Demandas Laborales contra Entes P

1
Demandas Laborales contra Entes Públicos Julio
Alejandro Pérez Graterol
2
SUJETOS ACTIVOS

• Los obreros al servicio de los entes públicos es
  decir el trabajador en cuya labor predomina el
  esfuerzo manual o material, independientemente si
  requirió entrenamiento especial o aprendizaje
  para realizar su labor

3
NO SON SUJETOS ACTIVOS

• Los Funcionarios Públicos una especie de
  dependientes que por mandato constitucional (art.
  144 CRBV) están sometidos régimen exorbitante de
  derecho público

4
Base Constitucional

• Los Funcionarios Públicos una especie de
  dependientes que por mandato constitucional (art.
  144 CRBV) están sometidos régimen exorbitante de
  derecho público

5
NO SON SUJETOS ACTIVOS

• CRBV
• Artículo 144.-La ley establecerá el Estatuto de
  la función pública mediante normas sobre el
  ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro
  de los funcionarios o funcionarias de la
  Administración Pública, y proveerá su
  incorporación a la seguridad social. La ley
  determinará las funciones y requisitos que deben
  cumplir los funcionarios públicos y funcionarias
  públicas para ejercer sus cargos.

6
SCS-TSJ de fecha 17-05-2000(caso Leocadio
Martínez Vs Municipio Autónomo Paz Castillo del
Estado Miranda)

• Ahora bien, de lo anterior se colige que el
  demandante, si bien es cierto que desempeñaba un
  servicio en calidad de conductor en un ente
  municipal, no es menos cierto, que la labor
  realizada por éste no requiere esfuerzo
  intelectual, por lo tanto no se le puede
  calificar de empleado, y siendo que lo relevante
  para determinar cual es el órgano jurisdiccional
  competente debe ser la adecuada calificación del
  tipo de prestación de servicio desempeñado, ya
  que ésta será la que regirá las situaciones y
  relaciones jurídicas derivadas del hecho
  trabajo.

7
Casos de Interés

• Funcionarios sin concurso
• Contratados
• Personal docente
• Dependientes Universitarios
• Administración Descentralizada Municipal

8
Funcionarios sin concurso

• Sentencia de la CPCA de fecha 27-03-2003
• (caso DIANA MARGARITA ROSAS ARELLANO, Vs Alcaldía
  del Municipio Torres del Estado Lara)
• No obstante, quiere esta Corte aclarar, que
  todos aquellos funcionarios que hayan ingresado a
  la Administración mediante nombramiento, sin
  efectuar el concurso a que hace alusión la
  Constitución y la Ley, o que estén prestando
  servicios en calidad de contratados en cargos de
  carrera, tendrán derecho a percibir los
  beneficios económicos de su efectiva prestación
  de servicios, en las mismas condiciones que los
  funcionarios que hayan sido designados mediante
  concurso público, es decir, a la remuneración
  correspondiente al cargo desempeñado, así como el
  pago de las prestaciones sociales al finalizar la
  relación laboral, pero en lo que atañe a su
  estabilidad y a los derechos derivados de ésta,
  no pueden asimilarse a un funcionario de derecho,
  en directa aplicación de lo preceptuado en las
  normas constitucionales y legales antes
  indicadas, y así se decide.

9
Funcionarios sin concurso

• Asimismo los reconocimientos efectuados por la
  Administración y por los órganos
  jurisdiccionales, que acrediten como funcionarios
  de carrera a aquellos que no hayan cumplido con
  los requisitos para el ingreso a la carrera y que
  sean anteriores a la publicación de la
  Constitución de la República Bolivariana de
  Venezuela y de la presente decisión, serán
  considerados válidos y por tanto tales
  funcionario gozarán de estabilidad y de los
  mismos beneficios socioeconómicos que los
  funcionarios que hayan ingresado mediante el
  cumplimiento de los requisitos previstos en la
  Carta Fundamental y la Ley del Estatuto de la
  Función Pública, puesto que tales actos y hechos
  jurídicos funcionariales se consolidaron bajo la
  aplicación de la derogada Constitución Nacional
  de 1961, la cual -de conformidad con la
  interpretación dada por esta Corte y la antigua
  Corte Suprema de Justicia- permitía tales
  consecuencias.
• Por otra parte, los funcionarios que se
  encuentren en el desempeño de un cargo de carrera
  en situación irregular -bien como contratados o
  bien siendo funcionario de hecho-, tendrán
  derecho a concursar para optar a la condición o
  status de carrera y el tiempo de servicio
  prestado por ellos, así como las condiciones en
  las cuales haya desempeñado sus servicios,
  deberán ser estimados por la Administración en el
  baremo o método de evaluación que a los efectos
  del concurso se establezca.

10
Contratados

• Sentencia de SCS-TSJ fecha 05-04-2001
• (caso Edimson José Vivas Pereras contra la
  Alcaldía del Municipio Barinas)
• El criterio utilizado por el primero de los
  Tribunales mencionado supra, se basa en el
  carácter público del accionante, lo cual, a
  juicio de esta Sala, constituye un error, pues si
  bien algunos de los que trabajan en la
  Administración Pública se rigen por las normas
  especiales sobre carrera administrativa, éstos no
  conforman la totalidad del personal al servicio
  de la Administración, pues hay quienes están
  expresamente excluidos de las normas sobre
  Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o
  Municipales, como es el caso de los que prestan
  servicios bajo contrato por tiempo determinado
  por necesidades especiales de la Administración.
• (omisis)
• A tal efecto, atendiendo a la naturaleza de
  trabajador ordinario del demandante, es criterio
  de esta Sala que los tribunales de la
  jurisdicción laboral son los competentes para
  conocer del presente proceso y, específicamente,
  para conocer de la apelación interpuesta contra
  la sentencia que declaró con lugar el reenganche
  y pago de salarios caídos.

