LOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO

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LOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO
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Sujetos del Procedimiento

• Art. 50. Ley 27444. Para los efectos del
  cumplimiento de las disposiciones del Derecho
  Administrativo, se entiende por sujetos del
  procedimiento a
• 1. Administrados la persona natural o jurídica
  que, cualquiera sea su calificación o situación
  procedimiental, participa en el procedimiento
  administrativo. Cuando una entidad interviene en
  un procedimiento como administrado, se somete a
  las normas que lo disciplinan en igualdad de
  facultades y deberes que los demás administrados.
• 2. Autoridad administrativa el agente de las
  entidades que bajo cualquier régimen jurídico, y
  ejerciendo potestades públicas, conducen el
  inicio, la instrucción, la sustanciación, la
  resolución, la ejecución, o que de otro modo
  participan en la gestión de los procedimientos
  administrativos.

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Sujetos del Procedimiento

• En el procedimiento administrativo encontramos
  dos sujetos de derecho el Administrado y la
  Autoridad administrativa.
• El administrado es la persona natural o jurídica
  (privada o pública) que participa en un
  procedimiento administrativo y se somete a la
  decisión que en él se pueda tomar.
• El administrado es normalmente un ciudadano o
  una empresa privada, pero también puede serlo una
  persona jurídica de Derecho Público, cuando ésta
  interviene en un procedimiento en el rol de
  administrado y no en el rol de entidad
  administrativa. (Ej. cuando el Ministerio del
  Interior requiere un cambio de titularidad de
  inmueble confiscado a su favor, una licencia de
  demolición, una licencia de construcción, una
  numeración municipal, deberá solitarlos a l
  municipalidad respectiva).

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Los administrados

• Las autoridades administrativas son los
  dependientes de las entidades administrativas,
  que, en representación de ésta, conducen o
  participan en la gestión de los procedimientos
  administrativos.
• No interesa su régimen laboral (puede estar
  sujeto al régimen laboral público o privado),
  pero para ser considerado autoridad
  administrativa, debe ejercitar necesariamente
  funciones públicas. Ej. registrador público,
  director, jefe, certificador, fedatario,
  ministro, Etc. No practicantes.
• Art. 51. Ley 27444. Se consideran administrados
  respecto de algún procedimiento administrativo
  concreto
• 1. Quienes lo promuevan como titulares de
  derechos o intereses legítimos individuales o
  colectivos.
• 2. Aquellos que, sin haber iniciado el
  procedimiento, posean derechos o intereses
  legítimos que pueden resultar afectados por la
  decisión a adoptarse.

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Los administrados

• Se considera Administrado a aquella persona
  física o jurídica, pública o privada, que inicia
  un procedimiento administrativo, ejercitando un
  derecho o interés legítimos propios o los de un
  grupo determinado o indeterminado de personas.
  Ej. empresa que solicita una autorización al
  Ministerio de Energía y Minas para realizar
  exploración en una zona minera de la Sierra
  (interés propio) denuncia por incumplimiento de
  normas ambientales por una mina, en ejercicio de
  los derechos o intereses legítimos de una
  comunidad campesina (interés colectivo).
• De acuerdo a este artículo, también son
  administrados las personas naturales o jurídicas
  que, estando fuera del procedimiento, tienen
  derechos o intereses legítimos que pueden
  resultar afectados por la decisión final que se
  adopte en dicho procedimiento. Por esta razón, la
  autoridad administrativa deberá realizar las
  gestiones necesarias para incorporar a dichos
  terceros al procedimiento iniciado (Art.60).

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Los administrados

• Art. 55. Ley 27444. Son derechos de los
  administrados con respecto al procedimiento
  administrativo, las siguientes
• 1. La precendencia en la atención del servicio
  público requerido, guardando riguroso orden de
  ingreso.
• 2. Ser tratados con respeto y consideración por
  el personal de las entidades, en condiciones de
  igualdad con los demás administrados.
• Todos los admnistrados deben recibir un
  tratamiento procedimental equiparable en cuanto a
  oportunidades derechos y deberes, lo cual resulta
  aplicable en procedimientos donde concurren
  varios administrados (licitación, subastas,
  concesiones) y en procedimientos individuales
  (con relación a expedientes tramitados con
  anterioridad o en forma paralela).

