LAS PRESTACIONES A LARGO PLAZO: CLASE 2

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LAS PRESTACIONES A LARGO PLAZO
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INTRODUCCIÓN

• Los sistemas de Seguridad Social reservan la
  denominación "prestaciones a largo plazo" para la
  protección de aquellas situaciones que, bien son
  vitalicias (vejez), es presumible que no se vayan
  a modificar (incapacidad permanente), o son
  irreversibles (la muerte), frente a la
  temporalidad de las prestaciones a corto plazo.
  Por ello, mientras que para las primeras
  situaciones los sistemas de Seguridad Social
  otorgan prestaciones en forma de rentas
  periódicas y generalmente vitalicias -pensiones-,
  por el contrario, para las segundas, se suele
  dispensar un subsidio o una prestación a tanto
  alzado.
• No obstante, hay que advertir que esta
  categorización no siempre es general, sino que
  admite excepciones. Existen casos, en que la
  situación de incapacidad permanente (en
  particular, si la disminución de la capacidad de
  trabajo no es elevada) da lugar a prestaciones a
  tanto alzado, como otros, en los que si bien la
  situación a proteger es temporal, la prestación
  que se concede, en cuanto a su duración,
  difícilmente podría calificarse como "a corto
  plazo".

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I. LAS PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE

• 1. La delimitación de la situación protegida.
• Cuando se abordan las prestaciones de la
  Seguridad Social relacionadas con la incapacidad
  o la invalidez permanentes, uno de los primeros
  interrogantes que surge es, precisamente, la
  conceptuación de la contingencia que se trata de
  proteger, es decir, cual es el concepto o la
  definición de la incapacidad/invalidez
  permanente, y a partir de que minoración o
  reducción de la capacidad, el sistema de
  Seguridad Social da cobertura económica.
• Todos los sistemas tienen en cuenta el estado de
  salud, desde una óptica médica, para valorar si
  existe o no una situación protegible. Igualmente,
  en casi todos los países, la incapacidad desde un
  punto de vista médico se asocia a la actividad
  que puede desarrollar el incapacitado, teniendo
  en cuenta su capacidad residual.

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INVALIDEZ

• Como ha señalado la OIT, desde la perspectiva de
  un análisis de las distintas legislaciones, es
  posible distinguir tres conceptos de la
  incapacidad, en cuanto contingencia protegida por
  la Seguridad Social
• Invalidez física Pérdida total o parcial de
  cualquier parte del cuerpo o de cualquier
  facultad física o mental, independientemente de
  sus consecuencias económicas o laborales.
• Invalidez profesional Pérdida de la capacidad
  de ganancia que resulta de la imposibilidad de
  continuar desempeñando la ocupación que se
  ejercía anteriormente.
• Invalidez general Pérdida de la capacidad para
  ganar que resulta de la imposibilidad de
  aprovechar cualquiera de las oportunidades que
  ofrece el mercado de trabajo, aunque se esté en
  disposición de cambiar de ocupación y a aceptar a
  un nivel profesional o social más bajo.

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BIEN PROTEGIDO

• Respecto al bien protegible, hay sistemas de
  Seguridad Social que consideran como fundamento
  de la incapacidad la disminución de la capacidad
  laboral (Argentina, Chile, Dinamarca, España,
  Reino Unido, etc.), frente a otros que sitúan la
  protección de la incapacidad en la pérdida de
  ganancia (Alemania, Austria, Bélgica, Nicaragua,
  etc.).
• Sin embargo, lo más frecuente es que las
  legislaciones no establezcan uno de los dos
  criterios de forma rígida, sino que suelen
  mezclar componentes de ambos, incluso que se
  gradúe el importe de la prestación es decir, la
  invalidez general puede dar derecho a una pensión
  completa, mientras que la invalidez profesional
  puede general una pensión de menor importe.

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1.2. La graduación de la incapacidad.