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Contratados

• Sentencia de SPA-TSJ de fecha 18-11-2003
• (caso YRIS AURORA BELZARES RODRÍGUEZ, Vs UCLA.)
• En atención a las precisiones antes expuestas y
  a la norma parcialmente transcrita, considera
  esta Sala que, al tratarse el caso de autos de
  una acción por cobro de diferencia de
  prestaciones sociales interpuesta por una docente
  contra la Universidad Centro Occidental Lisandro
  Alvarado, con ocasión a su relación laboral,
  controversia esta, referida a una relación de
  carácter funcionarial, la competencia corresponde
  a la Corte Primera de lo Contencioso
  Administrativo, por cuanto se está ante una
  autoridad que no se corresponde con ninguna de
  las señaladas en los ordinales 9º, 10, 11 y 12
  del artículo 42 eiusdem, ni su conocimiento está
  atribuido a otro tribunal.
• En consecuencia, corresponde en primera
  instancia a la Corte Primera de lo
  Contencioso-Administrativo, el conocimiento y
  decisión de la presente acción, y en segunda
  instancia a esta Sala Político-Administrativa.
  Así se decide

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Personal Docente

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 03-05-2000
• (caso CARMEN MERCEDES PINEDA DE ALVARADO, Vs
  GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA)
• En el caso aquí examinado, se trata de una
  docente por tanto, la ley que los rige es la Ley
  de Educación, la cual, en su artículo 86
  establece "Los miembros del personal docente se
  regirán en sus relaciones de trabajo por las
  disposiciones de esta Ley y por la Ley del
  Trabajo."
• Asimismo, el artículo 87 eiusdem prevé "Los
  profesionales de la docencia gozarán de las
  prestaciones sociales en la misma forma y
  condiciones que la Ley del Trabajo establece para
  los trabajadores, sin perjuicio de los beneficios
  acordados por otros medios."
• Por otra parte, la Ley de Carrera Administrativa
  del Estado Lara, publicada en Gaceta Oficial del
  Estado Lara Nº 35 de fecha 3 de enero de 1989, en
  el ordinal 5º del artículo 6, dispone que
  "Quedan exceptuados de la aplicación de la
  presente Ley ...5) El personal en ejercicio de
  cargos docentes."

13
Personal Docente

• Sentencia de SC-TSJ de fecha 12-02-2004
• (caso REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA)
• Por lo tanto, el conocimiento de los litigios
  que versen sobre tal relación de empleo público
  entre los docentes y la Administración Pública
  corresponde a los órganos jurisdiccionales con
  competencia en materia contencioso-administrativa
  funcionarial, de acuerdo con lo establecido en el
  artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función
  Pública en este sentido, cabe destacar lo
  dispuesto por la disposición transitoria primera,
  según la cual mientras se dicte la ley que
  regule la jurisdicción contencioso-administrativa,
  son competentes en primera instancia para
  conocer de las controversias a que se refiere el
  artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas
  superiores con competencia en lo
  contencioso-administrativo en el lugar donde
  hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere
  dictado el acto administrativo, o donde funcione
  el órgano o ente de la Administración Pública que
  dio lugar a la controversia.

14
Personal Universitario

• Personal Docente e investigación
• Personal Administrativos
• Obreros

15
Personal Universitario

• Sala de Casación Social del 21-09-2000
• (caso DIMAS HERNÁNDEZ ESCALONA Vs REPÚBLICA DE
  VENEZUELA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
• "Al respecto, esta Corte en sentencia de fecha 2
  de agosto de 1994 (Caso José Quintero vs.
  Universidad del Zulia), estableció en relación
  con los distintos regímenes aplicables al
  personal de las Universidades Nacionales, tres
  modalidades distintas, a saber
• a) Como obreros en tal caso estarán regidos en
  sus relaciones con la Universidad por la Ley del
  Trabajo, tal y como lo dispones el artículo 6º de
  la citada norma, y como lo acuerda el ordinal 6º
  del artículo 5 de la Ley de Carrera
  Administrativa, que exceptúa de su aplicación a
  los obreros contratados en tal carácter y
• b) El personal docente y de investigación
  quienes se rigen en sus relaciones con las
  Universidades por las normas contenidas en la Ley
  de Universidades, y como lo dispone el artículo 5
  de la Ley de Carrera Administrativa...(Omissis).
• c) Los empleados administrativos quienes rigen
  sus relaciones de prestación de servicio por la
  Ley de Carrera Administrativa'.

16
Personal Universitario

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 13-11-2001
• (caso FRANCISCO GAMBOA Vs UNIVERSIDAD NACIONAL
  EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG))
• Conforme al criterio sostenido por esta Sala, el
  trabajador demandante al haberse desempeñado como
  Administrador II en el departamento de Tesorería
  de la Universidad Nacional Experimental de
  Guayana (UNEG), es un funcionario público, por lo
  que en consecuencia, corresponde conocer y
  decidir el presente asunto al Tribunal de la
  Carrera Administrativa, con sede en la ciudad de
  Caracas, y así se decide

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Personal Universitario

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 07-11-2001
• (caso EDICCIO JOSÉ RAMÍREZ GODOY, vs JUNTA
  DIRECTIVA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
  DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
  EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA)

18
Personal Universitario

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 18-10-2000
• (caso EVARISTO RAMÍREZ CAMPOS Vs sociedad civil
  INSTITUTO UNIVERSITARIO DE NUEVAS PROFESIONES)

19
Administración Descentralizada Municipal

• LORM
• Artículo 153.-El Municipio o Distrito deberá
  establecer un sistema de administración de
  personal que garantice la selección, promoción y
  ascenso por el sistema de mérito una
  remuneración acorde con las funciones que se
  desempeñen estabilidad en los cargos y un
  adecuado sistema de seguridad social, a menos que
  exista uno nacional, al cual debe afiliarse
  obligatoriamente el personal municipal o
  Distrital.
• En todo lo relacionado con las jubilaciones y
  pensiones de los empleados públicos se aplicara
  la ley nacional
• Los empleados de los Institutos Autónomos
  Municipales son funcionarios públicos sujetos al
  régimen de administración de personal a que se
  refiere el presente artículo.
• Artículo 154.- Los trabajadores de las entidades
  descentralizadas y mancomunidades, no tendrán
  carácter de funcionarios públicos.

