
  que el incumplimiento de este mandato, puede ser
  invocado en todo estado de causa, pudiendo
  provocar, si así queda establecido en el
  plenario, la nulidad del acto invocado, así como
  sus consecuencias posteriores que de igual
  manera, la ley procesal penal, ordena sancionar
  aquellos autores de estos despropósitos que al
  asimilar el legislador dominicano su adscripción
  a la teoría de la inadmisibilidad de la prueba
  ilícita, que se representa en ese viejo proverbio
  anglosajón A fruit of the poisonous tree (fruto
  del árbol envenenado), entendiéndose la misma,
  todo medio de convicción obtenido mediante la
  violación de una norma de derecho procesal,
  material o constitucional, o cuando en su
  realización, se vulneran principios morales y
  éticos imperantes en un grupo social determinado,
  hizo que en la norma, toda prueba practicada de
  manera ilícita o siendo prohibida, de manera
  necesaria los elementos de convicción que se
  obtengan, serán igualmente ilícitos y prohibidos
  y, por consiguiente, no podrán ser aprecios como
  medios de prueba que tengan capacidad legal de
  establecer un determinado hecho que la ley
  procesal vigente, ordena que no pueden ser
  valorados los actos cumplidos con inobservancia
  de las formas que impidan el ejercicio del
  derecho a la tutela judicial efectiva o impidan
  el ejercicio de los deberes del ministerio
  público, salvo que el derecho haya sido
  convalidado

Suprema Corte de Justicia Sentencia No. 24, del 3
de marzo de 2006, B. J. 1144, pág. 385
28
Ineficacia probatoria de las fotocopias

• La evidencia documental son todos aquellos
  escritos necesarios para probar determinado hecho
  en controversia. Si lo que se quiere probar es
  el contenido de un escrito se debe requerir la
  presentación del escrito original. Si una parte
  escoge probar determinado hecho mediante el
  contenido de un escrito debe exigirse la
  presentación del original del escrito

Alberto Binder et al. Derecho procesal
penal, Escuela Nacional de la Judicatura,
Editora Amigo del Hogar, Santo Domingo, 2006,
pág. 252.
29
Mínimos de garantías materiales que debe reunir
un elemento probatorio documental

• Eduardo de Urbano Castrillo y
• Miguel Angel Torres Morato,
• La prueba ilícita penal, estudio jurisprudencial,
  

un documento privado para hacer prueba en
juicio ha de reunir un mínimo de garantías
materiales de expresión de voluntad formalmente
emitida sobre la obligación a que se refiere,
tales como legibilidad, datación de fecha,
identificación de partes, comprobabilidad de
firmas, contenido concreto finalístico
tipificable, que le permitan surtir efectos
fidedignos al fin de que se trate además de la
forma especial exigida por la Ley Cuando se trate
de contrato así regulado.
30
Ineficacia probatoria de las fotocopias

• Por sí mismas las fotocopias no prueban nada,
  sino que, como en la pericia, son un objeto a
  probar, es decir, que hay que probarlas cuando
  les falta el requisito de la autenticidad, pues
  en definitiva su valor probatorio depende de su
  concordancia con el documento original

Sentencia del TSS, 31 de marzo de 1992, Citada
por Carlos Climent Durán, La prueba penal, Tomo
I, Tiran lo blanch, Valencia 2005, págs 644 y
645
31
Ineficacia probatoria de las fotocopias

• Como doctrina general, las fotocopias no
  pueden, salvo que sean admitidas en contrario,
  ser estimadas como documentos que no gozan de
  garantía alguna en cuanto a la manipulación de su
  contenido y carecen de demostración de
  autenticidad

Sentencia del Supremo Tribunal de España, Segunda
Sala, 4 de octubre 1991, 8 de febrero 1995
Citado por Eduardo de Urbano Castrillo y Miguel
Angel Torres Morato, La prueba ilícita penal,
estudio jurisprudencial, Editorial Aranzadi,
Navarra, 2000
32
Ineficacia probatoria de las fotocopias

• Una fotocopia simple carece de toda fuerza de
  convicción para servir de medio de prueba de un
  hecho jurídico, pues es un medio inadecuado al no
  ser un original documental

José Manuel Alcaide González, Guía práctica de
la prueba penal. Jurisprudencia de la prueba
ilícita o prohibida y conexión de
antijuridicidad, Dijosa , Madrid, 2005, pág- 427
33
Ineficacia probatoria de las fotocopiasQué dice
nuestra jurisprudencia?