• Cualquiera que sea el criterio seguido en la
  conceptuación de la incapacidad permanente y del
  objetivo protector, todos los sistemas de
  Seguridad Social tienden a graduar la incapacidad
  en función de la disminución de la capacidad de
  trabajo o de la reducción de la capacidad de
  ganancia, sufrida por el incapacitado. Y a este
  grado de incapacidad se atribuye una prestación
  que tienen en cuenta, en su importe, ese mismo
  grado.
• Aunque existen diferencias apreciables entre los
  distintos sistemas de Seguridad Social, el grado
  requerido se expresa con frecuencia en un
  porcentaje de disminución de la capacidad laboral
  (o de la capacidad de ganancia), siendo el mínimo
  que da derecho a la prestación distinto de un
  sistema a otro, aunque se sitúa en una banda del
  15 al 66.

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Porcentaje mínimo de reducción de la capacidad laboral/capacidad de ganancia Sistemas Europeos Sistemas Iberoamericanos
25 33 50 66 Países Bajos, Suecia España Alemania, Austria y Grecia Francia, Italia y Portugal Nicaragua Bolivia, Colombia, Guatemala y Panamá. Bolivia. Argentina, Costa Rica, El Salvador, Uruguay y Venezuela.
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GRADOS DE INCAPACIDAD

• Por lo general, la graduación de la incapacidad
  da lugar a una calificación distinta de la
  prestación, así como una diferenciación de las
  prestaciones y de su cuantía. Aún partiendo de la
  diversidad de los sistemas, se puede diferenciar
  los siguientes grados
• Incapacidad Parcial. Situación en que la
  reducción de la capacidad laboral o de ganancia,
  aún siendo definitiva, no suele superar el 50.
  e, incluso, puede permitir al trabajador
  continuar con el ejercicio de la profesión que
  venía realizando con anterioridad.
• Este grado da lugar a una prestación económica,
  si bien de cuantía reducida, pudiendo consistir
  en una renta vitalicia -pensión- o en una
  prestación a tanto alzado.
• Incapacidad total. Consiste en una reducción de
  la capacidad laboral o de ganancia significativa,
  generalmente por encima del 50, y que suele
  impedir al interesado ejercer, al menos, la
  profesión que desarrollaba con anterioridad a la
  declaración de la incapacidad. Esta situación
  suele dar lugar a una prestación, generalmente
  vitalicia, (al menos, en tanto, no se modifique
  la situación incapacitante).
• Incapacidad absoluta. Implica una disminución de
  la capacidad laboral tal que imposibilita al
  inválido para el ejercicio de cualquier actividad
  laboral o profesional (en otros sistemas, la
  incapacidad absoluta se identifica con la
  incapacidad total). Este grado da lugar a una
  prestación vitalicia -pensión- en un importe
  superior a los demás grados, en lógica
  correspondencia con esa reducción de la capacidad
  laboral.

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1.3. Los requisitos de acceso a la prestación
La declaración de la incapacidad. Períodos de
calificación exigidos.

• La declaración de la incapacidad permanente
• Los períodos de calificación

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1.4. La cuantía de las prestaciones.

• La cuantía de las prestaciones de incapacidad
  permanente -en particular, cuando las mismas
  revisten la forma de pensiones- es el resultado
  de aplicar a un promedio de los salarios
  sometidos a cotización en un período determinado
  y previo al momento en que se causa la prestación
  (período que se denomina "base reguladora",
  "haber regulador" o "salario regulador"), un
  porcentaje, que varía en función del de reducción
  de la capacidad laboral o de la capacidad de
  ganancia. No obstante, en algunos sistemas la
  pensión de incapacidad permanente se expresa como
  un porcentaje -en función de la reducción de la
  capacidad laboral- de la pensión que
  correspondería en los supuestos de jubilación o
  vejez.

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II. LAS PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA.

• Las prestaciones de "muerte y supervivencia"
  tienen como objetivo básico subvenir a las
  situaciones de necesidad que se crean para las
  personas que dependen económicamente de otra,
  cuando ésta fallece. El supuesto de hecho de la
  protección, en consecuencia, suele constar de dos
  elementos concurrentes de una parte, la muerte,
  requisito de hecho que no ofrece ninguna
  dificultad definitoria de otra, la dependencia
  económica, que presenta una gran multiplicidad
  de variantes, que pueden ser tenidas en cuenta
  por el ordenamiento de la Seguridad Social.

