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Seminario Internacional Candados y Derechos
Protección de programas sociales y construcción
de ciudadanía. Mesa Experiencia de la sociedad
civil en vigilancia y monitoreo de programas
sociales. Enrique Valencia Lomelí Alto Consejo
por la Transparencia de los Programas Sociales
Federales Investigador de la Universidad de
Guadalajara Profesor Invitado en el Iteso
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Especificidad Organizativa

• Fue un Consejo convocado y creado por el PNUD
  (en consulta con partidos políticos y autoridades
  gubernamentales) para el Proyecto de Protección
  de Programas Sociales en Contextos Electorales
  (PPPSF). No fue una iniciativa inicial de los
  consejeros, a partir de su propia experiencia o
  militancia ciudadana fue una creación ad hoc,
  asumida por el conjunto de consejeros,
  convocados en su calidad de académicos expertos
  en materia electoral y en políticas sociales o de
  activistas con experiencia en organizaciones
  ciudadanas promotoras de la democracia en México.

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Compromiso complejo y acotado

• A diferencia de las experiencias clásicas de los
  organismos ciudadanos emanados desde abajo, el
  Alto Consejo asumió un compromiso complejo y
  acotado en el que destacan las siguientes
  relaciones
• relación con el PNUD, organismo convocante, lo
  que supuso diálogo y respeto al mandato propuesto
  en el acuerdo este organismo internacional y las
  autoridades públicas, acuerdo que originó el
  PPPSF
• relación con las autoridades responsables de los
  programas sociales federales y, en acuerdo con
  ellas, creación de iniciativas de vigilancia
• relación con un órgano técnico, convocado y
  coordinado por el PNUD, lo que generó diálogo y
  supervisión de sus actividades de investigación y
  difusión
• relación con los activos y plurales medios de
  comunicación en un marco de polarización
  electoral (preeminencia de la nota fuerte
  políticamente, no necesariamente de la nota
  sustantiva)
• relación con un cuerpo plural, creado ad hoc, de
  colegas consejeros, lo que implicó la búsqueda
  (no fácil ni evidente) de una actuación coherente
  y sólida en el marco de un mandato específico.

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• El Alto Consejo debía contar con este conjunto
  de lógicas sociales articuladas en el PPPSF, en
  la búsqueda de una red de apoyo a la protección
  de los programas sociales. Podría caracterizarse
  el ejercicio del Alto Consejo en la intersección
  de la diplomacia y la consejería ciudadanas en
  defensa de los derechos sociales.

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Lecciones de las experiencias de
vigilanciaciudadana de los programas sociales.

• 1.1 El ejercicio del Alto Consejo permitió el
  análisis de los mecanismos de protección
  institucionalizados en ocho programas con
  presupuesto superior a 2,000 millones de pesos en
  2006. El análisis concluyó en un Informe público.
  Se pudo así reunir trabajo de cabildeo, de
  especialidad técnica y de vigilancia ciudadana.
  Aunque no cubrió la gama amplia de la política
  social y se limitó fundamentalmente a programas
  sociales de acción frente a la pobreza.

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• 1.2 A partir de las áreas programáticas
  vulnerables detectadas en esta investigación,
  el Alto Consejo emitió un conjunto de
  recomendaciones dirigidas a las autoridades
  responsables. Se trató de Exhortos y
  Recomendaciones, no de acciones de carácter
  vinculatorio. Las únicas presiones fueron las
  auto-asumidas por las autoridades (en especial
  Sedesol) y las por la fuerza político-moral del
  PNUD y en menor medida del Alto Consejo.

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• 1.3 La parte central de los Exhortos y
  Recomendaciones estaba dirigida, por una parte,
  a pugnar por garantizar el acceso a la
  información y la rendición de cuentas sobre los
  programas sociales en el contexto electoral, y
  por otra a fortalecer la perspectiva de los
  derechos sociales. Básicamente el Alto Consejo
  exhortaba a las autoridades a cumplir la Ley y
  sus propios ordenamientos programáticos en la
  teorización propuesta por Guillermo ODonnell
  en este mismo Seminario lo que el Alto Consejo
  exigía era el Derecho al Estado, a lo que llamó
  el Derecho a la Autenticidad de las Políticas
  Sociales. En ocasiones exigir esta
  autenticidad de las políticas públicas no
  tiene mucho raiting en los medios informativos.

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• 1.4 Qué tan eficaz fue este ejercicio de
  demanda de autenticidad de las políticas
  sociales en el marco de la polarización? Es muy
  difícil medir los resultados, como lo atestiguan
  los mismos informes del PPPSF. Las autoridades
  recibieron el Informe y los Exhortos-Recomendacio
  nes. No los rechazaron y en general manifestaron
  interés en atenderlos.
• Lo que podemos decir es que resultado de esta
  situación, de la presencia de los medios y de
  los contactos con organizaciones civiles, el
  tema de la protección de los programas sociales
  en un marco electoral se puso en la esfera
  pública, lo mismo que la necesidad de fortalecer
  la perspectiva de los derechos.

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• 1.5 El ejercicio del Alto Consejo detectó
  acciones federales (y algunas estatales)
  dirigidas a proteger los programas sociales en
  el contexto electoral sin embargo no se ha
  construido una política transversal, coherente,
  global de protección. Esto es relevante dados
  los resultados posteriores detectados sobre todo
  en materia de difusión y comunicación social
  gubernamental.