• Aunque los progresos de la técnica fotográfica
  permiten obtener hoy día reproducciones de
  documentos más fieles al original que las copias
  ordinarias, en el estado actual de nuestro
  derecho, tanto para actos bajo firma privada
  como para actos auténticos, sólo el original hace
  fe y debe ser producido todas las veces que se
  invoque como prueba en justicia. Frente a una
  copia el juez debe ordenar la producción del
  original
• (Suprema Corte de Justicia, B. J. 1046, pág. 114)

34
Ineficacia probatoria de las fotocopias

• Considerando que, por otra parte, la
  errónea concepción de 'presunción de
  culpabilidad', podría conducir a desarrollar la
  idea de que el indiciado o el imputado debe
  destruirla, lo que no se ajusta a la verdad
  jurídica, toda vez que en buen derecho realmente
  no existe tal presunción, sino simples méritos
  objetivos de posibilidad, que en definitiva sólo
  pueden concretarse afirmativamente en el texto de
  un sentencia firme de culpabilidad, siempre y
  cuando esa sospecha sea confirmada por la obra de
  la acusación y de la jurisdicción que por
  consiguiente, en un juicio no se le puede imponer
  al imputado la carga de probar su inocencia,
  puesto que él, al llegar al proceso, la posee de
  pleno derecho, y que si la acusación no se prueba
  fehacientemente, con legítimos y objetivos datos
  probatorios legalmente incorporados al juicio, el
  procesado debe ser absuelto, en la medida de que
  son las pruebas, no los jueces, las que condenan
• 7 de septiembre de 2005
• Recopilada en la obra Suprema Corte de Justicia,
• las principales sentencias del 2005
• Bajo la coordinación de la Unidad de
  Investigación y
• Estudios Especiales de la Suprema Corte de
  Justicia
• Abril, 2006, pág. 404

35
Ineficacia probatoria de las fotocopias

• Considerando, que si bien los progresos de la
  técnica fotográfica permiten obtener hoy día
  reproducciones de documentos más fieles al
  original que las copias ordinarias, no es menos
  cierto, que en materia de actos bajo firma
  privada, en el estado actual de nuestro derecho,
  sólo el original hace fe, el cual debe ser
  reproducido todas las veces que se invoque como
  prueba en justicia, pues las fotocopias, en
  principio, están desprovistas de todo valor
  jurídico que no obstante haber enunciado la
  sentencia de primer grado que lo único depositado
  como documento de prueba ha sido la fotocopia del
  contrato de arrendamiento, y para que un acto
  pueda ser ponderado por un tribunal en justicia,
  debe aportarse el original de dicho acto
• continúa

36
Ineficacia probatoria de las fotocopias

• Considerando, que la parte recurrente, en sus
  medios invocados, aduce que la sentencia
  impugnada no dispuso, como era su deber, las
  medidas de instrucción que fueren necesarias,
  frente a la fotocopia aportada, conducente a la
  demostración de la vigencia del contrato de
  arrendamiento que la Corte a-qua, al estatuir en
  base a un documento desprovisto de valor
  jurídico, sin disponer que el original del
  contrato de arrendamiento fuera presentado ante
  el plenario, revela una caracterizada violación
  al ley que no ha permitido a la Suprema Corte de
  Justicia ejercer su poder de control y verificar
  si en el caso se hizo una correcta aplicación de
  la ley , por lo que procede, en vista de que la
  Corte a qua no ha dado base legal a su decisión,
  la casación de dicha sentencia

Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 102,
del 19 de octubre de 2005, B. J. 1139, pág. 929
37
Ineficacia probatoria de las fotocopias

• Considerando, que en cuanto a lo alegado por el
  recurrente y lo fallado por el Juzgado a quo,
  ciertamente reposa en el expediente una fotocopia
  de la sentencia emitida por la corte Suprema,
  Sala de lo Penal, de la República de Panamá, de
  fecha 2 de agosto de 2004, relativa a la causa
  seguida al señor Markus Akermann y otros
  implicados por el delito de falsedad ideológica
  del acta de reunión de accionistas celebrada el
  11 de abril de 1997 en la ciudad de Santo
  Domingo, República Dominicana, y que fue
  protocolizada mediante escritura pública No. 7120
  del 24 de junio de 1997 y por la Notaría Quinta
  del Circuito de Panamá sin embargo, la sentencia
  que se ha aportado es una fotocopia que carece de
  valor probatorio en derecho, por lo cual procede
  declarar con lugar el presente recurso de
  casación y ordenar el envío del caso a un
  tribunal distinto para celebrar un nuevo juicio.

