GENERAL JUAN MANUEL IGUARAN REITHER (1875 - 1950)

1
GENERALJUAN MANUEL IGUARAN REITHER(1875 - 1950)

• El REGISTRO DE PADILLA - III
• 2 de febrero de 1904

2

• En nueve de marzo de mil novecientos cuatro se
  presentó el señor Santiago Rozo ante el Gran
  Consejo Electoral en memorial, en que, entre
  otros conceptos, dice lo siguiente
• Pongo en conocimiento del Gran Consejo
  Electoral los hechos referentes a la elección de
  Padilla, contenido en el memorial de denuncio de
  fecha veinticinco de febrero del año en curso.
  Acompaño una hoja impresa intitulada Elecciones,
  en que está publicado el mencionado memorial.
• El Gran consejo resolvió proceder a hacer
  inmediatamente las averiguaciones del caso, tanto
  por si, recibiendo las declaraciones, pruebas y
  memoriales que se le presentaran tendientes a
  ilustrar su criterio, como por medio de los
  Tribunales de Justicia y de los Agentes del
  Ministerio Público.
• El Gran Consejo estimó que el hecho debía
  de averiguarse sin demora. Para ello tuvo en
  cuenta no solamente la gravedad de la queja, sino
  también la lejanía de los lugares en donde se
  decía que había tenido lugar el hecho y las
  dificultades de comunicación con aquellos sitios,
  circunstancias ambas que podían influir
  decisivamente en la posterior deficiencia de las
  pruebas necesarias para dictar un fallo acertado
  en término relativamente angustioso.

• En la sesión de nueve de marzo el Gran Consejo
  aprobó la siguiente resolución
• El Gran Consejo Electoral
• CONSIDERANDO
• Que ha recibido aviso de que en la
  Circunscripción Electoral de Padilla,
  Departamento del Magdalena, no se verificó la
  reunión de la Asamblea Electoral en los días,
  primero y dos de febrero del corriente año, ni se
  efectuó por lo mismo oportunamente la elección de
  Presidente y Vicepresidente de la República en el
  próximo período.
• RESUELVE
• Procédase a levantar una información
  referente a los expresados hechos.
• Para tal efecto, pídase a la Suprema
  Corte de Justicia que, con intervención del señor
  Procurador de la Nación, se digne iniciar la
  averiguación correspondiente y crear las pruebas
  que le servirán al Gran Consejo Electoral que la
  de aquellos hechos que, a ser ciertos revestirían
  suma gravedad, sea hecha bajo la dirección de
  aquel alto Tribunal, y que si ocurren diligencias
  que hayan de practicarse fuera, se confíe la
  comisión a los Tribunales Superiores para que la
  despachen por medio de alguno de sus miembros,
  personal y directamente.

3

• Siendo el tiempo de que dispone el Gran Consejo
  para dictar sus decisiones definitivas, muy
  angustiado, se encarece la mayor actividad
  posible en la práctica de la información.
• En la misma fecha fue transcrita la
  anterior resolución al señor Presidente de la
  Corte Suprema de Justicia y al señor Procurador
  General de la Nación.
• Quiso el Gran Consejo que la investigación
  se hiciera completa y oportunamente y quiso
  también que la autoridad encargada de hacerla
  tuviera la gran responsabilidad que le daría el
  ser conducida por el más alto de los Tribunales y
  por el Jefe Superior del Ministerio Público.
  Buscaba así a la vez que luz para sus decisiones,
  seguridad de que las averiguaciones tendrían el
  sello de verdad e imparcialidad que corresponde
  al magisterio de la Justicia en sus más elevados
  representantes.
• La providencia del Gran Consejo se dio en
  virtud del derecho que tiene para investigar de
  oficio los vicios o errores en asuntos sometidos
  por la ley a su estudio derecho que confirmó
  explícitamente por declaración posterior
  motivada, en su sesión de diez de junio, en los
  siguientes precisos términos
• 1 El Gran Consejo debe actuar y dictar
  sus fallos como Juez de derecho
• 2 Tuene derecho para iniciar de oficio
  las investigaciones referentes a vicios o errores
  que se cometan en asuntos sometidos a su
  competencia y para proferir sus fallos.
• Con nota número 58, de treinta de mayo del
  presente año, el señor Procurador General remitió
  al Gran Consejo (en 32 fojas útiles) copia de las
  diligencias practicadas por orden de la Corte
  Suprema de Justicia, a solicitud del Ministerio
  Público y del Gran Consejo Electoral.
• Estas pruebas, las que el mismo Gran
  Consejo ha levantado y otros documentos
  importantes, y las que han presentado o pedido
  los particulares o los particulares de una y otra
  candidatura presidencial, son las que,
  debidamente agregadas a este expediente, sirven
  de fundamento al presente fallo.
• En auto de veintinueve de marzo de mil
  novecientos cuatro, el Presidente del Tribunal
  Superior del Distrito Judicial del Magdalena dijo
  lo siguiente Recibido ayer a las cinco de la
  tarde y para el despacho de las diligencias que
  la Corte Suprema ordena y de las demás para que
  se autoriza al Tribunal, pase dicho despacho al
  señor Dr. Juan B. Cormane, a quien se delegan al
  efecto las facultades legales consiguientes.
  Dicho Magistrado cumplirá las diligencias las
  presentara para su remisión oportuna a la Corte
  Suprema por el órgano respectivo. Puesto el
  asunto al despacho del señor Magistrado Cormane,
  éste siguió la actuación del caso.