20
Administración Descentralizada Municipal

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 15-03-2000 (Caso
  Alexander Pérez, Vs La Mancomunidad Cuerpo De
  Bomberos Del Este)

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Sujetos Pasivos

• Entes políticos territoriales
• LA REPUBLICA
• LOS ESTADOS
• MUNICIPIOS (Distritos Metropolitanos)
• Entes descentralizados funcionalmente
• Formas de Derecho Publico
• Institutos Autónomos
• Universidades
• Mancomunidades
• Forma de Derecho Privado
• Empresas del Estado
• Fundaciones del Estado
• Asociaciones del Estado

22
Privilegios Procesales

• CRBV
• Artículo 21.- Todas las personas son iguales ante
  la ley, y en consecuencia
• 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en
  la raza, el sexo, el credo, la condición social o
  aquellas que, en general, tengan por objeto o por
  resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
  goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de
  los derechos y libertades de toda persona.
• 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y
  administrativas para que la igualdad ante la ley
  sea real y efectiva adoptará medidas positivas a
  favor de personas o grupos que puedan ser
  discriminados, marginados o vulnerables
  protegerá especialmente a aquellas personas que
  por alguna de las condiciones antes
  especificadas, se encuentren en circunstancia de
  debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
  maltratos que contra ellas se cometan.
• 3. Sólo se dará el trato oficial de Ciudadano o
  Ciudadana salvo las fórmulas diplomáticas.
• 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni
  distinciones hereditarias.

23
Privilegios Procesales

• La República tiene la competencia exclusiva para
  legislar en materia de procedimientos judiciales
  (156.32 CRBV), es la Republica por vía de Leyes
  (art. 202 CRBV) o de Decretos con rango y fuerza
  de Ley (236.8)

24
Privilegios Procesales

• No se admite regulación legislativa estadal o
  municipal
• No se admite regulación reglamentaria
• No se admite regulación contractual

25
Privilegios Procesales

• Limitación al derecho a la igualdad
• Norma expresa
• Interpretación restrictiva

26
Privilegios - LOPT

• Artículo 12. En aquellos procesos en los cuales
  se encuentren involucrados los derechos, bienes o
  intereses patrimoniales de la República, los
  funcionarios judiciales deben observar los
  privilegios y prerrogativas consagrados en leyes
  especiales.

27
Privilegios República

• Ley Orgánica de Hacienda Publica Nacional
• Decreto Ley Procuraduría General de La Republica
• Código de Procedimiento Civil
• Ley de Abogados

28
Privilegios Estados

• LODDTC
• Artículo 33.- Los Estados tendrán, los mismos
  privilegio prerrogativas fiscales y procesales de
  que goza la República.

29
Privilegios Municipios

• LORM
• Artículo 102.- El Municipio gozará de los mismos
  privilegios y prerrogativas que la legislación
  nacional otorga la Fisco Nacional, salvo las
  disposiciones en contrario contenidas en esta
  Ley. Igualmente, regirán para el Municipio, las
  demás disposiciones sobre Hacienda Pública
  Nacional en cuanto sean aplicables.

30
Privilegios Municipios

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 16-12-2003
• (Jaime Rafael Riera De Lima Vs Municipio
  Iribarren)
• Por otra parte, en relación con las costas del
  recurso de casación, es necesario precisar que el
  Artículo 102 de la Ley Orgánica de Régimen
  Municipal dispone que El Municipio gozará de los
  mismos privilegios y prerrogativas que la
  legislación nacional otorga al Fisco Nacional,
  salvo las disposiciones en contrario contenidas
  en esta Ley. Igualmente, regirán para el
  Municipio, las demás disposiciones sobre Hacienda
  Pública Nacional en cuanto sean aplicables y el
  artículo 74 del Decreto con Fuerza de Ley
  Orgánica de la Procuraduría General de la
  República establece que La República no puede
  ser condenada en costas, aun cuando sean
  declaradas sin lugar las sentencias apeladas, se
  nieguen los recursos interpuestos, se dejen
  perecer o se desista de ellos.

31
PrivilegiosInstitutos Autónomos

• LOAP
• Artículo 97. Privilegios y prerrogativas de los
  institutos autónomos. Los institutos autónomos
  gozarán de los privilegios y prerrogativas que la
  ley nacional acuerde a la República, los estados,
  los distritos metropolitanos o los municipios.

32
PrivilegiosInstitutos Autónomos

• Sentencia de la SC-TSJ de fecha 06-02-2003
• (caso INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO
  APURE (INSALUD APURE))
• Esta Sala aclara que, antes de la entrada en
  vigencia de la nueva Ley Orgánica de la
  Administración Pública (Gaceta Oficial n 37.305
  del 17 de octubre de 2001), los Institutos
  Autónomos no gozaban per se de los privilegios o
  prerrogativas procesales de los cuales goza la
  República, pues era necesario que la Ley que los
  crease les atribuyese, de manera expresa, tales
  privilegios tal situación cambió luego de la
  entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de
  la Administración Pública, por cuanto la referida
  ley otorga a los Institutos Autónomos, de manera
  expresa, tales privilegios

33
PrivilegiosUniversidades

• LU
• Artículo 15.- Las Universidades Nacionales
  gozarán, en cuanto a su patrimonio, de las
  prerrogativas que al Fisco Nacional acuerda la
  Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

34
Privilegios Empresas-fundaciones-asociaciones

• Sentencia de SPA-TSJ de fecha 03-08-2000 (caso
  GALCO C.A Vs DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES
  COMPAÑÍA ANÓNIMA (DIANCA) )
• En primer lugar debe la Sala determinar si la
  sociedad mercantil demandada, DIQUES Y
  ASTILLEROS NACIONALES COMPAÑÍA ANÓNIMA (DIANCA),
  dada su condición de empresa del Estado goza de
  las prerrogativas y privilegios que para el Fisco
  Nacional otorga la Ley Orgánica de Hacienda
  Pública Nacional y al efecto, de la revisión
  exhaustiva de las actas que conforman el presente
  expediente no se encontró elemento alguno que
  sirviera de convicción a la Sala sobre la
  existencia de tales privilegios. Así se declara