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Los administrados

• Art. 55. Ley 27444. Son derechos de los
  administrados con respecto al procedimiento
  administrativo, las siguientes
• 3. Acceder, en cualquier momento, de manera
  directa y sin limitación alguna, a la información
  contenida en los expedientes de los
  procedimientos administrativos en que sean partes
  y a obtener copias de los documentos contenidos
  en el mismo sufragando el costo que suponga su
  pedido, salvo las excepciones expresamente
  previstas por ley.
• 4. Acceder a información gratuita que deben
  brindar las entidades del Estado sobre sus
  actividades orientadas a la colectividad,
  incluyendo sus fines, competencias, funciones,
  organigramas, ubicación, horarios, procedimientos
  y características.
• Ambos incisos buscan dotar al administrado de
  los medios necesarios para hacer efectivo su
  derecho de defensa en el procedimiento. El inciso
  4 supone el acceso a información general sobre la
  entidad, salvo aquellas referidas a la intimidad
  personal, la seguridad nacional, las relaciones
  exteriores y las reservadas expresamente por la
  ley.

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Los administrados

• Art. 55. Ley 27444. Son derechos de los
  administrados con respecto al procedimiento
  administrativo, las siguientes
• A ser informados en los procedimientos de oficio
  sobre su naturaleza, alcance y, de ser
  previsible, del plazo estimado de su duración,
  así como de sus derechos y obligaciones.
• Al cumplimiento de los plazos determinados para
  cada servicio o actuación y exigirlo así a las
  autoridades.
• Cuando se trata de procedimientos iniciados a
  solicitud de parte, basta que se dé al
  administrado información general sobre la entidad
  administratica y aquélla que el propio
  administrado juzgue importante.
• No obstante, ello no basta cuando se trata de
  procedimientos de oficio (procedimiento coactivo,
  procedimiento sancionador, Etc), que por lo
  general conllevan actos de gravamen para el
  administrado, pues, en estos casos, la normativa
  exige que se dé un plus de información al
  administrado, que es la indicada en el inciso 5
  de este artículo. Esta información debe
  suministrarse con la notificación del acto de
  inicio del procedimiento.

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Los administrados

• Art. 55. Ley 27444. Son derechos de los
  administrados con respecto al procedimiento
  administrativo, las siguientes
• 9. Conocer la identidad de las autoridades y
  personal al servicio de la entidad bajo cuya
  responsabilidad son tramitados los procedimientos
  de su interés.
• 12. A exigir la responsabilidad de las entidades
  y de personal a su servicio, cuando así
  corresponda legalmente.
• Los demás derechos reconocidos por la
  Constitución o las leyes.
• De acuerdo al inciso 9, las autoridades deberán
  identificarse permanentemente mientras realicen
  sus funciones (carnet) y firmen documentos, y aún
  atender personalmente a los administrados.
• La falta de observancia de los derechos de los
  administrados por parte de las autoridades
  administrativas, servirá de fundamento para
  interponer una queja administrativa, un recurso
  administrativo o la acción contencioso
  administrativa, según el caso.

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Los administrados

• Art. 56. Ley 27444. Los administrados respecto
  del procedimiento administrativo, así como
  quienes participen en él, tienen los siguientes
  deberes generales
• Abstenerse de formular pretensiones o
  articulaciones ilegales, de declarar hechos
  contrarios a la verdad o no confirmados como si
  fueran fehacientes, de solicitar actuaciones
  meramente dilatorias, o de cualquier otro modo
  afectar el principio de conducta procedimental.
• 4. Comprobar previamente a su presentación ante
  la entidad, la autenticidad de la documentación
  sucedánea y de cualquier otra información que se
  ampare en la presunción de veracidad.
• El incumplimiento de estos deberes tiene
  consecuencias diversas
• Puede acarrear responsabilidad penal por la
  declaración de hechos falsos o la presentación de
  documentos no auténticos.

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Los administrados

• Oposición de la Administración a las solicitudes
  dilatorias o ilegales.
• O aún la nulidad de los actos administrativos
  dictados en su mérito.
• Art. 58. Ley 27444. Comparecencia personal.
• 1. Las entidades pueden convocar la presencia
  personal a su sede de los administrados sólo
  cuando así le haya sido facultado expresamente
  por ley.
• Los administrados pueden comparecer asistidos por
  asesores cuando sea necesario para la mejor
  exposición de la verdad de los hechos.
• A solicitud verbal del administrado, la entidad
  entrega al final del acto, constancia de su
  comparecencia y copia del acta elaborada.

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Los administrados

• Se limita la posibilidad de que la
  Administración pueda citar a una persona a su
  sede, reservándola sólo para aquellos casos en
  los que la entidad administrativa cuenta con esta
  facultad otorgada por una ley expresa.
• El administrado puede asistir a una citación
  solo o acompañado de uno o más asesores, letrados
  o no letrados (arquitectos, ingenieros, Etc),
  para hacer efectivo su derecho de defensa.
• Art. 59. Ley 27444. Formalidades de la
  comparecencia.
• El citatorio se rige por el régimen común de la
  notificación, haciendo constar en ella lo
  siguiente
• El nombre y la dirección del órgano que cita,
  con identificación de la autoridad requirente.
• El objeto y asunto de la comparecencia.
• Los nombres y apellidos del citado.