4

• De esta actuación, a la cual es documento
  auténtico, según el ordinal 4 del artículo 678
  (Código Judicial), y hace plena prueba, según el
  artículo 681 del mismo Código, se toman los
  siguientes hechos
• En auto del nueve de abril del presente
  año ordenó el señor Magistrado sustanciador que,
  antes de practicar la inspección pedida por el
  señor Fiscal del Tribunal, se pidiera a la
  Gobernación copia debidamente autorizada del acta
  de la sesión que el día dos de febrero último
  celebró la Asamblea Electoral del Distrito
  Electoral de Padilla, suplicando al señor
  Secretario de Gobierno del Departamento del
  Magdalena la remisión de la referida copia en el
  término de dos días.
• El trece de abril pidió el señor
  Magistrado informe al Secretario del Tribunal
  sobre el resultado del oficio, que en
  cumplimiento del auto anterior (9 de abril),
  debió dirigirse al señor Secretario de Gobierno
  del Departamento, y dispuso, además, pedir a la
  Gobernación, de acuerdo con lo solicitado por el
  señor Fiscal, varios documentos muy importantes
  relacionados con las elecciones de Padilla, y
  pedir a la Secretaría de Gobierno del
  Departamento otros relacionados con la creación
  del Distrito Municipal de Barrancas.

• El Secretario del Tribunal informó que en la
  misma fecha (13 de abril) se había pedido lo
  ordenado en este auto al Secretario de Gobierno
  del Departamento, y que el mismo día nueve de
  abril se había pedido al mismo señor Secretario
  lo ordenado en auto de esta misma fecha (9 de
  abril), y que hasta la fecha del informe (13 de
  abril) no se había recibido contestación.
• En veinticuatro de abril el señor
  Magistrado sustanciador dictó un auto que dice
• Practíquese mañana veinticinco a las 2
  p.m. un reconocimiento de los papeles o
  documentos referentes a las elecciones que
  debieron verificarse en la provincia de Padilla
  en los días 7 de diciembre y 2 de febrero
  últimos,. Documentos que deben encontrarse en la
  Secretaría de Gobierno Departamental. Nómbrase
  testigos actuarios en dicho reconocimiento a los
  señores Nelson P. Vives y Rafael Robles.
• Estos testigos juraron su cargo.