35
Privilegios Empresas-fundaciones-asociaciones

• Sentencia de SPA-TSJ de fecha 15-06-2000
• (CONSTRUCTORA ODRA C.A., vs Hidroven)
• En primer lugar debe la Sala determinar si
  efectivamente HIDROVEN, sociedad mercantil
  inscrita en el Registro Mercantil de la
  Circunscripción Judicial del Distrito Federal y
  Estado Miranda, bajo el Nº 30, Tomo 63-A PRO, en
  fecha 24 de mayo de 1990, goza de las
  prerrogativas y privilegios que para el Fisco
  Nacional otorga la Ley Orgánica de Hacienda
  Pública Nacional y al efecto, de la revisión
  exhaustiva de las actas que conforman el presente
  expediente no se encontró elemento alguno que
  sirviera de convicción a este juzgador sobre los
  privilegios alegados, en consecuencia, resulta
  forzoso para la Sala desechar la solicitud de
  aplicación del contenido de los artículos 38 y 46
  de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
  la República. Así se declara.

36
Tipos de Privilegios

• El Antejuicio Administrativo
• Limitación en la potestad cautelar
• Notificación Privilegiada
• No Confesión Ficta
• Probatorios
• Formalidades para las FATP

37
Tipos de Privilegios

• Consulta Necesaria
• No costas-Retasa
• Ejecución Privilegiada
• Corrección Monetaria

38
Antejuicio administrativo

• LOTPT
• Articulo 36.- Los funcionarios judiciales no
  darán curso a ninguna acción que se intente
  contra la República, sin que se acredite el
  cumplimiento de las formalidades del
  procedimiento administrativo previo a que se
  refieren los artículos anteriores, o el
  contemplado en la Ley Orgánica de la Hacienda
  Pública Nacional, según el caso."

39
Sentencia de SCS-TSJ del 18-12-2000 (caso LUIS
PONTINO MORENO Vs CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE
VENEZUELA)

• Ahora bien, dicho artículo no detalla o explica
  en qué consiste este agotamiento de la vía
  administrativa, y dado que la Ley Orgánica de la
  Procuraduría General de la República establece un
  mecanismo al efecto cuando el patrono sea un
  Ministerio (Poder Ejecutivo), para con esta Rama
  del Poder Público se considera que deben llenarse
  los extremos allí señalados al efecto. Pero es el
  caso que las otras dos Ramas del Poder Público
  que existían para el momento de la promulgación
  del referido texto normativo adjetivo, a saber,
  Legislativa y Judicial, así como las recién
  creadas Ramas del Poder Público, Ciudadano y
  Electoral, no prevén en los textos normativos que
  la regulan un procedimiento de carácter
  administrativo que deban cumplir los trabajadores
  a su servicio, como presupuesto de admisibilidad
  de sus acciones judiciales en materia del
  trabajo, de allí que se ha considerado que en
  estos casos, como también para el caso de otras
  personas morales de carácter público (Ej. Las
  Universidades Nacionales), la vía administrativa
  pueda agotarse acudiendo al Inspector del
  Trabajo, funcionario administrativo del trabajo,
  quien tiene competencia para llamar a la
  conciliación a las partes. De allí que pueda
  decirse que en estos casos, no hay una rigidez,
  como la que exige la recurrida al demandante,
  para que un trabajador agote la vía
  administrativa, lo que realmente importa es que
  trate por intermedio de medios que puedan
  resultar adecuados, hacer del conocimiento de su
  patrono, ente moral de carácter público, que no
  está conforme o solicita se decida en cierto
  sentido, con respecto a la liquidación u otra
  circunstancia que se refiera al vínculo de
  trabajo que los une o unió.

40
Sentencia de SCS-TSJ de fecha 13-06-2000
(caso VICTORIA JOSEFINA ARANGUREN GARCÍA Y
MARÍA DE LOURDES CEDEÑOS Vs (I.M.A.U.))

• En el presente caso, según se desprende de los
  folios 232 al 249 de la primera pieza del
  expediente, la apoderada judicial de los
  demandantes consignó por ante la Inspectoría del
  Trabajo del Municipio Libertador del Distrito
  Federal, un escrito contentivo de las
  reclamaciones laborales de sus representados,
  solicitando la citación del representante del
  ente querellado a fin de que diera respuesta a
  sus pedimentos, tal notificación se practicó y el
  representante judicial de la parte demandada
  pidió se le concedieran treinta días para
  estudiar la reclamación formulada, al cabo de los
  cuales, consignó por ante el referido órgano
  laboral, un escrito de rechazo de las
  pretensiones de los trabajadores.
• Todo ello pone de relieve que, efectivamente, se
  produjo la reclamación por vía administrativa,
  previa al presente juicio, a lo cual estaban
  obligados los demandantes conforme a la normativa
  laboral invocada, toda vez que el procedimiento
  administrativo previsto en la Ley Orgánica de la
  Procuraduría General de la República, debe
  cumplirse sólo cuando la acción recaiga sobre la
  República misma y, ello no se impone sobre
  aquellos órganos distintos a ésta, razón por la
  cual se desecha esta denuncia y, así se decide.

41
DLPGR

• Artículo 54. Quienes pretendan instaurar demandas
  de contenido patrimonial contra la República
  deben manifestarlo previamente por escrito al
  órgano al cual corresponda el asunto y exponer
  concretamente sus pretensiones en el caso. De la
  presentación de este escrito se debe dar recibo
  al interesado y su recepción debe constar en el
  mismo.
• Artículo 55. El órgano respectivo, dentro de los
  veinte (20) días hábiles siguientes a la
  consignación del escrito contentivo de la
  pretensión, debe proceder a formar expediente del
  asunto sometido a su consideración, el cual debe
  contener, según el caso, los instrumentos donde
  conste la obligación, fecha en que se causó,
  certificación de la deuda, acta de conciliación
  suscrita entre el solicitante y el representante
  del órgano y la opinión jurídica respecto a la
  procedencia o improcedencia de la pretensión, así
  como cualquier otro documento que considere
  indispensable.