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Clases de prestaciones

• De una parte, la propia defunción provoca
  necesidades de enterramiento, funerales, etc.,
  que ocasionan determinados gastos, que son
  generalmente sufragados por los familiares del
  difunto. La necesidad social surge pues derivada
  del incremento de gastos que la propia muerte
  conlleva para la familia. Esta necesidad es la
  que origina que en los sistemas de Seguridad
  Social se suela conceder una prestación de
  "auxilio de defunción" o de "compensación de
  gastos de enterramiento".
• De otra, la muerte provoca la privación de
  ingresos con que subsistían las personas que
  convivían y eran mantenidas a cargo y por cuenta
  de la persona fallecida. La necesidad a dar
  cobertura consiste, en este caso, en la
  supervivencia de tales personas y surge como
  derivada del defecto o la ausencia de ingresos
  que la muerte produce en el patrimonio de la
  persona fallecida. A la protección de esta
  necesidad, responden las prestaciones otorgadas
  en favor de los familiares más directos del
  difunto

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Requisitos de las prestaciones de muerte y
supervivencia.

• Períodos de calificación exigidos.
• Otros requisitos En algunos sistemas
  iberoamericanos no solo se reconoce pensión de
  viudedad a quién haya sido cónyuge, sino también
  a quién ha convivido con el fallecido, sin haber
  formalizado la situación (concubinato o pareja de
  hecho) -por ejemplo, en los sistemas de Colombia,
  Costa Rica, Nicaragua, Paraguay o Venezuela-.

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De los hijos

• Para tener derecho a pensión los hijos del
  fallecido, además de la convivencia y dependencia
  económica del fallecido, se suele exigir que
  aquellos no sobrepasen de una determinada edad,
  que suele situarse en los 18 años, límite que
  puede prolongarse por razón de estudios u otras
  razones hasta los 23 años (España) o los 27
  (Alemania o Austria). En los sistemas
  iberoamericanos, se sigue una línea semejante se
  suele tener derecho a pensión de orfandad hasta
  los 18 años (14 en el caso de Venezuela), límite
  que puede prolongarse hasta los 21 ó 25 años, en
  caso de estudios (por ejemplo, en el sistema de
  Costa Rica).

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Otros familiares

• Además del cónyuge (o persona asimilada) y de los
  huérfanos, los sistemas de Seguridad Social
  reconocen pensiones en favor de determinados
  familiares (por ejemplo, padres, hermanos o
  nietos) del trabajador fallecido, siempre que en
  los mismos concurran los requisitos ya señalados
  de convivencia y dependencia económica.

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Porcentaje sobre pensión o sobre base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad Porcentaje sobre pensión o sobre base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad
Porcentaje Sistema Seguridad Social
20 - 80 Uruguay, Austria
30 - 40 Alemania, Costa Rica y Portugal.
30 - 50 Bélgica.
40 - 50 España
50- 60 Bolivia, Chile, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia y Panamá.
60 o más Alemania (1), España (2), Paraguay.

1. En supuestos especiales 70
2. Para las pensiones más bajas y pensionistas con
   menores ingresos 70.

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III.- LA VEJEZSITUACION PROTEGIDA

• a) En una primera acepción, la vejez puede
  entenderse como sinónima de ancianidad, entendida
  como último período de la vida del hombre, al que
  se llega tras un recorrido dedicado a la
  actividad y a la producción. Es suficiente, por
  tanto, llegar a ese período y alcanzar una
  determinada edad, para encontrarse en la
  situación de vejez, con independencia del estado
  físico-psíquico de la persona.
• En esta acepción, la protección se basa en el
  derecho al descanso obtenido y merecido por la
  aportación a la actividad productiva realizada
  durante un largo período de tiempo. Esta
  protección se considera como jubilación -acepción
  recogida generalmente del Derecho administrativo
  aplicable a los funcionarios- y se considera como
  una contraprestación en razón de los años de
  productividad y de servicio.
• Por último, esta protección se configura como la
  suma ahorrada durante el período de actividad y
  detraída, generalmente con carácter obligatorio,
  para ser dedicada al descanso de la persona que
  ha entrado en el período de vejez, por lo que la
  cuantía de la prestación a percibir está en
  proporción al tiempo de actividad.