5

• La diligencia referente al reconocimiento
  ordenado dice así
• En la ciudad de Santa Marta, el
  veinticinco del mes de abril de mil novecientos
  cuatro, a las tres y media p.m. se trasladó el
  señor Magistrado sustanciador de este negocio,
  acompañado del infrascrito Secretario, de los
  testigos actuarios o peritos señores Nelson P.
  Vives y Rafael Robles, a la oficina de la
  Gobernación del Departamento, con el fin de
  practicar la diligencia de inspección ocular
  sobre los papeles de las elecciones electorales
  que debieron tener lugar el día siete de
  diciembre del año pasado y sobre el acta de la
  sesión de Asambleas Electorales de la misma
  circunscripción, que debió verificarse el día dos
  de febrero de este año, para elegir al Presidente
  y Vicepresidente de la República en el período
  que comienza el siete de agosto venturo. Presente
  el señor Secretario de Gobierno, señor Severo F.
  Ceballos, el señor Magistrado le manifestó que en
  nombre de la Honorable Corte suprema de Justicia,
  que le había conferido la comisión y facultades
  correspondientes, se había trasladado al Despacho
  a practicar un reconocimiento en presencia del
  señor Gobernador o el señor secretario de
  Gobierno, de los papeles o documentos referentes
  a las elecciones de primero y segundo grado, que
  debieron tener lugar en Padilla el siete de
  diciembre y dios de febrero últimos, de las
  cuales se había hecho referencia que por tanto
  exigía formalmente del señor Secretario de
  Gobierno, en nombre de aquella alta corporación,
  cuyos poderes ejercía que exhibiese los referidos
  papeles o documentos, para lo cual invocaba el
  deber que el señor Gobernador imponía el ordinal
  4 del artículo158 de la Ley 7ª. de 1888.
• El Magistrado manifestó a la vez que los papeles
  y documentos cuya exhibición exigía eran
• Primero. Los registros de escrutinio de
  los Jurados Electorales de Distritos Municipales
  de Riohacha, Fonseca, Villanueva, San Juan del
  César, Barrancas, Valledupar y Espíritu Santo,
  los cuales registros deben encontrarse en la
  Gobernación pues que debieron ser enviados a ella
  por los Jurados Electorales respectivos, de
  acuerdo con el articulo 93 de la ley 7ª. de 1888
• Segundo. El registro de escrutinios de la
  Junta Electoral de Padilla, en la cual dicha
  junta declaro electos Electores principales y
  suplentes a los individuos que obtuvieron mayor
  número de votos en la elección de siete de
  diciembre del año pasado, el cual registro
  también reposar en la Gobernación, de acuerdo con
  el articulo 104 de la Ley 7ª. ya citada y
• Tercero. El acta de escrutinios para votación
  de Presidente y Vicepresidente de la República,
  que debió hacer la Asamblea Electoral de Padilla
  el dos de febrero del presente año.
• El señor Secretario de Gobierno
  manifestó al señor Magistrado que no podía
  acceder a la voluntad del Tribunal, porque en la
  Secretaria de Gobierno no existían esos papeles o
  documentos que supone que estuviesen en el
  archivo de la Gobernación y que por consiguiente
  le parecía natural que se practicase la
  diligencia ante el señor Gobernador y no ante él.

6

• Se suspendió la diligencia que firmaron todos
  menos el señor Secretario de Gobierno que se negó
  a ello.
• Por lo que hace a este empleado el
  Secretario de Gobierno del Departamento, nada que
  no fuera correcto pasó con él, exceptuando la
  falta de contestación a la nota que se le dirigió
  pidiéndole copia del acta de la Asamblea
  Electoral de Padilla y la denegación a firmar la
  anterior diligencia.
• El Magistrado señalo el día siguiente
  para practicar en la Gobernación la inspección
  ocular que no pudo practicarse en la Secretaria
  de Gobierno.
• Se copia a continuación lo que de autos
  aparece
• En la ciudad de Santa Marta, el día
  veinticinco de abril de mil novecientos cuatro, a
  las tres y media p.m. el señor Magistrado
  sustanciador, acompañado de los peritos actuarios
  señores Nelson P. Vives y Rafael Robles y el
  infrascrito Secretario del Tribunal, se traslado
  al Despacho del Sr. Gobernador. Presente éste el
  señor Magistrado le exigió exhibiera los mismos
  documentos, relacionados con las elecciones de
  Padilla, y de los cuales se hizo mención en la
  diligencia que se extendió ayer en la Secretaria
  de Gobierno.