42
DLPGR

• Artículo 56. Al día hábil siguiente de concluida
  la sustanciación del expediente administrativo,
  el órgano respectivo debe remitirlo a la
  Procuraduría General de la República, debidamente
  foliado, en original o en copia certificada, a
  objeto de que ésta, en un plazo no mayor de
  treinta (30) días hábiles, formule y remita al
  órgano o ente respectivo, su opinión jurídica
  respecto a la procedencia o no de la reclamación.
  En este caso, la opinión de la Procuraduría
  General de la República tiene carácter
  vinculante.
• No se requiere la opinión de la Procuraduría
  General de la República, cuando se trate de
  reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a
  quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) y
  hayan sido declaradas procedentes por la máxima
  autoridad del órgano respectivo.

43
DLPGR

• Artículo 57. El órgano respectivo debe notificar
  al interesado su decisión, dentro de los cinco
  (5) días hábiles siguientes a la recepción del
  criterio sostenido por la Procuraduría General de
  la República.
• Artículo 58. Dentro de los diez (10) días hábiles
  siguientes a la notificación, el interesado debe
  dar respuesta al órgano que corresponda, acerca
  de si acoge o no la decisión notificada. En caso
  de desacuerdo, queda facultado para acudir a la
  vía judicial.

44
DLPGR

• Artículo 59. La ausencia de oportuna respuesta,
  por parte de la Administración, dentro de los
  lapsos previstos en este Decreto Ley, faculta al
  interesado para acudir a la vía judicial.
• Artículo 60. Los funcionarios judiciales deben
  declarar inadmisibles las acciones o tercerías
  que se intente contra la República, sin que se
  acredite el cumplimiento de las formalidades del
  procedimiento administrativo previo a que se
  refiere este Capítulo.

45
Potestad Cautelar

• DLPGR
• Artículo 73. Los bienes, rentas, derechos o
  acciones que formen parte del patrimonio de la
  República no están sujetos a embargos,
  secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales
  y, en general, a ninguna medida preventiva o
  ejecutiva.

46
Potestad Cautelar

• Artículo 97. Cuando se decrete medida procesal,
  de embargo, secuestro, ejecución interdictal y,
  en general, alguna medida de ejecución preventiva
  o definitiva sobre bienes de institutos
  autónomos, empresas del Estado o empresas en que
  éste tenga participación de otras entidades
  públicas o de particulares, que estén afectados
  al uso público, a un servicio de interés público,
  a una actividad de utilidad pública nacional o a
  un servicio privado de interés público, antes de
  su ejecución, el juez debe notificar al
  Procurador o Procuradora General de la República,
  acompañando copias certificadas de todo lo que
  sea conducente para formar criterio acerca del
  asunto, a fin de que el organismo público que
  corresponda adopte las previsiones necesarias
  para que no se interrumpa la actividad o servicio
  a la que esté afectado el bien. En este caso el
  proceso se suspende por un lapso de cuarenta y
  cinco días (45) días continuos, contados a partir
  de la consignación en el expediente de la
  constancia de la notificación al Procurador o
  Procuradora General de la República.
• Adoptadas las previsiones del caso, el organismo
  correspondiente debe comunicar al Procurador o
  Procuradora General de la República, quien a su
  vez debe informar al juez de la causa.

47
Potestad Cautelar

• DLPGR
• Artículo 98. Transcurrido el lapso señalado en el
  artículo anterior, sin que el Procurador o
  Procuradora General de la República haya
  informado al Tribunal de la causa sobre las
  previsiones adoptadas por el organismo
  correspondiente, el juez puede proceder a la
  ejecución de la medida.

48
Notificación-Parte

• DLPGR
• Artículo 80. Consignado por el Alguacil el acuse
  de recibo de la citación en el expediente
  respectivo, comienza a transcurrir un lapso de
  quince (15) días hábiles, a cuya terminación se
  considera consumada la citación del Procurador o
  Procuradora General de la República, iniciándose
  el lapso correspondiente para la contestación de
  la demanda.
• El Procurador o Procuradora General de la
  República puede darse por citado, sin que sea
  necesario dejar transcurrir el lapso indicado en
  este artículo.

49
Notificación- Interés

• DLPGR
• Artículo 93. El Procurador o Procuradora General
  de la República puede intervenir en aquellos
  juicios en los que, si bien la República no es
  parte, son afectados directa o indirectamente los
  derechos, bienes e intereses patrimoniales de la
  República.

50
Notificación Interés

• DLPGR
• Artículo 94. Los funcionarios judiciales están
  obligados a notificar al Procurador o Procuradora
  General de la República de la admisión de toda
  demanda que obre directa o indirectamente contra
  los intereses patrimoniales de la República. Las
  notificaciones deben ser hechas por oficio y
  estar acompañadas de copias certificadas de todo
  lo que sea conducente para formar criterio acerca
  del asunto.
• El proceso se suspenderá por un lapso de noventa
  (90) días continuos, el cual comienza a
  transcurrir a partir de la fecha de la
  consignación de la notificación, practicada en el
  respectivo expediente. Vencido este lapso, el
  Procurador o Procuradora se tendrá por
  notificado. Esta suspensión es aplicable
  únicamente a las demandas cuya cuantía es
  superior a Mil Unidades Tributarias (1000 U.T).
• El Procurador o Procuradora General de la
  República o quien actúe en su nombre, debe
  contestar dichas notificaciones durante este
  lapso, manifestando la ratificación de la
  suspensión, o su renuncia a lo que quede del
  referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente
  por notificado.

51
Notificación- Interes

• DLPGR
• Artículo 95. Los funcionarios judiciales están
  igualmente obligados a notificar al Procurador o
  Procuradora General de la República de toda
  oposición, excepción, providencia, sentencia o
  solicitud de cualquier naturaleza que directa o
  indirectamente obre contra los intereses
  patrimoniales de la República. Estas
  notificaciones deben ser hechas por oficio y
  estar acompañados de copias certificadas de todo
  lo que sea conducente para formar criterio acerca
  del asunto.
• En tales casos, el proceso se suspenderá por un
  lapso de treinta (30) días continuos, contados a
  partir de la fecha de la consignación de la
  notificación practicada en el respectivo
  expediente. El Procurador o Procuradora General
  de la República, o quien actúe en su nombre, debe
  contestar dichas notificaciones durante este
  lapso, manifestando la ratificación de la
  suspensión o su renuncia a lo que quede del
  lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por
  notificado.