Suprema Corte de Justicia Sentencia del 19 de
abril de 2006.
38
INTENTO DE SORPRESA PROCESAL

• Regla Nadie puede hacerse su propia prueba
  en justicia. (Art. 79 literal b), Ley Monetaria
  y Financiera.
• Normas Especiales.
• Medios de Prueba. Serán admisibles como
  medios de prueba en materia bancaria las copias
  fotostáticas certificadas por la Superintendencia
  de Bancos, para lo cual se cumplirán las
  disposiciones del Artículo 55, de la Ley 834, que
  determinará los requisitos obligatorios que deben
  exigirse para la admisión de pruebas por medios
  electrónicos en materia bancaria y para las
  operaciones de tarjetas de débito y de crédito,
  así como con cualquier otro instrumento de pago
  cualesquiera que sea su base material o
  electrónica.
• Artículo 55 de la Ley No. 834, del 15 de julio
  de 1978 Requiere para su aplicación una orden
  del tribunal.
• El legislador presume que la Superintendencia de
  Bancos es tercero cuando autentica documentos de
  esta forma.

39
(No Transcript)
40
UNA GRAVE DEFICIENCIA PROBATORIA.

• AUSENCIA DE INFORME PERICIAL practicado conforme
  a las reglas establecidas en los artículos 204 y
  siguientes del Código Procesal Penal.
• Experticios necesarios que no se realizaron
• Auditoría forense, contable y financiera
• Auditoría computacional adecuada
• Intentos de acreditar como pruebas nuevas
  experticios realizados por la propia AMF, fuera
  de control judicial.

41
PRESUNCION DE INOCENCIA

• No resulta enervada la presunción de inocencia
  que beneficia a los imputados,en torno a los
  hechos alegados que debieron ser verificados por
  un peritaje regularmente realizado.
• Marcos B impugnó la prueba pericial de AURICH y
  su recreación ante este tribunal, lo cual deberá
  ser valorado por el juzgador en su sentencia.

42
Reglas que rigen el peritaje

• Fundamento legal Artículo 204 del Código
  Procesal Penal.
• Peritaje.- Puede ordenarse un peritaje cuando
  para descubrir o valorar un elemento de prueba
  sea necesario poseer conocimientos especiales en
  alguna ciencia, arte o técnica. La prueba
  pericial debe ser practicada por expertos
  imparciales, objetivos e independientes.

43
Reglas que rigen el peritaje

• Imparcialidad (De imparcial) f. Falta de
  designio anticipado o de prevención a favor o en
  contra de alguien o algo, que permite juzgar o
  proceder con rectitud.
• Objetividad f. Cualidad de objetivo.
• Objetivo,va adj. Perteneciente o relativo
  al objeto en sí mismo, con independencia de la
  propia manera de pensar o de sentir
  2.Desinteresado o desapasionado.
• Independencia f. Cualidad o condición de
  independiente2. Libertad, especialmente la de un
  Estado que no es tributario ni depende de otro
  3. Entereza, firmeza de carácter.

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia
Española, Vigésima segunda edición, Argentina,
2003
44
Características del informe pericial existente en
este proceso penal

• Realizado por una persona que no está investida
  como Contador Público Autorizado. No es miembro
  del Instituto de Contadores (CARD).
• Antiguo funcionario de numerosas entidades de
  intermediación financiera quebradas.
• Antecedentes probados de confrontaciones con
  Marcos Báez, acreditadas por el testigo Príamo
  Concepción Rodríguez y reconocidas por perito.
• No examinó la contabilidad de BANINTER.
• No trabajó con documentos originales.
• Recibió sólo información de Zunilda Paniagua y
  BANINTER.
• Cinco de sus doce solicitudes no fueron
  atendidas.
• Sigue

45
Características del informe pericial existente en
el proceso que nos ocupa

• Su trabajo no es una auditoría, no es un
  experticio forense. Se trata de una simple
  interpretación de documentos a solicitud del Juez
  Instructor.
• No llegó a conclusiones.
• No conoció el sistema informático de BANINTER
• No hizo referencia a fraude en perjuicio de
  depositantes. Ni siquiera usó esta palabra.
• No conoce los deberes fundamentales de un perito.
• Juez de Instrucción le indicó que hiciera su
  trabajo no obstante estar bajo impugnación.
• No verificó ni investigó la denominada cuenta
  BACOSA, pero si la cuenta personal de MARCOS
  BAEZ (Bien manejada)

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Cuáles deben ser las características de un
informe pericial practicado regularmente?

• Conforme a una reciente decisión de la Sala de
  Apelación de la Audiencia Nacional de España, del
  8 de marzo de 2007
• No es fiable un informe pericial realizado sólo
  con la documentación que la querellante
  proporciona y
• La información pericial que presenta más
  garantías para el juzgador es aquella que maneja
  toda la documentación contable que posea toda la
  sociedad mercantil (pág. 13)