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LA VEJEZSITUACION PROTEGIDA

• En una segunda acepción, la vejez se considera
  como sinónima de la senectud o senilidad,
  entendida como erosión del estado físico o
  psíquico de la persona, a consecuencia del
  transcurso del tiempo. En este sentido, no basta
  con que se cumpla una determinada edad, sino la
  constatación de que se ha producido esa
  minoración de las facultades físicas o psíquicas.
  No obstante, es normal que esta erosión se
  presuma por el cumplimiento de una determinada
  edad, que suele ser más elevada que cuando en la
  protección de la vejez se atiende al descanso.
• Por ello, en esta segunda acepción la protección
  no se fundamenta tanto en el derecho al descanso,
  como en la situación de necesidad social
  producida por esa reducción de las facultades
  físicas o psíquicas de las personas, que les
  impide continuar en el trabajo y, por tanto,
  procurarse los ingresos para su subsistencia. La
  protección se configura como "retiro", es decir,
  alejamiento de las actividades ordinarias, cuyo
  desarrollo queda impedido o dificultado por esa
  erosión del estado físico de la persona.
• El nivel de la protección queda desconectado del
  tiempo de la actividad laboral, puesto que
  atiende más a atención de la situación de
  necesidad provocada por la incapacidad para el
  trabajo, en razón de la edad.

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LA VEJEZSITUACION PROTEGIDA

• La segunda de las acepciones es la que fue
  seguida en los albores de la articulación de los
  sistemas de Seguridad Social. Así, aparece en la
  Ley alemana de 1899, y fue seguida por los
  sistemas de inspiración bismarckiana en unos
  primeros momentos. Por ello, la vejez solía
  entenderse como complementaria de la incapacidad
  o invalidez, e incluirse dentro de un mismo
  Seguro o mecanismo de protección . Este criterio
  también fue seguido por la OIT en los distintos
  Convenios o Recomendaciones durante la primera
  mitad del siglo XX. No obstante y en una fase
  posterior, ese criterio va quedando sustituido
  por el de la protección a la jubilación, sin
  perjuicio de que se mantenga la vejez como
  senilidad en los mecanismos de protección
  asistenciales o no contributivos.
• En la doctrina científica, mientras existen
  autores que se ha inclinado por la equiparación
  de la vejez con la incapacidad (entre ello,
  Barassi o Venturi, otros, por el contrario, se
  muestran contrarios a esa equiparación,
  inclinándose en mayor medida por la vejez como
  "derecho al descanso" .

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TECNICAS O MECANISMOS

• Las distintas técnicas o mecanismos que se han
  articulado en la provisión de prestaciones por
  vejez se pueden sintetizar en tres grandes
  grupos
• a) Regímenes universales. A través de los mismos
  se conceden a todas las personas residentes, que
  hayan sobrepasado la edad que esté establecida,
  una prestación con independencia de sus ingresos,
  su situación laboral o de la totalidad de sus
  rentas.
• b) Regímenes de asistencia. Mediante estos
  regímenes se establecen prestaciones a las
  personas de edad necesitadas, condicionadas a la
  comprobación de sus recursos y de los gastos a
  los que, de forma inevitable, deben hacer frente.
• c) Regímenes de Seguro Social. Los mismos
  proporcionan prestaciones a sus afiliados de
  edad, con arreglo al tiempo que hayan trabajado o
  a las cotizacionesiii que hayan abonado.