52
Notificación-Interés

• Sentencia de SCS-TSJ del 26-07-2001 (caso JOSÉ
  ANTONIO CARRASCO VS C.V.G. CARBONES DEL ORINOCO,
  C.A. (C.V.G. CARBONORCA))
• Sentencia de SCS-TSJ del 17-12-2001 (caso LEXI
  MARGARITA PARRA DE FERNÁNDEZ, LEXI MARGARITA
  PARRA DE FERNÁNDEZ, Vs PETROQUÍMICA DE VENEZUELA,
  S.A. (PEQUIVEN), Vs PETROQUÍMICA DE VENEZUELA,
  S.A. (PEQUIVEN),)
• Sentencia de SC-TSJ del 24-10-2000 SC-TSJ (caso
  Fundación Fondo de Fortalecimiento Social)
• Sentencia de SCS-TSJ del 05-02-2002 (caso JULIO
  CÉSAR ROJAS Vs C.A. ELECTRICIDAD DE ORIENTE
  (ELEORIENTE))

53
Notificación-Estadal

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 25-04-2002
• (caso NESTOR DE JESÚS CÁRDENAS SUE, Vs LA
  FUNDACIÓN PARA EL RESCATE, REPARACIÓN,
  MANTENIMIENTO, CUIDO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS
  INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADO ZULIA
  (FUNIDEZ))

54
Notificación Municipal

• LORM
• Artículo 103.- Los funcionarios judiciales están
  obligados a notificar al Sindico Procurador de
  toda demanda, oposición, excepción, providencia,
  sentencia o solicitud de cualquier naturaleza
  que, directa o indirectamente, obre contra los
  intereses patrimoniales del Municipio, del
  Distrito Municipal o Metropolitano.
• Dichas notificaciones se harán por oficio y
  deberán ser acompañadas por copia certificada de
  todo lo que sea conducente para formar criterio
  acerca del asunto. El Sindico Procurador deberá
  contestarlas en un término de cuarenta y cinco
  (45) días continuos, vencido el cual se tendrá
  por notificado.
• En los juicios en que el Municipio o Distrito
  sea parte, los funcionarios judiciales están
  igualmente obligados a notificar al Sindico
  Procurador de la apertura de todo término para el
  ejercicio de algún recurso, de la fijación de
  oportunidad para la realización de algún acto de
  toda actuación que se practique. En este caso,
  vencido un plazo de ocho (8) días hábiles se
  tendrá por notificado el Municipio o Distrito.
• La falta de notificación será causal de
  reposición a instancia del Sindico Procurador.

55
Notificación-Municipal

• Sentencia de SC-TSJ de fecha 15-10-2002 (caso
  Municipio Escuque del Estado Trujillo)
• Sentencia de la SC-TSJ de fecha 03-10-2002 (caso
  Municipio Iribarren del Estado Lara)

56
No Confesión Ficta

• DLPGR
• Artículo 66. Cuando el Procurador o Procuradora
  General de la República, o los abogados que
  ejerzan la representación de la República, no
  asistan a los actos de contestación de demandas
  intentadas contra ésta, o de las cuestiones
  previas que les hayan sido opuestas, las mismas
  se tienen como contradichas en todas sus partes,
  sin perjuicio de la responsabilidad personal del
  funcionario por los daños causados a los
  derechos, bienes e intereses patrimoniales de la
  República.

57
No Confesión Ficta

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 25-03-2004(caso
  SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
  CABALLERICEROS, -PRENDICES, CAPATACES, SERENOS DE
  CUADRA, SIMILARES Y CONEXOS DE VENEZUELA, Vs el
  INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (I.N.H.)

58
No Confesión Ficta

• En ese orden de ideas, el artículo precedente
  conmina a los funcionarios judiciales (extensible
  a los Jueces) en acatar sin restricción alguna, a
  menos que esté tutelada legalmente, los
  privilegios y prerrogativas de la República
  siempre que ésta tenga algún interés patrimonial
  discutido en juicio que pudiera resultar
  afectado.
• De tal forma que, en el caso en análisis, pese a
  la incomparecencia de la parte demandada, el
  Juzgador de la recurrida ha debido observar los
  privilegios o prerrogativas de la República y no
  aplicar mecánicamente el efecto jurídico propio
  de la no asistencia del demandado a la audiencia
  preliminar, como lo es la presunción de admisión
  de los hechos.
• En el presente asunto, una vez operada la
  incomparecencia del demandado, el Juzgado de
  Sustanciación, Mediación y Ejecución competente
  debió remitir el expediente al Tribual de Juicio
  respectivo, previo transcurso de los cinco (5)
  días hábiles a que se contrae el artículo 135 de
  la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines
  de que el Juez de Juicio que correspondiera,
  proveyera lo que considerare pertinente.

59
Pruebas

• DLPGR
• Artículo 76. Ni las autoridades, ni los
  representantes legales de la República, están
  obligados a absolver posiciones juradas, ni a
  prestar juramento decisorio, pero deben contestar
  por escrito las preguntas que, en igual forma,
  les hicieren el Juez o la contraparte sobre
  hechos de que tengan conocimiento personal y
  directo.

60
Pruebas

• Se mantiene la carga probatoria
• Sentencia de la SCS-TSJ de fecha 13-07-2000
  (caso LUIS EDUARDO GUEVARA SISO Vs MUNICIPIO JUAN
  GERMÁN ROSCIO)

61
Formalidades FATP

• DLPGR
• Artículo 68. Los abogados que ejerzan en juicio
  la representación de la República no pueden
  convenir, desistir, transigir, comprometer en
  árbitros, conciliar o utilizar cualquiera otro
  medio alternativo para la solución del conflicto,
  sin la expresa autorización del Procurador o
  Procuradora General de la República, previa
  instrucción escrita de la máxima autoridad del
  órgano respectivo.