• El señor Gobernador manifestó al señor
  Magistrado que desconocía la autoridad del
  Tribunal para intervenir en asuntos de elecciones
  y en la averiguación que trataba de hacerse que
  el acta de escrutinios de la votación que hizo la
  Asamblea Electoral de Padilla había ido a la
  Gobernación, pero que, por petición del señor
  Ministro de Gobierno, la había enviado a aquel
  Ministerio, dejando una copia en la Gobernación
  y que respecto a la copia misma y a los demás
  papeles cuya exhibición exigía el señor
  Magistrado, estaba dispuesto a que no fueran
  reconocidos por éste porque no le daba la gana.
  Se deja constancia en esta diligencia, por orden
  del señor Magistrado, de que cuando el señor
  Gobernador dijo desconocer la autoridad con que
  el Tribunal intervenía en la investigación de
  estos asuntos , el señor Magistrado con el fin de
  evitar enojosas e inconducentes discusiones, le
  manifestó que él cumplía una comisión de la Corte
  Suprema de Justicia, de lo cual podía cerciorarse
  en vista del despacho que el señor Magistrado
  tenia en sus manos y que mostraba al señor
  Gobernador, el cual rehusó verlo. El señor
  Magistrado dispuso en vista de la expresada
  manifestación del señor Gobernador y de que
  carecía de medios coercitivos suficientes para
  cumplir aquel acto judicial, suspender
  definitivamente el acto, del cual se extiende
  esta diligencia que se firma.
• La conducta del señor Gobernador Vergara
  Barros es altamente vituperable por la manera
  inusitada y soez con que recibió al señor
  Magistrado, representante a la vez del Tribunal
  Superior del Magdalena y de la Corte suprema de
  justicia, y así lo hace constar el Gran Consejo
  Electoral.

7

• Aparece comprobada, de la anterior diligencia, la
  negativa rotunda del Gobernador Vergara Barros
  para suministrar a la Justicia el conocimiento de
  documentos importantes relacionados con la
  elección de Padilla. Cuál fue el motivo que a
  ello le indujo? Parece bien probable que la causa
  que lo moviera fuera el conocimiento de la
  existencia de irregularidades cometidas en tal
  elección.
• Al dar la razón de parte de su negativa
  Vergara Barros aseguró que el acta original de la
  Asamblea de Padilla había ido a la Gobernación,
  pero por petición del señor Ministro de Gobierno
  la había enviado a aquel Ministerio. Quiso el
  Gran Consejo averiguar la verdad de esta
  afirmación porque si a la denegación de exhibir
  los documentos pedidos se hubiera agregado de que
  por excusa hubiera dicho una grave mentira, claro
  es que las probabilidades de su culpabilidad
  hubieran crecido y mucho. Al efecto, el Gran
  Consejo pidió al Ministerio de Gobierno el Acta
  de la Asamblea de Padilla perteneciente a la
  Gobernación y remitida por el Gobernador, según
  aseveración de este empleado. También pidió el
  acta que se debió enviar al Ministerio de
  Gobierno, para evitar la sospecha de que pudiera
  creerse de que fuera esta acta la que enviaba en
  vez de aquella. El Ministerio de Gobierno envió
  al Gran Consejo ambas actas y también el oficio
  del Gobernador del Magdalena, fechado el 13 de
  abril, es decir, once días antes de la visita
  ocular del Magistrado. Oficio en el cual se
  avisaba esa remisión del acta citada. Dijo, pues
  verdad el señor Vergara Barros cuando aseguro al
  Magistrado que había enviado el acta al
  Ministerio de Gobierno.
• Quedan como hechos comprobados por
  actuación judicial y analizado como queda dicho,
  la falta de contestación del Secretario de
  Gobierno del Departamento a una nota del Tribunal
  en que se le pedía documentos relativos a la
  elección de Padilla y la negativa de este
  empleado a firmar la diligencia de visita.
• La denegación rotunda del señor
  Gobernador a exhibir ante el Magistrado
  importantes documentos relacionados con dicha
  elección.
• En nota número 540 de 7 de abril (1904),
  dirigida al Secretario del Tribunal del Distrito
  Judicial del Magdalena el General Escandón Jefe
  Militar dice
• No siendo competente este Despacho para
  ordenar la comparecencia de ningún Jefe ni
  Oficial ante los tribunales civiles, me dirigiré,
  en primera oportunidad, a la Comandancia en Jefe
  del Ejército, dando cuenta de la solicitud
  contenida en el atento oficio de Ud. fechado
  ayer, bajo el número 105, a fin de que por dicha
  Superioridad se resuelva lo que fuere del caso.
• En auto de nueve de abril (dos días
  después) se ordenó insistir en la comparecencia
  del Coronel Morales, con razones legales.