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LOS REQUISITOS DE ACCESO A LAS PRESTACIONES

• El requisito de la edad. La mayor parte de los
  sistemas de Seguridad Social fijan una
  determinada edad a partir de la cual se percibe
  la prestación de vejez, si se cumplen las demás
  condiciones exigidas. En este ámbito, es preciso
  distinguir entre la "edad que normalmente da
  derecho a pensión" y "la edad de jubilación".Esta
  última suele designar la edad en que un
  trabajador decide dejar de realizar una actividad
  laboral o profesional o se encuentra obligado por
  el ordenamiento jurídico a hacerlo, con
  independencia de que se tenga derecho o no a la
  pensión de vejez, aunque difícilmente los
  trabajadores dejarán la actividad - de la que
  obtienen los recursos básicos de su existencia-
  si no pueden lucrar una pensión. Por ello, los
  distintos sistemas suelen hacer coincidir ambos
  límites, de forma que la edad de jubilación -en
  caso de existir- sea la misma a partir de la cual
  se accede a la correspondiente pensión.

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Edad exigida para el acceso a la pensión de jubilación Sistemas europeos Sistemas iberoamericanos
55 años Bolivia
60 años Francia. Colombia, Cuba (3), El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
63 años Italia (1)
65 años .Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Grecia, Irlanda (2), Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.
67 años Dinamarca.
(1) Esta edad se está ampliando
progresivamente en un año por cada 18 meses, en
orden a que se sitúe en los 65 años. (2) En el
caso de la pensión de Vejez (universal) se
requiere 66 años. (3) 65, en caso de pensión
extraordinaria.
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Los períodos previos de calificación.

• El reconocimiento de las prestaciones de vejez o
  de jubilación queda condicionada en la mayor
  parte de los sistemas de Seguridad Social, a la
  acreditación por parte de los interesados de unos
  determinados períodos de calificación,
  consistentes en el abono de unos años de
  cotización o en la realización de períodos de
  empleo o de residencia.

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Período mínimo de cotización (años) para el acceso a la pensión de jubilación. Sistema de Seguridad Social
Menos de 1 año Francia, Reino Unido.
3 años Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia
5 años Alemania, Costa Rica
8 años Brasil
12 años Grecia
15 años Austria, Bolivia, España, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela
16 años Italia (1)
20 años Colombia (2) y Perú.
25 años Cuba, El Salvador y Paraguay (3)
30 años Argentina (3)
(1) El período de 16 años se está ampliando
progresivamente, medio año por cada año natural
transcurrido, a fin de que el período de
calificación se sitúe en los 20 años. (2) En el
régimen de gestión privada -AFP- se requieren
1.150 semanas. (3) Existen reglas especiales,
cuando no se acreditan estos períodos.
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LA CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES

• La cuantía de las pensiones de vejez o de
  jubilación varía según sea el régimen que abona
  la pensión. En los regímenes asistenciales o no
  contributivos, la pensión suele ser de cuantía
  uniforme, existiendo no obstante suplementos, en
  función, generalmente, de las cargas familiares
  del pensionista. En los regímenes universales, la
  pensión (en principio uniforme, salvo los
  suplementos otorgados a los pensionistas sin
  recursos suficientes), puede variar en función de
  los períodos de residencia o de empleo.
• Por el contrario, en los sistemas contributivos o
  regímenes basados en el Seguro Social la cuantía
  de la pensión está en función de las cotizaciones
  ingresadas por el interesado a lo largo de su
  vida laboral a su valor nominal. Esta cuantía se
  suele calcular en función del promedio de las
  cotizaciones realizadas en un determinado
  período, generalmente inmediatamente anterior al
  momento de acceso a la pensión, promedio al que
  se aplica un porcentaje, en razón de los años de
  cotización acreditados

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La "base reguladora" o "haber jubilatorio"

• Para calcular la cuantía de la pensión de vejez o
  de jubilación, en aquellos sistemas que persiguen
  que exista una proporcionalidad entre ese importe
  y las cotizaciones realizadas en la época de
  actividad, se suele efectuar un promedio de las
  cotizaciones realizadas en una época determinada
  anterior al acceso a la pensión de jubilación.
  Ese promedio se denomina, según los distintos
  sistemas, "base reguladora", "haber regulador",
  "salario jubilatorio" ó haber jubilatorio".