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Los administrados

• El día y hora en que debe comparecer el citado,
  que no puede ser antes del tercer día de recibida
  la citación, y, en caso de ser previsible, la
  duración máxima que demande su presencia.
  Convencionalmente puede fijarse el día y hora de
  la comparecencia.
• La disposición legal que faculta al órgano a
  realizarla, y.
• El apercibimiento, en caso de inasistencia al
  requerimiento.
• La comparecencia debe ser realizada, en lo
  posible, de modo compatible con las obligaciones
  laborales o profesionales de los convocados.
• El citatorio que infringe alguno de los
  requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a
  su asistencia a los administrados.
• Con la finalidad de no atentar contra las
  obligaciones laborales o profesionales del
  administrado, se ha establecido que la fijación
  del día y la hora de la comparecencia pueda ser
  realizada convencionalmente entre la entidad y el
  administrado citado, así como que el acto mismo
  de la comparecencia deba ser compatible con
  dichas obligaciones laborales.

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Los administrados

• Si no se cumplen escrupulosamente los requisitos
  del citatorio, el administrado no se encontrará
  obligado a la asistencia y la Administración no
  podrá extraer ninguna consecuencia negativa en su
  contra por esta inasistencia.
• Art. 60. Ley 27444. Terceros administrados.
• Si durante la tramitación de un procedimiento es
  advertida la existencia de terceros determinados
  no comparecientes cuyos derechos o intereses
  legítimos pueden resultar afectados con la
  resolución que se emita, dicha tramitación y lo
  actuado les deben ser comunicados mediante
  citación al domicilio que resulte conocido, sin
  interrumpir el procedimiento.
• Respecto de terceros administrados no
  determinados, la citación es realizada mediante
  publicación o, cuando corresponda, mediante la
  realización del trámite de información pública o
  audiencia pública conforme a esta ley.
• Los terceros pueden apersonarse en cualquier
  estado del procedimiento, teniendo los mismos
  derechos y obligaciones de los participantes en
  él.

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Los administrados

• Este artículo es concordante con el artículo 51
  de la Ley, pues considera administrado a todo
  aquél que participe en un procedimiento
  administrativo y aquel tercero que, sin
  participar en él, tiene derechos o intereses
  legítimos que pueden resultar afectados por la
  resolución final del procedimiento.
• El artículo 60 establece que, si durante la
  tramitación de un procedimiento, se advierte la
  existencia de terceros con derechos o intereses
  legítimos que pueden resultar afectados por la
  resolución final, lo actuado en él debe serles
  comunicado mediante citación al domicilio
  (terceros determinados) o citación por
  publicación (terceros indeterminados). Ej.
  Procedimientos de propiedad intelectual,
  declaratoria de insolvencia, aviso de
  contrayentes matrimoniales, Etc.
• La citación no interrumpe el desarrollo del
  procedimiento y los terceros podrán apersonarse a
  él en cualquier estado del mismo. La citación se
  rige por las reglas de la notificación (Art.
  20.3).

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La autoridad administrativa

• Art. 61. Ley 27444. Fuente de competencia
  administrativa.
• La competencia de las entidades tiene su fuente
  en la Constitución y en la ley, y es reglamentada
  por las normas administrativas que de aquéllas se
  derivan.
• Toda entidad es competente para realizar las
  tareas materiales internas necesarias para el
  eficiente cumplimiento de su misión y objetivos,
  así como para la distribución de las atribuciones
  que se encuenten comprendidas dentro de su
  competencia.
• La norma establece una reserva legal para la
  creación de la competencia administrativa. La
  Constitución y la ley son las únicas fuentes
  jurídicas válidas para crear la competencia de
  una entidad administrativa. Las normas
  administrativas (reglamentos, ROF, MOF, Etc.) no
  pueden crear competencia, sino sólo reglamentar
  la que hubiere sido asignada por el legislador.
• Todas las entidades administrativas están
  facultadas para realizar las actividades
  operativas internas que sean necesarias para
  alcanzar sus

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La autoridad administrativa

• fines u objetivos, tales como actos de trámite
  preparatorios, ejecución de decisiones, traslado
  de documentos, comunicaciones, Etc. Así mismo,
  pueden distribuir las facultades que forman parte
  de su competencia entre sus órganos internos.
• Art. 63. Ley 27444. Carácter inalienable de la
  competencia.
• Es nulo todo acto administrativo o contrato que
  contemple la renuncia a la titularidad, o la
  abstención del ejercicio de las atribuciones
  conferidas a algún órgano administratvo.
• Sólo por ley o mediante mandato judicial
  expreso, en un caso en concreto, puede ser
  exigible a una autoridad no ejercer alguna
  atribución administrativa.
• La demora o la negligencia en el ejercicio de la
  competencia o su no ejercicio cuando ello
  corresponda, constituye falta disciplinaria
  imputable a la autoridad respectiva.