8

• Como resultado de esta insistencia se copia a
  continuación el contenido de la nota del mismo
  General Escandón, dirigida al Secretario del
  Tribunal
• La honorabilidad del puesto oficial que
  ocupo me impide descender al terreno de la
  polémica, en que Ud. trata de colocarme con su
  carta oficial de hoy, numero 108, y así me limito
  a significarle en contestación que si en concepto
  del Honorable Tribunal no fuere correcta o
  fundada mi declaración de incompetencia para
  ordenar al señor Coronel Morales comparezca ante
  ese mismo Tribunal, me sujeto a la
  responsabilidad que pudiera resultarme, seguro
  como estoy de la legalidad de mi procedimiento.
• En doce de abril siguiente el señor
  Magistrado sustanciador dictó auto en que se
  dispone que, no habiéndose obtenido la
  comparecencia del Coronel N. Morales a rendir la
  declaración, de acuerdo con la cita que de su
  persona resulta en el despacho de la Corte
  Suprema de Justicia, se le citará personalmente.
• Esta providencia quedó sin cumplimiento, según
  aparece del siguiente informe
• Señor Magistrado
• Os hago saber que n mi carácter de
  portero, del Tribunal al presentar esta boleta al
  Coronel Morales, éste se molestó y dijo que ni
  firmaba ni concurriría al Tribunal.
• El Portero, Miguel J. Vilar.

• El Coronel Morales era uno de los testigos a
  cuyo informe se refería Rozo en su memorial de
  denuncio.
• Sobe estos hechos hay que observar lo
  siguiente
• El señor General Escandón obraba
  deliberadamente para obstruir el paso de la
  justicia, en su averiguación, negando la
  comparescencia del Coronel Morales sin que
  mediasen para ello ciertas formulas? Posible es
  que así sucediera pero no es probable. En su
  primera nota, que en su texto es respetuosa,
  alega para negar la comparescencia del testigo
  Morales, algunas disposiciones de privilegio
  militar, bien o mal aplicadas al caso. En la
  segunda nota repite la negativa, por la misma
  razón que alegó en la primera, y lo hace
  afirmando que se sujeta a la responsabilidad,
  seguro como está de la legalidad de su
  procedimiento.
• No hay argumento de razón ni de justicia
  para atribuir la negativa del General Escandón a
  motivos distintos de los que apunta en sus notas
  e igual reflexión cabe en la comparescencia del
  Coronel Morales, subordinado al General Escandón.
• De la actuación, resulta pues probado
• Que el General Escandón negó la
  comparecencia del Coronel Morales, su
  subordinado, y éste, citado personalmente, se
  negó a comparecer ante el Tribunal, hechos que se
  quedan analizados como antes se dijo.

9

• No pudo el Magistrado comisionar al Juez Único
  del Distrito de Riohacha para las prácticas de
  las diligencias que allí debían hacerse.
• En vista de este inconveniente, el
  Magistrado sustanciador resolvió trasladarse a
  Riohacha y practicar allí personalmente las
  diligencias (auto de 9 de abril de 1904).
• Una vez en Riohacha y por auto del once
  del mismo mes, se ordenó que se dirigiera oficio
  al Prefecto de la Provincia pidiéndole que
  hiciera citar al Presidente y al Secretario del
  Consejo Municipal para que comparecieran ante el
  Magistrado con el fin de que presentaran los
  papeles correspondientes al Archivo de la
  Asamblea Electoral de Padilla para examinarlos.
  Igual cita debía hacerse a otros varios empleados
  del ramo electoral para verificar, de acuerdo con
  los documentos que debían presentarse, en qué
  personas había recaído la elección para
  Electores.
• En nota de la misma fecha el Perfecto de
  Riohacha contestó lo siguiente
• En contestación digo a Ud. que no he
  recibido por el conducto regular que es la
  Secretaria de Gobierno del Departamento, noticia
  oficial alguna relativa a la llegada a la
  cabecera de esta Provincia del personal que
  compone el Tribunal Superior de este Distrito
  Judicial ni de ninguna Comisión enviada por él, a
  practicar aquí diligencias de ninguna especie. No
  tengo por tanto conocimiento del carácter oficial
  de que esté usted investido, y juzgo que usted
  mismo hallará razonable que yo espere recibir la
  noticia a que aludo, para en caso de ser efectiva
  la investidura que usted dice tener, prestarle a
  usted todo el apoyo que sea del caso en ejercicio
  de mi autoridad. Para tal efecto solicito del
  señor Gobernador del Departamento, que es mi
  inmediato superior, el informe que estime
  necesario para el próximo correo.
• La excusa que presenta el Prefecto de
  Padilla para no prestar su apoyo es desgraciada.
  Fácil le hubiera sido trasladarse al alojamiento
  del Magistrado y obtener allí el comprobante de
  su misión oficial. Y si se considera a tiempo de
  poner esta nota, se cumplían en Riohacha hechos
  punibles consistentes en una reunión tumultuaria
  que insultaba y amenazaba al Magistrado sin que
  haya constancia alguna de que aquella autoridad
  tratara de remediar semejante situación, puede
  decirse que es probable que el Prefecto de
  Riohacha quiso estorbar la acción de la justicia.
• El mismo día (11 de abril) dictó el señor
  Magistrado un auto que dice así
• En vista de los acontecimientos que se
  han estado cumpliendo en esta ciudad (Riohacha)
  desde nuestra llegada a ella, puesto que durante
  toda la noche la comisión ha estado cercada de
  una multitud amenazante, y durante toda ella se
  han estado haciendo disparos contra la casa en
  que nos alojamos que por precauciones y en
  virtud de ciertos denuncios tuvimos que elegir la
  parte alta del cuartel de esta ciudad, en donde
  estábamos protegidos por treinta y cinco hombres
  del ejército de la República, y que no obstante
  tal medida estábamos expuestos a toda la moche a
  morir, tal era el número de los disparos que en
  nuestro alojamiento se hizo