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• Se encontraron retrocesos significativos
  mientras algunos programas (en particular
  Oportunidades) generaban campañas masivas de
  información y de educación desde la perspectiva
  de los derechos, la publicidad gubernamental en
  el marco electoral (fundamentalmente
  presidencial) desarrolló campañas también masivas
  (y más poderosas que las de Oportunidades) sobre
  los programas sociales como acciones
  gubernamentales en una primera etapa sin respetar
  la normatividad de la propia Ley General de
  Desarrollo Social en su artículo 28 y en una
  segunda etapa, asumiéndolo sólo de manera
  parcial. Estudios recientes sobre este periodo
  (15 de enero a 15 de mayo de 2006) señalan la
  transmisión de 462,000 spots en radio y
  televisión.

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• 1.6 Las informaciones solicitadas a los
  organismos responsables de estos programas en
  general fueron entregadas al PPPSF. Una de las
  lecciones es que, con las alianzas adecuadas, es
  posible lograr una relación productiva con los
  funcionarios de los programas sociales en
  materia de información y seguimiento. Sin
  embargo, la información recibida fue
  fragmentada, heterogénea y desagregada, lo que no
  permitió una valoración del cumplimiento. La
  lección aprendida es que la vigilancia ciudadana
  de los programas sociales no es únicamente labor
  en periodos electorales, por definición
  delimitados (aunque no tan cortos en el caso de
  México) se requiere procesar información de
  manera sistemática y promover que las autoridades
  generen información homogénea y coherente.

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• 1.7 El Estado es un complejo heterogéneo de
  actores sociales, con diversas concepciones sobre
  la ciudadanía y en específico sobre los derechos
  sociales. Este postulado teórico se constató en
  lo que se refiere por ejemplo al compromiso y
  cultura de derechos en el marco de polarización
  electoral lo que coincide con resultados de
  investigaciones recientes, en las que se ha
  encontrado que el abanico de la diversidad
  cultural en este sentido es muy amplio desde una
  especia de concepción de taylorismo social,
  mientras otros van consolidando una cultura de
  ciudadanía integral.

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• Sin embargo, La lección aprendida es que pueden
  fortalecerse redes de acción en defensa de los
  derechos no sólo entre actores civiles (lo que
  sería un error desde mi punto de vista), sino
  redes amplias en las que interactúan organismos
  internacionales, grupos de expertos y consejeros,
  y funcionarios públicos. En la medida en que se
  amplíe esta red (empresarios, organizaciones
  políticas y sociales) y se logre constituir un
  fuerte bloque promotor de una ciudadanía
  integral, los resultados serán más relevantes.

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2. Recomendaciones a partir de las experiencias
de vigilancia ciudadana de los programas sociales.

• 2.1 La vigilancia ciudadana de los programas
  sociales, a favor de los derechos y de la
  ciudadanía integral no puede restringirse a los
  periodos electorales. Se requiere una vigilancia
  permanente que genere información coherente y
  sistemática, y que impulse junto con los
  organismos públicos especializados la
  transparencia y la rendición de cuentas.
• 2.2 Para que la protección de los programas
  sociales sea cada vez más efectiva se requieren
  cambios culturales notablemente entre los
  funcionarios públicos, dirigidos hacia un
  reforzamiento de la ciudadanía integral. Para
  ello son indispensables campañas de educación de
  funcionarios al respecto. Pero no sólo los
  cambios culturales también son necesarios entre
  empresarios, organizaciones civiles y medios de
  comunicación. Por ello, el reforzamiento en la
  esfera pública de estos debates son esenciales y
  por definición de largo aliento.

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• 2.3 Se requieren consolidar las redes amplias en
  defensa de la ciudadanía integral y, por ende, en
  defensa de la autenticidad de los programas
  sociales (en defensa del derecho al Estado).
  Centrar la vigilancia de los programas sociales
  únicamente en las organizaciones civiles o en
  iniciativas diplomático-ciudadanas sería un
  error. Se requieren alianzas amplias, como las
  que apuntan en este proyecto.
• 2.4 En el marco de estas redes amplias, si no se
  avanza en la protección de los programas y
  políticas sociales en el ámbito local-regional,
  los resultados serán muy limitados. Citemos por
  ejemplo la posible utilización política de las
  escuelas en periodos electorales. Es importante
  promover ejercicios de protección de políticas
  sociales en ámbitos locales/regionales, con la
  construcción de redes enfocadas espacialmente.

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Propuestas para una agenda pública de reformas a
partir de las experiencias de vigilancia
ciudadana de los programas sociales.

• 3.1 Es central reglamentar la propaganda
  gubernamental en materia de programas sociales,
  no sólo en periodos electorales pero también en
  ellos. En particular debe evitarse la asociación
  e identificación personal de los funcionarios
  gubernamentales con los programas sociales, debe
  regularse la cantidad de propaganda en periodos
  electorales y debe reforzarse la asociación de
  propaganda gubernamental con campañas a favor de
  los derechos.
• 3.2 Es necesario profundizar el debate público
  sobre la ciudadanía integral y en específico
  sobre la vigencia de los derechos sociales y
  culturales. En el marco de la Reforma del Estado
  este debate en la esfera pública es prioritario.
  Una reforma que no incluya reforzar la ciudadanía
  integral será una reforma incompleta.

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• 3.3 En este sentido, es necesario reformar las
  acciones de combate a la pobreza para incorporar
  la concepción del derecho a un nivel básico de
  bienestar para todo ciudadano. Mientras no se
  incorpore esta concepción de derecho en una forma
  plena, las acciones de defensa de los programas
  sociales estarán limitadas a la denuncia
  ciudadana y a las auto-candados incorporados en
  los programas sociales.
• 3.4 Paralelamente, es necesario avanzar en la
  universalización de algunos servicios básicos
  como educación, salud y atención a adultos
  mayores. La universalización efectiva puede
  también convertirse en un poderoso instrumento
  institucional para limitar la utilización
  política (ilegal o ilegítima) de las políticas
  sociales. Los casos de la salud y de las
  pensiones son particularmente sensibles en
  condiciones de pobreza.