62
Consulta Necesaria

• DLPGR
• Artículo 70. Toda sentencia definitiva contraria
  a la pretensión, excepción o defensa de la
  República, debe ser consultada al Tribunal
  Superior competente

63
Costas-LOPT

• Articulo 64.- Las costas proceden contra los
  estados, municipios, institutos autónomos,
  empresas del Estado y personas morales de
  carácter publico, pero no proceden contra los
  trabajadores que devenguen menos de tres(3)
  salarios mínimos

64
NO costas

• DLPGR
• Artículo 74. La República no puede ser condenada
  en costas, aún cuando sean declaradas sin lugar
  las sentencias apeladas, se nieguen los recursos
  interpuestos, se dejen perecer o se desista de
  ellos.

65
Si Costas-Municipio

• LORM
• Artículo 105.- Para que proceda la condenatoria
  en costas contra el Municipio será necesario que
  este resulte totalmente vencido por sentencia
  definitivamente firme en juicio de contenido
  patrimonial. En ningún caso se condenara en
  costas al Municipio, cuando se trate de juicios
  Contencioso Administrativos de anulación de actos
  administrativos municipales. El monto de la
  condenatoria en costas del Municipio, cuando
  proceda, no podrá exceder del diez por ciento
  (10) del valor de la demanda. La retasa será
  siempre obligatoria. En todo caso, el Juez podrá
  eximir de al Municipio, cuando este haya tenido
  motivos racionales para litigar.

66
No Costas-Municipio

• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 16-12-2003 (Jaime
  Rafael Riera De Lima Vs Municipio Iribarren)
• Sentencia de SCS-TSJ de fecha 20-01-2004 (caso
  Irma Tibisay Donaire Pérez Vs Municipio
  Iribarren)

67
Retasa-Municipio

• La Sentencia de SC-TSJ Sala Constitucional en
  fecha 03-10-2003 (caso Municipio Iribarren del
  Estado Lara)

68
Retasa-Empresa Publicas

• La sentencia SC-TSJ de fecha 27-11-2001 (caso
  PDVSA PETROLEO Y GAS S.A)

69
Ejecución de Sentencia

• DLPGR
• Artículo 85. Cuando la República sea condenada en
  juicio, el Tribunal encargado de ejecutar la
  sentencia notificará al Procurador o Procuradora
  General de la República quien, dentro del lapso
  de sesenta (60) días siguientes, debe informarle
  sobre su forma y oportunidad de ejecución.
• Dentro de los diez (10) días siguientes de su
  notificación, la Procuraduría General de la
  República participará al órgano respectivo de lo
  ordenado en la sentencia. Este último deberá
  informar a la Procuraduría General de la
  República sobre la forma y oportunidad de
  ejecución de lo ordenado en la sentencia, dentro
  de los treinta (30) días siguientes de recibido
  el oficio respectivo.

70
Ejecución de Sentencia

• DLPGR
• Artículo 86. La parte interesada, previa
  notificación, puede aprobar o rechazar la
  proposición del organismo público que corresponda
  y, en el último caso, el Tribunal debe fijar otro
  plazo para presentar nueva propuesta si la misma
  no es aprobada por la parte interesada, o si el
  organismo respectivo no hubiere presentado
  alguna, el Tribunal debe determinar la forma y
  oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por
  la sentencia, según los procedimientos
  siguientes
• 1. Si se trata de cantidades de dinero, el
  Tribunal, a petición de la parte interesada, debe
  ordenar que se incluya el monto a pagar en la
  partida respectiva de los próximos dos ejercicios
  presupuestarios, a cuyo efecto debe enviar al
  Procurador o Procuradora General de la República
  copia certificada de la decisión, la cual debe
  ser remitida al organismo correspondiente. El
  monto que se ordene pagar debe ser cargado a una
  partida presupuestaria no imputable a programas.
• 2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal
  debe poner en posesión de los mismos a quien
  corresponda. Si tales bienes estuvieren afectados
  al uso público, a actividades de utilidad pública
  o a un servicio público prestado en forma directa
  por la República, el Tribunal debe acordar la
  fijación del precio mediante avalúo realizado por
  tres peritos, nombrados uno por cada parte y el
  tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo,
  el tercer perito es nombrado por el Tribunal.

71
Ejecución (LORM)

• Artículo 104.- Cuando el Municipio o el Distrito
  resultare condenado en juicio, el tribunal
  encargado de ejecutar la sentencia lo comunicara
  al Alcalde, quien dentro del término señalado por
  el Tribunal, deberá proponer al Concejo o Cabildo
  la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo
  ordenado en la sentencia. El interesado, previa
  notificación, aprobara o rechazara la proposición
  del Alcalde, y en este último caso, el Tribunal
  fijara otro plazo para presentar una nueva
  proposición. Si esta tampoco fuere aprobada por
  el interesado o el Municipio no hubiere
  presentado alguna, el Tribunal determinará la
  forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo
  ordenado por la sentencia según los
  procedimientos siguientes

72
Ejecución (LORM)

• 1 Si se trata de cantidades de dinero, el
  Tribunal, a petición de parte interesada,
  ordenara que se incluya el monto a pagar en la
  fecha enviara al Alcalde copia certificada de lo
  actuado. El monto que se ordene pagar, se cargara
  a una partida presupuestaria no imputable a
  programas.
• El monto anual de dicha partida no excederá del
  cinco por ciento (5) de los ingresos ordinarios
  del presupuesto del Municipio o Distrito.
• Cuando la orden del Tribunal no fuere cumplida o
  la partida prevista no fuere ejecutada, el
  Tribunal a instancia de parte, ejecutara la
  sentencia conforme al procedimiento ordinario
  pautado en el Código de Procedimiento Civil y.
• 2 Si se tratare de entrega de bienes, el
  Tribunal pondrá en posesión de ellos a quien
  corresponda, pero si tales bienes estuvieren
  afectados al uso público, a un servicio público o
  actividades de utilidad pública prestados en
  forma directa por el Municipio, el Tribunal
  acordara la fijación del precio mediante peritos,
  en la forma establecida en la Ley de Expropiación
  por Causa de Utilidad Pública o Social y
  determinado el precio, ordenara su entrega a
  quien corresponda, conforme a lo previsto en el
  numeral anterior. En este último caso, la fecha
  de sentencia se equiparara a la fecha del Decreto
  de Expropiación.

