V Jornadas Nacionales de la Competencia

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V Jornadas Nacionales de la Competencia

• La aplicación de la normativa de competencia a
  las Administraciones Públicas
• Reflexiones en torno a la Resolución de la CNC,
  de 14 de abril de 2009 (Colegio de Farmacéuticos
  de Castilla La Mancha)
• Juan Luis Crucelegui Garate
• Sevilla, 14 de abril de 2011

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La Administración ante el Derecho antitrust

• Actuaciones decisiones y conductas de los
  poderes públicos que persiguen la provisión o la
  garantía de determinadas prestaciones económicas
  sociales
• En su actuación cabe considerarla como
• Regulador
• Operador económico

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Hechos relevantes

• Convenio entre SESCAM y el CCOFCAM de 29 de junio
  de 2006
• Provisión de medicamentos a los centros socio
  sanitarios por las oficinas de farmacia (sistema
  voluntario de turnos de reparto)
• Descuento del 6 sobre el precio de facturación
  (residencias 50 o mas personas)
• No entramos a considerar la legalidad del acto
  (convenio) desde el punto de vista formal ni
  sobre la naturaleza del descuento del 6 (aunque
  hay autores que ponen en entredicho ambos
  aspectos)

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Resolución CNC de 14 de abril de 2009

• Analiza la naturaleza jurídica (empresa) y la
  intervención del SESCAM y lo sitúa como operador
  económico (voto particular en contra, lo
  considera regulador)
• Analiza la conducta y sus efectos los considera
  contrarios al artículo 1.1 LDC
• No sanciona por aplicación del principio de
  confianza legítima en base a la modificación de
  la doctrina existente hasta el momento
  (Resolución del TDC de 18 de junio de 2001,
  R434/00. Farmacias de Madrid)

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Voto particular

• Cuestiona el sometimiento de las autoridades
  sanitarias a la legislación de competencia cuando
  acuden al mercado a aprovisionarse de productos
  necesarios para la prestación de un servicio
  público
• Considera que el SESCAM actúa como regulador
• Discrepa con la nueva doctrina y considera que la
  actuación del SESCAM se encuentra amparada en la
  Ley 29/2006 del Medicamento (garantía y uso
  racional)
• Propugna que el análisis de los efectos del
  acuerdo en el mercado se realice bajo el prisma
  del artículo 13.2 LDC si la regulación supone un
  obstáculo al mantenimiento de una competencia
  efectiva

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Consecuencias

• Dónde está la línea divisoria entre el papel de
  regulador y de operador económico en la actuación
  de una autoridad pública ante una restricción de
  la competencia
• Principio de confianza legítima es aplicable en
  virtud del contenido del propio convenio o de la
  regulación cuestionada.

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Efectos en la contratación pública

• Si en lugar de regular el suministro a través de
  un convenio con los Colegios y farmacias se
  hubiera convocado un concurso público para
  seleccionar farmacias que posteriormente actuaran
  a través de un sistema de turnos.
• Se podría perseguir la actuación administrativa
  por el derecho antitrust?
• Esta doctrina puede dar pie a que las autoridades
  de competencia puedan intervenir en los
  procedimientos de contratación pública cuando los
  pliegos conllevan restricciones a la competencia?

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Confianza legítima

• La actuación administrativa que da lugar a una
  situación o una conducta contraria a los
  artículos 1, 2 o 3 LDC puede generar una
  confianza legítima en la conducta que el
  adjudicatario o las empresas encargadas de
  prestar un servicio deben llevar a efecto?

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Criterios para la aplicación del principio de
confianza legítima

• El principio de confianza legítima se construye a
  partir de tres elementos básicos
• 1.      Elemento objetivo cambio normativo que
  de manera sorpresiva, sin medidas transitorias ni
  mecanismos de compensación altera la estabilidad
  de concretas situaciones jurídicas y frustra
  expectativas jurídicas creadas hasta ese momentos
  para el destinatario
• 2.      Elemento subjetivo confianza justificada
  del sujeto de derecho respecto de la estabilidad
  y previsibilidad del marco jurídico vigente.
• 3.      Elemento finalista protección de
  situaciones jurídicas consolidadas en condiciones
  de legalidad y como resultado de un
  reconocimiento fehaciente de tal condición por
  parte del poder público.
• En todo caso, para que opere el principio de
  confianza legitima, debe tratarse de signos o
  actos externos que la Administración produce, lo
  suficientemente concluyentes como para inducir
  razonablemente al particular (publico o privado),
  a realizar u omitir una actividad que directa o
  indirectamente repercute en su espera patrimonial
  o en sus situaciones jurídicas individualizadas
  (STJCE de 14 de Mayo de 1975 y STJCE de 1 de
  Marzo de 1991).
•  

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Federación de Caza de Gipuzkoa (FCG)

• Delegación de potestades públicas a las
  federaciones deportivas emisión de licencias y
  contratación de un seguro colectivo obligatorio
• La FCG obliga a contratar este seguro a todos los
  licenciados o solicitantes de licencia y excluye
  la contratación de otros seguros
• Existe una circular de la Dirección de Deportes
  del Gobierno que obliga a la Federación a actuar
  de esta manera
• El TVDC constató una infracción al artículo 2 LDC
  pero no sancionó en aplicación de la confianza
  legítima

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Conclusiones

• Determinar el alcance de la nueva doctrina de la
  CNC
• Tomar en consideración el principio de confianza
  legítima
• Coordinar la actuación de las AACC
• No olvidar que existe la vía de la legitimación
  activa para impugnar actos administrativos en
  caso de duda