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La autoridad administrativa

• La Administración no puede renunciar a la
  competencia que le ha asignado la ley o la
  Constitución. Si lo hace, los actos
  administrativos que haya emitido o los contratos
  que haya firmado, podrán ser declarado nulos para
  todo efecto.
• Sólo hay dos excepciones
• 1. Una ley que expresamente le retire alguna
  atribución o facultad.
• 2. Un mandato judicial firme que, en un caso
  concreto, impida a la Administración ejercer sus
  atribuciones (Ej. Registrador Público que es
  obligado a inscribir un contrato por una orden
  judicial firme).
• La competencia es esencialmente un deber de la
  Administración por ello, no ejercitarla o
  ejercitarla tardía o negligentemente, constituye
  falta disciplinaria de la autoridad a la que
  hubiere sido asignada.

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La autoridad administrativa

• Art. 64. Ley 27444. Conflicto con la función
  jurisdiccional.
• Cuando, durante la tramitación de un
  procedimiento, la autoridad administrativa
  adquiere conocimiento que se está tramitando en
  sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre
  dos administrados sobre determinadas relaciones
  de derecho privado que precisen ser esclarecidas
  previamente al pronunciamiento administrativo,
  solicitará al órgano jurisdiccional comunicación
  sobre las actuaciones realizadas.
• Recibida la comunicación, y sólo si estima que
  existe estricta identidad de sujetos, hechos y
  fundamentos, la autoridad competente para la
  resolución del procedimiento podrá determinar su
  inhibición hasta que el órgano jurisdiccional
  resuelva el litigio.
• Cuando durante la tramitación de un
  procedimiento administrativo se suscite una
  cuestión litigiosa entre dos administrados, que
  precise ser esclarecida por el Poder Judicial
  previamente a la decisión admi-

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La autoridad administrativa

• nistrativa final del procedimiento, corresponde
  a la Administración inhibirse del conocimiento de
  dicho procedimiento, suspender éste y transferir
  el asunto al Poder Judicial para que declare el
  derecho definitorio del litigio. Resuelto el
  conflicto, la Administración reinicia el
  procedimiento y dicta la resolución final del
  mismo (Ej. Pensión de viudez reclamado por dos
  personas que se atribuyen haber sido la cónyuge
  verdadera de un extinto funcionario).
• Requisitos para la inhibición
• 1. Una cuestión contenciosa surgida entre dos
  administrados dentro de un procedimiento
  administrativo.
• 2. Que la cuestión contenciosa verse sobre
  relaciones de derecho privado.
• 3. Necesidad de obtener el pronunciamiento
  judicial previo para poder resolver el asunto
  planteado ante la administración.
• 4. Identidad de sujetos, hechos y fundamentos.

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La autoridad administrativa

• Art. 65. Ley 27444. Ejercicio de la competencia.
• El ejercicio de la competencia es una obligación
  directa del órgano administrativo que la tenga
  atribuida como propia, salvo el cambio de
  competencia por motivos de delegación o
  avocación, según lo previsto en esta Ley.
• No puede ser cambiada, alterada o modificada la
  competencia de las entidades consagradas en la
  Constitución.
• La competencia de un órgano administrativo es la
  esfera de atribuciones encomendadas por la ley, y
  por ende, contiene el conjunto de funciones y
  facultades que pueden ser ejercidas por dicho
  órgano.
• De acuerdo a este artículo, el manejo de dichas
  atribuciones legales no es discresional, sino
  obligatorio para el órgano, el funcionario o el
  servidor público que las tenga atribuídas como
  propias.

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La autoridad administrativa

• Es por ello que la Administración no puede dejar
  de resolver una solicitud presentada, no puede
  abstenerse o inhibirse de resolver una solicitud
  sino en los casos determinados por la ley, no
  puede enviar un expediente al archivo sin haberlo
  resuelto previamente, no puede cambiar la
  competencia de sus órganos salvo en los casos
  previstos por la ley (delegación o avocación).
• La delegación es una técnica de transferencia de
  competencias autorizada por la ley, en virtud de
  la cual una entidad se desprende temporalmente de
  algunas de sus atribuciones (no esenciales) y la
  transfiere a otra entidad, en razón a
  circunstancias de orden técnico, económico,
  social o territorial que lo hagan conveniente
  (Art.67).
• Por la avocación, el órgano superior asume la
  competencia para decidir un asunto que
  corresponde al inferior. Así mismo, la entidad
  delegante asume competencia para decidir un
  asunto que fue objeto de delegación.