73
Sentencia de SC-TSJ de fecha 22-07-2003 (caso
Estado Apure)

• De la norma anteriormente transcrita se colige
  que, una vez condenado el ente público sujeto a
  esta Ley mediante una decisión judicial, ésta no
  puede ser ejecutada inmediatamente por el
  administrador de justicia, sino que se debe
  atender a la prerrogativa presupuestaria de que
  goza y, en caso de ordenarse un pago, debe
  esperarse a que sea incluido dentro de una
  partida del presupuesto de gastos que corresponda
  realizar.

74
Control de los Privilegios

• Control Concentrado(336 CRBV)
• Control Difuso (334 CRBV)
• Doctrina del Abuso del Privilegio (fraude a la
  ley)

75
Doctrina del Abuso del Privilegio

• Sentencia de SC-TSJ de fecha 03-10-2002 (Caso
  Alcaldía del Municipio Iribarren)
• Sentencia de SC-TSJ de fecha 11-07-2003 (caso
  INSALUD) Se estableció lo siguiente

76
Sentencia de SC-TSJ de fecha 03-10-2002 (Caso
Alcaldía del Municipio Iribarren)

• La persistencia en el incumplimiento de la
  condena derivada del pronunciamiento judicial
  implica un abuso de derecho de parte del
  Municipio pues habiendo quedado obligado a honrar
  la prestación debida por expresa orden judicial,
  lo cual constituye una norma imperativa
  concretizada, el ente público se ha valido de sus
  prerrogativas de poder, pues conociendo que los
  bienes de la Nación, y por remisión legislativa
  expresa, de los Municipios, no están sujetos a
  embargos, secuestros o ninguna otra medida de
  ejecución preventiva o definitiva, por
  encontrarse sometidos a un régimen especial (Art.
  102 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal),
  elude tanto el cumplimiento voluntario como el
  derivado de la potestad coactiva de los
  Tribunales, del mandato contenido en el
  pronunciamiento judicial. Vale decir, el
  Municipio no viola abiertamente la ley, pero sí
  comete un abuso de derecho al valerse de las
  ventajas de su régimen de derecho público para
  presentar resistencia al cumplimiento de normas
  de orden público.

77
Sentencia de SC-TSJ de fecha 03-10-2002 (Caso
Alcaldía del Municipio Iribarren)

• Siendo que el abuso de derecho no puede ser
  tolerado porque evade el cumplimiento de normas
  obligatorias o de orden público dentro del
  ordenamiento jurídico, el sujeto activo en lo que
  toca a la conducta abusiva no puede, verificada
  la ilicitud de su conducta, valerse de las
  prerrogativas y privilegios que le pueda conceder
  la ley, pues una conducta reprochable, no
  adecuada a la buena fe, no puede generar la
  protección del sistema legal.
• No significa esto que la vigencia de tales
  prerrogativas dependa de la conducta de su
  beneficiario pues las mismas se encuentran
  previstas en la ley sólo que, dado el supuesto
  de una conducta violatoria de la ley por la misma
  persona que tiene el beneficio o la prerrogativa,
  el juez tiene la potestad excepcional de
  desaplicar, para el caso concreto, la
  prerrogativa o el beneficio, vista la gravedad
  del abuso cometido, y en tutela del derecho de
  defensa de la víctima de la conducta.

78
Sentencia de SC-TSJ de fecha 11-07-2003 (caso
INSALUD)

• De manera que, en atención a los criterios
  expuestos, que en esta oportunidad se ratifican,
  debe interpretarse que las prerrogativas y
  privilegios requieren de un especial tratamiento,
  pues el derecho de los demás no puede hacerse
  nugatorio, aceptar ello conduciría a consentir un
  abuso de derecho por parte de los organismos
  públicos que, en virtud de habérseles creado
  legislativamente una prerrogativa, a veces de
  manera genérica y sin base constitucional,
  pudiéndose desconocer el derecho de los
  particulares y las ordenes judiciales. Si
  observándose además, por una parte, que la ley
  que creó el instituto de autos no prevé tal
  privilegio y, por otra parte, el procedimiento
  que motivó la decisión que se impugnó, es un
  juicio laboral, específicamente, por pago de
  prestaciones sociales y las normas que contiene
  la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público,
  además, por la existencia del principio de
  protección especial del trabajador (por ser el
  débil económico) y por cuanto la Constitución
  considera al trabajo como un hecho social que
  protege el Estado y que se rige por una serie de
  principios tales como intangibilidad,
  progresividad, primacía de la realidad,
  irrenunciabilidad, in dubio pro operario, entre
  otros. Por todo ello estima la Sala que el
  Juzgador Superior ha debido mantener vigente la
  medida de embargo que se practicó en cumplimiento
  de la decisión que se impugnó, ante la ausencia
  de las violaciones alegadas por las abogadas
  demandantes.

79
Sentencia de SC-TSJ de fecha 11-07-2003 (caso
INSALUD)

• En razón de lo expuesto, el Juzgado Superior no
  actuó ajustado a derecho cuando ordenó la
  suspensión de los efectos del embargo ejecutivo
  sobre los bienes del demandante de amparo, pues
  debió velar por que se cumpliera dicha medida y,
  al no hacerlo, incurrió en la vulneración del
  derecho al debido proceso.
• En virtud de todas las anteriores
  consideraciones, esta Sala revoca la decisión que
  fue consultada y en consecuencia, declara sin
  lugar la demanda de amparo y declara con plenos
  efectos jurídicos la medida de embargo decretada
  por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo
  Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del
  Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado
  Apure. Así se decide.

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