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El porcentaje aplicado a la base reguladora

• El segundo elemento, para la determinación de la
  cuantía de la pensión, es el porcentaje que se
  aplica a la base reguladora, porcentaje que varía
  en función de los años de cotización o de empleo,
  acreditados por el interesado. Este porcentaje se
  suele situar en la banda del 30 al 60, cuando
  se acredita el período mínimo de cotización
  exigido, y entre el 60 al 100, cuando se
  acredita el período máximo de cotización, período
  máximo que suele situarse en torno a los 30 a 40
  años.

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LA ACTUALIZACIÓN O REVALORIZACIÓN DE LAS
PENSIONES DE VEJEZ.

• Existen varios procedimientos en la forma en que
  se actualizan las pensiones a la evolución de la
  economía
• a) Adaptaciones a intervalos establecidos o
  adaptaciones automáticas, cuando los
  procedimientos para llevar a cabo la misma están
  regulados en la legislación propia de la
  Seguridad Social.
• b) Adaptaciones posibles, en la medida en que la
  legislación prevé que la cuantía de las
  prestaciones será objeto de un reexamen
  periódico, si bien no específica los
  procedimientos ni los límites.
• c) Ajustes o adaptaciones especiales, cuando la
  legislación no los prevé, pero las autoridades
  admiten que tiene la responsabilidad de llevarlos
  a cabo y, por ello, modifican cada cierto tiempo
  la cuantía de las prestaciones mediante una
  legislación específica

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LA FLEXIBILIDAD EN EL ACCESO A LAS PENSIONES DE
VEJEZ O JUBILACIÓN

• Como regla general, la anticipación de la edad de
  jubilación suele implicar una reducción de la
  cuantía de jubilación, mientras que el retraso en
  el acceso a la pensión supone una mejora del
  importe de la pensión. No obstante, también el
  acceso a la pensión se ve afectado por
  determinadas necesidades de política económica y
  social, que se sitúan, en sí mismas, al margen
  del sistema de pensiones, pero que
  inevitablemente le afectan.

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OTROS CONCEPTOS

• La jubilación anticipada voluntariamente
• El diferimiento o retraso en el acceso a la
  jubilación
• La jubilación flexible.

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LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL PERCIBO DE LA PENSIÓN
DE VEJEZ Y EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD

• En aquellos sistemas en que el acceso a la
  pensión se concibe como un descanso y como el
  premio a toda una vida dedicada a la producción,
  en principio no existen problemas para que pueda
  compatibilizarse el percibo de la pensión de
  vejez y la realización de un trabajo, ya que la
  pensión es algo ganado por el propio pensionista,
  en razón del ahorro que, a través de las
  cotizaciones sociales, ha realizado. Por el
  contrario, en los regímenes universales y en los
  asistenciales, en cuanto que la pensión implica
  dar una renta económica a quién en razón de la
  edad debe dejar el trabajo, no resulta posible
  compatibilizar el percibo de la pensión con el
  desarrollo de la actividad.

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Compatibilidad percibo pensión/realización de un trabajo Sistemas europeos Sistemas iberoamericanos
Permiten la compatibilidad entre el percibo de la pensión y el desarrollo de un trabajo. Alemania, Austriai Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Paraguay, R. Dominicana y Venezuela.
No permiten la compatibilidad entre el percibo de la pensión y el desarrollo de un trabajo. España, Francia, Irlanda, Italia. Bolivia, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.

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LA IMPOSICIÓN FISCAL DE LAS PRESTACIONES DE VEJEZ
O JUBILACIÓN

• Unos entienden que los pensionistas ya tuvieron
  que pagar los impuestos en su época de activo, en
  los que contribuyeron de forma decidida a la
  riqueza del país. Por ello, en los momentos de
  cese en la actividad y percibo de las
  correspondientes pensiones de jubilación,
  aquellos deberán percibir sus importes íntegros,
  sin soportar ninguna minoración, lo cual se
  consigue si las pensiones no quedan sujetas a la
  imposición fiscal.
• Para otra corriente de opinión, no existe una
  fundamentación, objetiva y de equidad social,
  para que los pensionistas tengan un tratamiento
  fiscal distinto que el resto de la colectividad.
  Los pensionistas perciben, a través de sus
  pensiones, unos determinados ingresos o rentas,
  como lo hacen, a través de sus salarios, los
  trabajadores en activo.