10

• que en la misma puerta del cuartel se han
  acercado ebrios los señores Ramón Campo y Rafael
  Rosado, revólver en mano y con amenazas que los
  vivas al General Rafael Reyes y al General Juan
  Manuel Iguarán y los repetidos abajos a la
  comisión no han cesado, así como tampoco los
  repiques de campanas y toda clase de gritos e
  injurias que el infrascrito Magistrado no cuenta
  con el apoyo del señor Prefecto de la Provincia,
  como se deja ver por el oficio que acaba de
  recibirse de fecha de hoy que el infrascrito ha
  recibido numerosos avisos de que su vida corre
  peligro y que ahora mismo se oyen disparos,
  músicas y, según informes verbales que ha
  recibido, se intentan nuevos actos de
  intimidación, cuyos resultados finales no se
  pueden prever y que como el señor General
  Ignacio Foliaco, Jefe del Estado Mayor del
  Ejército del Atlántico, que con el infrascrito
  vino a esta ciudad en desempeño de funciones de
  su cargo, ha manifestado la resolución de
  regresar a Barranquilla hoy mismo llevándose
  parte de los individuos de tropa que podrían
  servir de garantía de la vida y libertad del
  infrascrito Magistrado, resolución que ha tomado
  en vista de los referidos acontecimientos y con
  el fin de evitar algún conflicto, cuya gravedad
  seria de gran trascendencia.

• SE RESUELVE
• Suspender el cumplimiento de la comisión
  que la Corte Suprema ha conferido al Tribunal del
  Magdalena en cuanto a la práctica de las
  diligencias que había necesidad de evacuar en
  esta ciudad, sin perjuicio de recibir hasta la
  hora del embarque las declaraciones que sobre el
  objeto de la comisión se puedan buenamente tomar,
  aunque no sean de los testigos mandados citar,
  por tratarse de un hecho, por su naturaleza
  público, como es la reunión de la Asamblea
  Electoral del Distrito Electoral de Padilla.
• De acuerdo con la segunda parte de esta
  resolución, tomó el señor Magistrado ocho
  declaraciones juradas, el mismo día (11 de abril)
  y en las cuales adelante se hará mención.
• Este grave acontecimiento tendiente a
  estorbar la averiguación de los hechos, como lo
  logró en gran parte, sin que aparezca el Prefecto
  de Riohacha cumpliera con el deber elemental de
  evitarlo o reprimirlo, tiene importante
  significación. Tal parece y así es lo
• probable, vista la encadenación de los
  hechos, que el motín de Riohacha fuera el
  principio de un plan preconcebido para estorbar
  las averiguaciones judiciales, plan continuado
  por la negativa de apoyo del Prefecto a la
  autoridad judicial y terminado por los
  acontecimientos que tuvieron lugar en el despacho
  de la Gobernación en Santa Marta.